Ante el Decreto Supremo 051-2011-PCM, el gobierno saliente de Alan García pretende cerrar el tema de las reparaciones económicas a las víctimas de la violencia política en el Perú sin mayor consulta. La actitud del gobierno, que ha tenido cinco años para resolver el tema de las reparaciones pero no lo hizo hasta ahora, a pocos días de su salida, ha generado el rechazo de las vícimtas y grupos de familiares, así como de los organismos de derechos humanos. No sólo por el paupérrimo monto propuesto como indemnización a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos —como la desaparción forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura, o la violencia sexual— sino principalmente porque niega lo prinicpal: reconocer la dignidad y los derechos de las víctimas, a su vez que niega acompañar el acto de indemnización con un pedido de perdón oficial. Eso llama la atención puesto que ayer un periodico local notó que el Presidente García había tomado la molestía de pedir perdón a la comunidad japonesa por las violaciones a los derechos humanos que cometió el gobierno de Manuel Prado en contra de los migrantes nipones y sus descendientes durante la segunda guerra mundial.

Publico aquí un pronunciamiento de Gisela Ortiz, vocera de los familiares del caso La Cantuta, a cerca de dicho decreto y el atropello que significa a los derechos y la dignidad de los familiares.

Así No Señor Presidente

Por Gisela Ortiz Perea

El día de hoy con la publicación del Decreto Supremo 051-2011-PCM, el señor Alan García, ha vuelto a atropellar la memoria, el dolor inagotable, la persistente lucha, la terca defensa de nuestros derechos de cada una de las miles de víctimas que nuestra historia de violencia política nos dejó.

A través de este decreto se establece el monto de la reparación económica para pagar de manera individual a cada una de las familias afectadas por la violencia y las especificidades para ejecutar este decreto en los últimos días de este gobierno.

Desde hace más de 30 años, el Estado Peruano, y cada uno de los gobiernos que nos han representado, se han negado reiteradamente en reconocer el grave daño causado de manera individual, familiar y social a cada una de las víctimas. Y como le cuesta reconocer que aquí se hizo daño; no es capaz, hasta el momento, de pedir perdón.

Ahí radica el problema de la reparación económica individual impuesta por este gobierno, sin escuchar las propuestas de los familiares. No es un problema de “montos”, de “cantidades”; es un problema de reconocimiento. Como no son conscientes, porque no les alcanza la consciencia para ello, de habernos causado daño, como Estado, por acción u omisión; no pueden dimensionar la obligación que tienen de reparar y ponen cifras antojadizas, como para cumplir; cifras que no tienen ningún sustento técnico, psicológico, moral. No entienden que ese monto ni siquiera le devuelve al familiar sus largos años de vida hipotecada a la lucha por justicia, sin tener un Estado como aliado más bien como enemigo, de dinero gastado en pasajes para movilizarse, gestiones útiles e inútiles realizadas, copias, vigilias y largos etcéteras llenos de historias de vida, de convivir con las secuelas del horror, de sobrevivir con la incertidumbre de “no saber”.

La reparación económica es un derecho y tiene varios componentes reconocidos en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el lucro cesante, proyecto de vida, daño material que cuantifican cada una de las formas como nos afecta la muerte, la desaparición o violación de un derecho.

Hay que ser bastante mezquino y haber perdido la poca humanidad que les queda para insultar de la manera como lo han hecho, la lucha de los familiares.

No se trata de migajas señor García, se trata de DERECHOS. Recuerde Usted cuánto dinero recibieron los trabajadores “dizque” cesados de ESSALUD, recuerde Usted cuánto negociaron en los casos de corrupción de su gobierno, recuerde Usted cuánto nos cuesta al país cada una de sus “ideas”. Sólo recuerde Usted.

Los familiares y víctimas no somos ciudadanos de segunda categoría como a Usted le gusta calificarnos; somos ciudadanos de este país y como tales hemos sabido ejercer esta condición no sólo para reclamar, denunciar, movilizarnos sino para hacer respetar nuestros derechos, principalmente nuestro derecho a la justicia.

No habrá paz para ninguno de nosotros mientras no sepamos dónde están nuestros seres queridos, mientras el Estado no nos de respuestas a este clamor de entierro digno para ellos; no tendremos paz mientras no sepamos quiénes son los culpables de estas atrocidades que destruyeron a nuestras familias. No construiremos paz mientras siga Usted haciendo diferencias entre ciudadanos.

Los familiares no hemos sido simples espectadores a lo largo de esta historia, hemos sido y seguiremos siendo constructores de nuestra historia de lucha contra el olvido y la impunidad. No necesitamos que nos regale nada, exigimos que nos trate con respeto y para lograrlo, seguiremos de pie, fortalecidos por cada uno de los recuerdos de nuestros seres queridos, armados de la solidaridad de quienes sienten nuestro dolor, unidos por la indignación que nos causa su decreto… hasta que se haga justicia.