La fórmula Piñera para disolver estrategica empresa estatal de cobre de Chile
Derogar la Ley Reservada del Cobre: La fórmula para privatizar Codelco
Hay voces que celebran que el Gobierno haya anunciado la derogación de la Ley Reservada del Cobre que obliga a Codelco a entregar el 10% de lo que recibe por las ventas a las Fuerzas Armadas. Otros, plantean que es un ardid para poder privatizar la empresa estatal.
Al cumplirse un poco más de un año del ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y cumpliendo con la mayoría de los retos “recomendados” por el organismo internacional, el gobierno de Sebastián Piñera ya comenzó a poner en práctica uno de los que más resaltó la organización.
La OCDE señaló que el mecanismo para solventar a las Fuerzas Armadas por medio de un tributo a las ventas de la principal fuente de exportación: el cobre, era uno de los principales defectos que encontró en nuestra administración financiera y lo calificó de “altamente inapropiado”.
Ante la observación, ya en el 2009, el gobierno de Michelle Bachelet habría abierto el camino ingresando un proyecto que modificaba el sistema de financiamiento de la Defensa Nacional. Pese a que éste no prosperó en el Parlamento, distinta suerte está corriendo la moción presentada por Piñera, que busca derogar la actual Ley Reservada del Cobre y establecer una nueva estrategia de financiamiento por medio de su incorporación al presupuesto anual de la administración pública en un plan de 12 años y que se revisará cada cuatro.
De acuerdo a los dichos del mandatario, “se busca que el gasto en Defensa esté ligado y sea coherente con la política de Defensa Nacional, con las necesidades y compromisos que Chile adquiere en esa materia”.
Según datos entregados por Codelco, el año 2008 se entregó a Defensa USD$ 960 millones, mientras que el 2009, el monto alcanzó los USD$ 1.160 millones.
Ante este escenario y debido a las altos valores alcanzados por el metal rojo en los últimos años, el proyecto contempla un presupuesto base para el gasto en defensa y a la vez, generar un Fondo de Contingencia de la Defensa, que dependiendo de los hechos y circunstancias que Chile enfrente en esta materia, podría recibir una complementación a dichos dineros.
Y como primera medida, Piñera ya traspasó la administración de los fondos al Ministerio de Hacienda, que estaban en manos del Consejo Superior de la Defensa Nacional (dependencia del Ministerio de Defensa).
TRANSPARENTAR EL GASTO V/S PRIVATIZAR CODELCO
Pese a que la Contraloría General de la República analiza administrativamente los gastos de las Fuerzas Armadas, ésta no puede pronunciarse sobre la materia, ni mucho menos hacerlos públicos, dado el carácter de reservado de esta ley (ver recuadro sobre la historia de la Ley del Cobre). Los detalles de compras, ventas, inversiones y subsidios quedan en el más absoluto secreto.
Es aquí donde comienzan a radicar las controversias, ya que por ser las instituciones encargadas de velar por la seguridad nacional (la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea), siempre han argumentado que deben contar con los recursos suficientes para proteger a la nación. Pero lo que causa mayor polémica es la cantidad efectiva que se destina al gasto militar, cuyo margen depende del precio que alcance anualmente el cobre, que en últimos años ha llegado a récords históricos.
Mucha agua ha corrido bajo el puente desde que el pasado 10 de enero de 2011 el ex ministro de Defensa, Jaime Ravinet se enfrentara en un debate de antología al Consejo para la Transparencia por compras realizadas con fondos reservados del cobre.
En la ocasión, la entidad emitió un fallo que obligaba a revelar los criterios de la adquisición de un puente mecano en la Región del Bío Bío. Ravinet solicitó que la Contraloría reconsiderara la solicitud bajo el argumento de “respetar” el derecho a mantener la reserva del gasto, y llegó a decir que “en el futuro, las Fuerzas Armadas estarán ‘renuentes’ a ayudar en una nueva emergencia, si se las obliga a entregar información de sus adquisiciones”.
Dados los dichos de Jaime Ravinet, sumado a su posterior expresión sobre que “el puente vale callampa”, le costó ser el primer ministro de Piñera a quien se le pidió la renuncia, pero dejó el tema del gasto reservado puesto en la discusión mediática.
Según el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, en declaraciones consignadas en una columna que escribió en un medio de circulación nacional durante la polémica entre el ex ministro y el Consejo para la Transparencia, sostuvo que “la imagen y transparencia de las Fuerzas Armadas deben ser protegidas -manteniendo el secreto-, ya que han sido presentadas como depredando a Codelco, gozando de regímenes excepcionales o gastando sin control”.
Para Manuel Quijada, experto en defensa de la Universidad de Los Lagos, ésta es precisamente la opinión generalizada que existe frente a esta normativa. “Desde sus inicios esta ley ha generado resquemores, dada la obsesión de las Fuerzas Armadas en tener un gran potencial bélico y por actuar bajo el más absoluto secreto”.
En este sentido, Quijada valora la iniciativa del Gobierno de transparentar los gastos en materia de armamento y de hacerlos más participativos al incluir al Congreso en su análisis, sin embargo, prefiere mantener cautela ante los pasos que darán las autoridades en lo que respecta al futuro de Codelco y del nuevo destino de los dineros que dejarán de enviarse a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el diputado demócrata cristiano (DC) Juan Carlos Latorre llamó al Ejecutivo a clarificar “la verdadera intención” de eliminar el aporte del 10% de la Ley Reservada del Cobre, dado que el congresista espera que esto no se traduzca en la venta de activos de Codelco.
“Todo lo relacionado con el presupuesto de las Fuerzas Armadas debe ser materia de ley y por ende, este proyecto debe ser estudiado con detenimiento en el Congreso, porque es necesario resguardar el futuro de Codelco como una empresa del Estado”, aseveró el parlamentario.
En tanto, el presidente del Comité de Defensa del Cobre, Julián Alcayaga valoró la intención de que el presupuesto sea sometido al Congreso y se definan prioridades, sin embargo, destacó que debe mantenerse el 10 por ciento de las ventas de Codelco -destinado a otros rubros requeridos por el Estado- porque si no la empresa estatal se desplomaría y también se abrirían las puertas para su privatización.
De acuerdo a lo expresado en un medio escrito, Alcayaga argumentó que “esta ley fue lo que permitió que durante el Gobierno Militar no se tocara a Codelco porque, naturalmente, después del golpe de Estado, las transnacionales querían reprivatizar las empresas nacionalizadas”.
Por su parte, Manuel Quijada asegura que los intereses de privados tras Codelco están hace mucho tiempo “acechando”, pero según sus dichos “es de esperar que con la derogación de la ley reservada del cobre no se esté haciendo un flaco favor a la venta de los activos de la principal empresa estatal de nuestro país”.
El proyecto aún está en revisión en el Ministerio de Hacienda. Se espera que su ingreso al Parlamento sea durante el primer trimestre de 2011, de modo que, de resultar aprobado, sea incluido en el presupuesto para el año siguiente.
DETALLES DEL NUEVO FONDE DE CONTINGENCIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
- Estará constituido por los recursos existentes a la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley, incluidos los depósitos de las cuentas manejadas por cada rama de las Fuerzas Armadas y del Consejo Superior de la Defensa Nacional, por las utilidades que éstos obtengan a lo largo de cada año y por el aporte de leyes especiales (decretadas en estados de emergencia).
- La administración del fondo estará en manos de la Tesorería General de la República y se regirá por el artículo 12 de la Ley 20.128 que especifica las facultades del Ministro de Hacienda para encargar la administración de los recursos en cuentas en instituciones financieras nacionales o extranjeras, tal como ocurre con el Fondo de Estabilización Económica y Social.
- Se mantendrán en reserva las inversiones que realicen las Fuerzas Armadas, debido al carácter de secreto de Estado.
- Su fiscalización corresponderá a la Contraloría General de la República en carácter reservado entre el Ejecutivo y las presidencias de las comisiones de Defensa del Senado y la Cámara de Diputados.
COMPRAS Y GASTOS POLÉMICOS
- Sometido a proceso, pero en libertad bajo fianza se mantiene actualmente el ex comandante de la Fuerza Aérea, Ramón Vega, quien fue acusado en el año 2008 de recibir millonarias comisiones ilegales por la compra de aviones Mirage a Bélgica. La investigación aún está en curso.
- Luego de una investigación que duró sólo ocho días, en el año 2009 el Ejército resolvió sancionar al teniente coronel Carlos Díaz Kastowsky, quien denunció ante el comandante en jefe general Óscar Izurieta, anomalías en un proceso de compra de helicópteros Cougar en el período 2005-2006. Al oficial se le aplicaron cuatro días de arresto y dos puntos menos en el ítem “criterio y discreción”. Pese al cumplimiento del castigo y la posterior dada de baja del militar, el episodio no logró ser aclarado.
- En agosto del 2009, el ministro Manuel Antonio Valderrama dictó procesamientos contra el general (r) Luis Iracabal Lobo –ex director de Famae- y Gustavo Latorre, ingeniero y brigadier (r) de esta institución, por malversación de caudales públicos en el marco de la compra de 202 tanques Leopard I que Chile realizó a Holanda en 1998. De acuerdo a la investigación, cada uno habría recibido 298.150 dólares de comisiones por la compra del armamento.
- El Jefe Mayor del Estado Conjunto, general Cristián Le Dantec, renunció a su cargo en febrero pasado, tras los duros cuestionamientos debido a los planes del Ejército de adquirir una casa para su residencia por un costo superior al millón de dólares, cuestión que Contraloría objetó duramente.
HISTORIA DE LA POLÉMICA LEY
Creada el último año de gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1958), y ante el inestable escenario post Segunda Guerra Mundial, la norma estipulaba un gravamen del 15% de las utilidades del cobre para el financiamiento de las Fuerzas Armadas, asegurando la entrega automática de fondos para la compra de armamento sin la consulta al Congreso Nacional.
En 1971, el Presidente Eduardo Frei Montalva rebajó el tributo en un 3% como parte del plan de Chilenización del Cobre y de la creación de Codelco, manteniendo un mínimo garantizado de US$ 8 millones. Sin embargo a fines del año 1973, mediante Decreto Supremo de la Junta Militar, el piso aumentó a 80 millones de dólares y más tarde en 1976, se estableció el porcentaje final de un 10% de las ventas totales del metal rojo.
Ya en el año 1987 vuelve a ser modificada la ley para establecer que el mínimo garantizado será de 180 millones de dólares, cifra que si no es cubierta por las ventas del cobre, el Fisco debe asumir la diferencia.
En manos del Ministerio de Hacienda, los fondos son depositados en dólares en una cuenta del Banco Central en el extranjero, siendo repartidos en partes iguales entre el Ejército, Armada y Fuerza Aérea; que de acuerdo a sus necesidades, hacen uso de los dineros en libre disposición.
Hasta el momento estos gastos no se rigen por las normas sobre manejo de recursos fiscales, sino por normas de excepción que permiten acceder a los fondos y sin la obligación de rendir cuenta.
Por Claudia Pedreros Saá
El Ciudadano
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