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Suman casi 100 los muertos por excesiva fuerza policial durante el Gobierno de García

Publicado: 2010-04-09

Por ausencia de diálogo. Otra vez, una iniciativa del Estado que no fue dialogada con la población afectada es motivo de protestas, enfrentamientos y muerte en nuestro país. La huelga de las organizaciones de mineros artesanales dejó esta semana un triste resultado: seis muertos en enfrentamientos con la Policía que trató de desalojar violentamente la Carretera Panamericana, cortada por los manifestantes. En total, se habla ya de 99 personas fallecidas en el marco de acciones policiales irregulares durante el segundo gobierno de Alan García, siendo más de la mitad de esa cifra producto de la represión a protestas sociales. Por ello, la oposición ha presentado un pedido de vacancia presidencial por "incapacidad moral" y organizaciones sociales y partidarias anuncian para la próxima semana una marcha "en defensa de la vida".

El caso de la reciente protesta de los mineros informales es especialmente lamentable por cuanto mancha con sangre una medida necesaria que organizaciones ambientalistas vienen reclamando desde hace años: el control de esta actividad en la selva de Madre de Dios. La molestia y preocupación de los mineros se inició el 2008, cuando el Gobierno -aprovechando las facultades para legislar en torno al TLC con EEUU- dictó el decreto 1040 que modifica la Ley de Formalización de la Minería Pequeña y Artesanal". Según la interpretación de la Federación Nacional de Mineros Informales del Perú (FENAMARPE), dicho decreto era contrario a sus intereses y fue dado pasando por alto el proceso de diálogo que estaba en curso. Recordemos que los decretazos dados al amparo del TLC han causado protestas en casi todos los sectores.

Luego de emitido el DL 1040 se inició una larga confrontación verbal entre el ministro del ambiente Antonio Brack y la FENAMARPE, especialmente su base de Madre de Dios (FEDEMIN). Finalmente, el 18 de febrero de este año se dictó el Decreto de Urgencia 012-2010 válido sólo para Madre de Dios y que, entre otras cosas, prohíbe las dragas que afectan severamente los ríos de la amazonia, establece zonas de exclusión minera para conservar el medio ambiente y declara una moratoria de nuevas peticiones mineras. Pero en el marco de la ausencia de diálogo y de reiterados insultos y agresiones verbales por parte del ministro Brack y de las autoridades, esta medida fue interpretada por la federación nacional como un ataque contra la minería artesanal. Por ello, la huelga de esta semana fue acatada en todas las zonas donde existe pequeña minería, y en Arequipa, en el distrito de Chala, 8 mil personas cortaron la Panamericana. El domingo 4, la Policía intentó desalojarlo matando a cinco manifestantes; durante la gresca también falleció una viajera que se encontraba varada por el bloqueo. Así, transeúntes y trabajadores pagan con su vida por la imposición no dialogada de un decreto que afecta un negocio poderoso en el que se mueve mucho dinero.

En efecto, la minería del oro en Madre de Dios no es un negocio pequeño. Las dragas y la maquinaria pesada son insumos muy caros, adquiridos por los "informales" a través de grandes proveedores formales. Esta es una actividad altamente contaminante, y se ha comprobado que el agua y los peces de los ríos de la zona tienen elevados niveles de mercurio. Además, la deforestación producida por esta minería informal pero de gran escala es incalculable. Otro tema realmente grave es la trata de niños para trabajar en la minería y de niñas para ser explotadas sexualmente. Este es el panorama real que desde hace años ambientalistas y ONG vienen denunciando y que -por fin- el Estado ha tratado de enfrentar. Pero al mismo tiempo hay miles de mineros realmente artesanales que se han visto preocupados por los decretos en cuestión, pues no ha existido diálogo ni niveles suficientes de información.

Finalmente, luego de las muertes, hubo diálogo y se llegó a un acuerdo que dispone la revisión del DU 012 y la formalización de la minería en Madre de Dios. Exactamente como en muchos otros casos: el Gobierno espera a que se produzcan enfrentamientos violentos para recién sentarse a dialogar. La actitud de imponer las cosas por la fuerza y criminalizar la protesta social ya ha causado casi un centenar de muertes. Como se puede leer en este resumen de Jim Palomares, 93 personas habían muerto hasta febrero en el marco del uso excesivo o irregular de la fuerza por parte de la Policía. Al menos 34 son presuntos delincuentes de la ciudad de Trujillo asesinados extrajudicialmente en acciones que la Policía asegura fueron en "defensa propia" pero que investigaciones periodísticas atribuyen a un "escuadrón de la muerte". El resto son manifestantes y transeúntes asesinados durante protestas sociales, así como agentes de la Policía muertos en estos choques. Según el Partido Nacionalista, esta política de violencia y criminalización contra las protestas sociales ha dejado además unos 600 heridos y unos 1'300 líderes gremiales enjuiciados. En vez de dialogar, el Gobierno tiende a exacerbar los ánimos y producir un inútil enfrentamiento entre peruanos.

¿Más info?

Defensoría: ya van 12 muertos en coflictos sociales sólo este año

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