Si queremos democracia, exijamos auténtica representación
Por: Jorge Melo Vega, gerente general de Responde.
Sabemos que la ciudadanía es un proceso que se construye paso a paso, pero no es menos cierto que si no nos esforzamos por canalizarla adecuadamente poco estamos ayudando a enrumbarnos hacia una sociedad más democrática, en la que las reivindicaciones justas alcancen legitimidad, en la medida que exista un consenso sobre la justicia demandada.
En las últimas semanas estamos observando diversas expresiones de protesta que si bien pudieran tener cierto sustento, por la manera en que se han venido expresando han perdido su pretendida legitimidad. Aquí no se trata de que se nos cuestione porque nos encontramos lejos de la zona de los conflictos y no tenemos capacidad de realizar un análisis más equilibrado, ya que lo que tratamos de valorar es precisamente cómo hacemos para mejorar nuestra lógica ciudadana y por tanto vivir en espacios democráticos, donde prioricemos la cohesión social integrándonos a la mirada que sobre nuestra realidad tengamos con los peruanos quechuas, aimaras, los nativos de diferentes etnias, los migrantes de entornos rurales cuando ocupan espacios urbanos, etc.
Quién representa a quién y por tanto quién es responsable de qué, es una premisa básica para cualquier proceso de diálogo. El derecho a protestar no puede ser cuestionado y quienes lideran la causa deben asumir el impacto positivo y negativo que estas pudieran generar; claro, si son los líderes. Pero si la protesta no es adecuadamente canalizada es porque no tiene liderazgo y por tanto no existe responsable de ese movimiento.
Nos decimos democráticos pero no somos capaces de utilizar los mecanismos que la propia democracia nos ofrece para plantear nuestras demandas. Nuestros derechos son reivindicados constantemente pero la parte que corresponde a nuestros deberes, que son precisamente los que generan nuestros derechos, no solemos ejercitarlos. Entonces, ¿a qué tipo de ciudadanía es a la que aspiramos? Muchos académicos tienen interpretaciones muy sesudas para justificar nuestros movimientos sociales, pero esas interpretaciones dejan de ser rigurosas cuando se le pide cierta coherencia. Así, si la protesta no es canalizada con una propuesta sensata y con una representación legítima, no es necesariamente una expresión de ciudadanía sino más bien una herramienta de presión de intereses particulares. Lo que no tiene representación no es representativo.
La representación entonces es liderazgo y responsabilidad, también es docencia y por tanto los que asumen ese rol están obligados a orientar a los ciudadanos que dicen representar señalándoles que la indignación tiene mecanismos de expresión. Bloquear una carretera, arrojar un cóctel molotov sobre una propiedad pública o privada, destruir las vías de puertos y aeropuertos, entre otras “manifestaciones de protesta” son delitos y deben ser asumidos por los representantes de la protestas y si estos quieren que la indignación sea realmente legítima, deben denunciar a aquellas personas que cometieron los delitos, porque violaron la ley y sobre todo porque que subvirtieron la causa que tenía razones justas y por culpa de sus actos dolosos, la reivindicación perdió su legitimidad.
