Lima, Perú (Spacio Libre con información de Alerta Perú).- Más de 250 mil dólares en los últimos cuatro meses ha gastado el grupo Renco (Casa Matriz de Doe Run en Perú), para que sus firmas empresariales en Washington, presionen a los legisladores estadounidenses a que intercedan ante el presidente Barack Obama para que intervenga en el litigio que tiene la empresa con el Estado Peruano y que generó la paralización de sus actividades en La Oroya a la espera de que cumpla con sus obligaciones financieras y compromisos medioambientales.

Según un informe publicado por la cadena informativa ABC News y citado por la web Alerta Perú , se revela que la organización Sunlight Foundation''s Reporting Group, realizó la pesquiza, encontrando que al menos dos congresistas escribieron a funcionarios del gobierno norteamericano para que intervengan en el tema.

La investigación informa que el representante demócrata Donald Payne (integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores), remitió una carta al secretario del Tesoro, Tim Geithner, y a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, expresando su preocupación por lo que considera el "trato desigual" que Renco ha recibido del gobierno peruano, a pesar de los pasos que la compañía ha hecho para limpiar un sitio que sólo ha funcionado desde 1997 (sic).

La carta fue enviada ocho días después que su ex jefe de personal, Kerry McKenney, se convirtió en un lobbista oficial de Renco, a través de la firma Monument Strategies.

"Entendemos que para el 2009 (Doe Run Perú) ha invertido 315 millones de dólares en el cumplimiento de los términos del acuerdo, y durante ese mismo período de tiempo, y hasta este fecha, el Gobierno del Perú no ha hecho nada para cumplir con sus obligaciones", escribió Payne en su misiva, fechada el 8 de febrero.

De otro lado, Spencer Bachus, representante republicano de Alabama, quien además preside el Comité de Servicios Financieros, envió una carta a Geithner del 25 de enero citando las reclamaciones de "trato inadecuado" a Renco a manos del gobierno peruano. La carta dice que la compañía afirma que había gastado 315 millones dólares en limpieza ambiental mientras que el gobierno peruano no gastó nada.

"Mientras que mi oficina no tiene los recursos para investigar estas denuncias" -escribió Bachus- "Doe Run Peru plantea cuestiones serias, sobre todo desde los EEUU y el Perú son partes en un acuerdo de promoción comercial".

Bachus se refiere a afirmaciones similares vertidas por Renco en sus últimos comunicados de prensa donde dice que la denuncia a Doe Run "se debe a la insuficiencia del gobierno de Perú para honrar sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional (...) esto incluye la negativa del gobierno de Perú para limpiar el suelo y los alrededores de La Oroya, a lo cual se comprometió legalmente".

En respuesta a la carta del Payne, la subsecretaria del Tesoro, Marisa Lago, aseguró al congresista el 15 de febrero que "nuestra embajada ha estado en contacto con el Gobierno del Perú con respecto a este caso, haciendo hincapié en que esperamos que ambas partes hagan un esfuerzo de buena fe para resolver los asuntos financieros y ambientales pendientes". Lago también tuvo una respuesta similar a la carta de Bachus.

Un portavoz de Bachus confirmó que la oficina del congresista había sido contactado por "representantes de Renco" y dijo que éste sólo pidió a Geithner dar a la compañía "la debida consideración." En tanto, un vocero de Payne no respondió al pedido de ABC News para que comente sobre el tema.

Cabe agregar que Andrew Shea, portavoz del Grupo Renco, dijo que la compañía se vio obligada a recurrir a representantes de gobierno en Washington después de que los funcionarios del Perú se negaran a reunirse con los delegados de Doe Run Peru.

"Renco no tiene más remedio que explorar todos los canales de comunicación disponibles para iluminar (sic) a las autoridades peruanas en sus obligaciones contractuales a Doe Run Perú y el pueblo de La Oroya. Además, como las acciones de Perú hacia la Doe Run violan el Tratado de Libre Comercio entre dicho país con los Estados Unidos, es esencial que el gobierno norteamericano esté consciente de esta situación y participe en los debates pertinentes con las autoridades peruanas sobre la materia ", subrayó Shea en un comunicado.