Servindi, 18 de junio, 2011.- El Instituto de Defensa Legal (IDL) pidió la derogatoria del decreto supremo 051-2011-PCM que pretende culminar con el proceso de reparaciones a las víctimas de la violencia política con medidas inconsultas y sin ningún sustento técnico.

Las medidas dispuestas en el decreto cuestionado "lejos de ser reparadoras y cerrar heridas, representan un maltrato a las víctimas, una falta de entendimiento y muy poca capacidad de diálogo" indicó una nota de prensa del IDL.

Las medidas se toman a cuarenta días de culminar la gestión del actual gobierno y sin respetar los procedimientos e instancias establecidas para delinear una política integral de reparación económica.

El IDL exige la derogatoria del decreto para que en un nuevo gobierno y en diálogo con las víctimas, se pueda establecer una política de reparaciones que tenga un contenido reparador y de justicia.

Entre los desaciertos de la medida está concluir que el 31 de diciembre de 2011 finaliza el proceso de determinar e identificar a los beneficiarios de las reparaciones.

Ello, a pesar que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) propuso momentos de corte de registro para establecer listados de beneficiarios pero no el cierre del mismo, bajo el principio de que el registro de víctimas es permanente.

Asimismo, los montos establecidos por el decreto no han sido aprobados por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) encargada de diseñar las políticas de reparaciones y quién posee el mandato para fijarlos, sostiene el IDL.

El monto de 10,000 nuevos soles (aproxidamente US $ 3,570) establecido por el decreto como reparación económica no se ajusta a los estándares internacionales ni a las expectativas que la CMAN recogió de las víctimas cuando elaboró la propuesta y que ascendía a 80,000 nuevos soles.

El decreto define un procedimiento para otorgar la mitad de las reparaciones a los cónyuges y la otra mitad al resto de familiares. Este mecanismo deja de lado las propuestas alcanzados por diversas instancias sociales para simplificar el proceso y evitar conflictos que deriven en mayores gastos administrativos al tener que acudirse a la vía judicial para el reparto de la reparación.

Ello se agrava con los criterios que define el decreto para la adjudicación de las reparaciones y "que contemplan una serie de barreras de carácter discriminatorio, profundizando más la difícil situación de las víctimas", sostiene el IDL.

Finalmente, el IDL expresó su preocupación porque el decreto señala que los recursos para las reparaciones provendrán del "presupuesto institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros", lo que "puede terminar siendo insostenible debido a la cantidad de víctimas con derecho a reparaciones que alcanza la cifra de 50,000.

La CMAN fue creada, mediante Decreto Supremo Nº 011-2004-PCM, con la finalidad de establecer un mecanismo de respuesta estatal para cumplir los objetivos de reconciliación nacional basada en el conocimiento de la verdad y la reparación de los daños ocasionados durante la etapa de violencia que vivió el país entre los años 1980 y 2000.

El IDL es una institución de la sociedad civil que tiene como fin promover y defender los derechos humanos, la democracia y la paz en el Perú y en América latina.

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