El 29 de junio de 1986 este pronunciamiento fue publicado en el diario La República, a proposito de la Matanza de los Penales. Lo suscribían intelectuales, políticos, dirigentes sociales, estudiantes, y muchas personas indignadas con dicho acontecimiento. En la larga lista figuraban Alberto Flores Galindo, María Elena Moyano, Roberto Miro Quesada, Emma Hilario, Constantino Carvallo, Rosa María Alfaro, Carlos Ivan Degregori, Mariella Dreyfyus, Arturo Corcuera, Susana Baca, Juan Bullita, Giulia Tamayo, Oscar Ugarte, Rosina Valcárcel, Rolando Ames, Cecilia Olea, Agustín Haya de la Torre,Victoria Villanueva y muchas y muchos más.

Siendo estudiante universitario en la PUCP lo firme ante el pedido de mi amiga Ruth Silva. Pasados 25 años la impunidad continua, y sigo sintiendo la misma indignación y estupor que sentí cuando ocurrieron los hechos. A continuación, comparto el comunicado:

Hemos seguido en medio del mayor desconcierto, indignación y profundo dolor, el desarrollo de los sucesos que se iniciaron con el amotinamiento y toma de rehenes en las cárceles de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara y que culminaron en la peor masacre que haya perpetrado cualquier gobierno en el Perú.

Esta vez ocurre en Lima y las víctimas son inculpados de terrorismo. Anteriormente fueron campesinos de las zonas de emergencia, ¿mañana quién?

Es tanta la violencia y es tanta su impunidad que nos vamos habituando a ella. Nos estamos acostumbrando a violaciones de mujeres, torturas y hasta asesinatos en dependencias policiales, a fosas clandestinas llenas de cadáveres y a acciones constantes de intimidación a la población.

No aceptamos que el principio de autoridad sea a costa de la vida humana. Cuando en nombre de este principio se asesina a las personas, el principio deja de serlo, pierde validez y entonces sólo es posible gobernar por el terror. Así el gobierno constitucional y la Fuerza Armada se aproximan a lo que tratan de aniquilar: el terrorismo.

La ciudadanía no está por la muerte, estamos por la defensa de la vida y de la democracia. No aceptamos el asesinato ni en nombre de un supuesto cambio revolucionario, ni en aras de una supuesta pacificación del país.

No es suficiente ahora la indignación y el dolor. A la destrucción oponemos la construcción, el compromiso con la vida y la justicia con un mundo solidario con espacios para discrepancia, la alegría y también la seguridad. Y ese futuro queremos construirlo aquí y ahora en este Perú que amamos.

Por esto, lo ocurrido nos compromete, como personas, como mujeres y hombres, como ciudadanos. Nos compromete a no guardar silencio.

QUEREMOS SABER:

-          ¿Por qué no se buscaron otras alternativas como mediación de la Iglesia, de grupos de familiares o de organización de Derechos Humanos?

-          ¿Por qué la incursión armada en Santa Bárbara donde las reclusas no tenían armas? Que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de Beatriz Sarmiento y Mabel Chávarri y se informe del paradero de un número indeterminado de internas desaparecidas.

-          ¿Por qué se impidió la entrada del Juez de Ejecución Penal y el levantamiento de cadáveres se realizó sin la presencia del Juez Instructor, el mismo que fue sustituido ilegalmente por el Juez Castrense.

-          ¿Por qué no se han entregado los cadáveres a los familiares y por qué se han realizado los entierros clandestinos?

EXIGIMOS:

Garantías para la vida de los presos de todos los penales.

Que cesen las hostilizaciones a los familiares de los detenidos muertos.

Que se proceda conforme a ley respecto al levantamiento, autopsia y entierro cristiano de los cadáveres.

Información completa y veraz sobre todo lo ocurrido.

Que el Poder Judicial asuma sus funciones y su competencia sin someterse al fuero castrense.Poder Judicial por delito de homicidio calificado contra personas privadas de la libertad.

La conformación de una comisión ejecutiva en Defensa de la Vida integrada por la Iglesia, organismos de Defensa de los Derechos Humanos y otras instituciones ciudadanas.

Restitución de las garantías constitucionales y el levantamiento del Estado de Emergencia.

Lima, 24 de junio de 1986

(siguen firmas...)