En septiembre del 2006, la pugna entre dos facciones que se disputaban el control de la municipalidad de Chiclayo terminó con el incendio del hermoso Palacio Municipal de esa ciudad.   Para los medios de comunicación limeños, sin embargo, era claro que la acción de unos vándalos no podía llevar a calificar a los chiclayanos como un pueblo violento.  Tampoco han planteado generalizaciones ofensivas cuando se han producido disturbios similares en Piura o Cajamarca, que han terminado con la destrucción de una comisaría u otros establecimientos públicos.    

En cambio, cuando estos incidentes ocurren en Puno, como el pasado jueves 26, se presenta a toda la región como violenta y primitiva, empleándose referencias étnicas y recalcándose estereotipos negativos muy extendidos hacia sus habitantes.

Efectivamente, los  puneños que migran a otros departamentos como Tacna o Arequipa sufren mucha discriminación.  Aún en lugares Apurímac o Cusco, muchas personas suelen lanzar comentarios ofensivos. 

 -Ustedes saben que los puneños nunca se bañan  –escuché el jueves en la mañana que decía un locutor cusqueño al transmitir las noticias.

 De igual manera, en Arequipa y Abancay hay grupos que elaboran páginas de internet abiertamente antipuneñas. 

 En mi opinión, todo este maltrato se debe a los puneños son percibidos por los demás peruanos como “más indígenas”, lo que, en el fondo quiere decir “más discriminables”.   Por eso, cuando alcanzan éxito económico o ejercen algún cargo político o académico, despiertan muchas veces envidia y rechazo. 

 Paradójicamente, las entidades estatales y privadas que promueven el turismo externo, venden a Puno como un destino exótico, enfatizando los rasgos físicos de sus habitantes y las vestimentas de las mujeres, las mismas características que después se emplean para discriminar.

 Ahora bien, debemos aclarar que una situación particular de Puno es que, desde el siglo XIX, se han producido allí sucesivas rebeliones indígenas, muchas de ellas reprimidas sangrientamente.  Estos hechos generaron una importante conciencia colectiva, más allá de las diferencias entre quienes hablan quechua o aymara.   En los años ochenta, las organizaciones campesinas lograron la propiedad sobre las tierras de las antiguas haciendas, al mismo tiempo que impedían el ingreso de Sendero Luminoso y también los abusos de las Fuerzas Armadas.  La Iglesia Católica y los partidos de izquierda que entonces existían respaldaron activamente a las organizaciones sociales.

 En la actualidad, una impresionante movilidad social ha generado en Juliaca y Puno una clase empresarial y un sector intelectual con identidad indígena que no existen en otros lugares.

 Sin embargo, todavía un puneño vive, en promedio, veinte años menos que un limeño y muchas personas subsisten en extrema pobreza.  En ese contexto, las concesiones mineras que el gobierno estaba otorgando sin ninguna consulta con la población han sido percibidas desde hace varios como una directa agresión.    Cuando este mes, los campesinos empezaron a protestar, el gobierno y los medios de comunicación limeños prefirieron ignorarlos   Yo recordé lo que en el año 2004 me decía una religiosa que vivía en Ilave: “No sabes lo duro que es ver los noticieros limeños, que no dicen una palabra sobre las protestas de la gente”.

 Y así, como ocurrió en Bagua, Moquegua, Islay y tantos lugares más, se fue incubando la frustración de la población hasta un violento estallido como el del jueves pasado, totalmente previsible y evitable.  

 En este caso, además, los medios afines al fujimorismo han empleado los disturbios para sugerir que Ollanta Humala estaría detrás de las protestas, sin prueba alguna.  Así soslayan que las protestas muestran que el modelo económico tiene serias deficiencias y que su aplicación a rajatabla origina estos conflictos.  Por eso también es preferible estigmatizar a los puneños como primitivos y violentos: creer esto nos libera de cualquier cuestionamiento a nuestra ubicación en una sociedad excluyente.  De hecho, como cada invierno, la gente sensible puede enviarles chompas y frazadas, sin necesidad de cambios estructurales efectivos. 

 Lejos de la vocación por el caos que se les atribuye, los puneños quisieran un Estado que construya vías de comunicación, centros de salud y escuelas de calidad.  Desearían un Estado cercano, que funcione y que les reconozca como ciudadanos. 

Si hace un año, el gobierno hubiera aceptado la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas que había aprobado el Congreso, quizás ahora habría un procedimiento que permitiría a los campesinos puneños expresarse respecto a las concesiones mineras.  Sin embargo, el gobierno observó la norma y actualmente, la población vive una situación de incertidumbre. 

Al iniciar su mandato, Alan García sabía que la abrumadora mayoría de puneños no había votado por él y tuvo la posibilidad de acercarse hacia ellos, pensando en sus necesidades.   Sin embargo, prefirió tratarlos con desdén y menosprecio.  Cinco años después, más de un millón de puneños esperan que quien suceda a García, los trate como peruanos con derechos.   ¿Es mucho pedir?