Perú rechaza declaración de no violencia contra lesbianas, gays y bisexuales

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que no formará parte de Declaración Conjunta para poner alto a los actos de violencia y a las violaciones de derechos humanos contra las personas por su orientación sexual e identidad de género que diversos países presentarán el 21 de marzo  ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

Los funcionarios del ministerio explicaron que si bien el Perú está en contra de todo tipo de violencia y de violaciones de derechos humanos, no podían adherirse a esta declaración porque podría contravenir en el futuro con instituciones jurídicas como el matrimonio y la adopción.

El anuncio fue dado a conocer a representantes de la Asociación Internacional de Lesbianas, Trans, Gays, Bisexuales e Intersexuales para América Latina y el Caribe; el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Promsex; LTGB Legal; y la Red Peruana de Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en una reunión que sostuvieron con representantes de dicho ministerio.

“Esta postura es lamentable y con ella el Estado nos demuestra que es incapaz de expresar su rechazo, ante la comunidad internacional, contra la violencia y el abuso homo-lesbo-transfóbicos”, sostuvo Beatriz Ramírez Huaroto, abogada del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Promsex.

“No solo deja de trabajar en la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos y en la de las ordenanzas contra la discriminación hacia personas TLGB, y encarpetan proyectos de ley a favor nuestro, sino que además se niegan a firmar un documento declarativo, lo mínimo que un Estado debería hacer”, señaló por su parte Manolo Forno, representante de la Red Peruana TLGB.

Cabe precisar que el Consejo de Derechos Humanos es “responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo y de una manera justa y equitativa”, según lo señala la Resolución 60/251, Op. 2, de la Asamblea General de la ONU

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