Dirigentes nativos Alberto Pizango y Marcial Mudarra, en foto de archivo.

Servindi, 25 de junio, 2011.- Luego de más de dos años de investigación, el juez del 37º Juzgado Penal de Lima decidió archivar la investigación judicial seguida contra Alberto Pizango, Marcial Mudarra y otros dirigentes nativos por el delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de “apología a los delitos de sedición y motín”, al no haberse comprobado la realización de los mismos.

La denuncia fue interpuesta por el Ministerio Público el 22 de mayo de 2009, luego de que el dirigente máximo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) hiciera un llamado a la insurgencia, entre otras declaraciones, en el marco de la lucha de los pueblos amazónicos para que se deroguen varios decretos lesivos a sus derechos.

La resolución del juez señala que los hechos no configuran apología a los delitos de sedición y motín ya que los mensajes no contienen una incitación capaz de establecer en la población amazónica la influencia necesaria para perpetrar los delitos denunciados y sólo canalizaban la voluntad de la población que era la búsqueda de la derogación de los decretos legislativos en cuestión.

El Ministerio Público, además, había presentado como pruebas de su denuncia un comunicado que fue difundido en el portal de Aidesep, y las declaraciones en la conferencia de prensa en la que emplea las frases: sentir admiración "por la lucha heroica de 35 días, pasando hambre, frío, calor, sufriendo agresiones intensas", "hemos ido a buscar el diálogo con el primer ministro, con el presidente del Congreso, con los dirigentesde las bancadas parlamentarias, todos nos han respondido lo mismo: ‘no nos interesan los pueblos indígenas ni sus derechos’".

La Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) asumió desde un inicio la defensa legal del indígena Marcial Mudarra Taki, líder de la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas Región San Lorenzo (Corpi-San Lorenzo). Tenía claro que los cargos por los cuales se acusaba carecían de sustento jurídico penal.

Para la Comisedh, esta resolución reivindica la lucha del pueblo amazónico por el respeto a sus derechos.