La destacada politóloga Cynthia Sanborn escribe en su blog un artículo denominado, Liderar un país rico, que trata sobre los principales retos que deberá enfrentar el gobierno del presidente, Ollanta Humala, en los próximos años. Entre ellos la capacidad para manejar un país con grandes logros macroeconómicos pero con muchas falencias en materia de justicia social.

Sanborn señala que la nueva gestión deberá tener el suficiente liderazgo para hacer que la prosperidad de las empresas privadas, entre ellas las mineras, vayan de la mano con la defensa del medio ambiente, la educación de calidad y el desarrollo de la población.

Aquí te dejamos el artículo:

Liderar un país rico.

El nuevo gobierno enfrenta múltiples retos, cuya resolución requiere la participación de diversos actores dentro y fuera del Estado. Pero el principal reto del Presidente mismo, es liderar. Tanto por razones constitucionales como culturales, el Presidente del Perú debe marcar el ritmo de los cambios anhelados, y motivar a los demás. Y dos campos donde urge hacerlo, son el manejo de los recursos naturales, y la reforma – no, la Revolución – de nuestro sistema educativo.

Ollanta Humala fue elegido por una población que quiere cambios significativos en la formar de manejar al Estado y liderar la Nación. La gente esta harta de presidentes que prometen y no cumplen, inauguran obras de dudoso beneficio público, defienden intereses privados, e ignoran o insultan a los sectores más vulnerables de la población. Queremos un líder honesto, que hable claro y exige lo mismo a los demás. Un líder autónomo, que no se deja llevar por poderes en la sombra o arreglos bajo de la mesa. Y un líder nacionalista, no en el sentido xenofóbico del término, tampoco en el estilo marketero del gobierno saliente, sino en el sentido de unir a una nación fragmentada por razones históricas, y también por una campaña electoral marcada por las peores expresiones de racismo y odio entre peruanos.

Con 22 años de carrera militar, Humala debe tener dotes de liderazgo. Sin embargo, uno de los desafíos más serios que enfrenta es la de poner orden en sus propias filas, incluyendo a su controvertida familia y una alianza política que le permitió ganar la segunda vuelta, pero que le puede presentar dificultades para gobernar.

El liderazgo del Presidente es especialmente importante para un cambio de rumbo en el sector minero. Siendo Perú una potencia minera mundial, es lamentable que la población esta tan dividida sobre esta actividad, y que su expansión acelerada haya producido tantos conflictos sociales. Es un marcado contraste con países como Chile, Australia o Canadá, que asumen sin tanta angustia la condición de “país minero” y enfrentan con mayor franqueza los retos que esto implica.

Desde los años 90, el Poder Ejecutivo se ha dedicado a promover la inversión privada en minería e hidrocarburos, lo cual ha impulsado el crecimiento económico con notables ingresos tributarios. Pero el Ejecutivo no se ha preocupado de promover debate nacional, y menos algún nivel de consenso, sobre los objetivos de desarrollo que tenemos como país y el papel de estas actividades para lograrlos. ¿Cuál debe ser el balance entre explotación minera y conservación del ambiente? ¿Cómo incorporar a la población más plenamente en los beneficios de estas actividades, y también en su regulación? ¿Cómo proteger a las poblaciones más vulnerables, especialmente los pueblos indígenas? ¿Y cómo invertir los recursos tributarios generados en objetivos prioritarios de largo plazo?

Hoy las más importantes empresas privadas y públicas del mundo compiten para explotar nuestros minerales y otros recursos. El Poder Ejecutivo les otorga concesiones, y luego deja en sus manos la tarea de “consultar” a la población, compensar a los propietarios, y satisfacer a las autoridades locales. Cada actor debe velar por lo suyo, utilizando las diversas y asimétricas formas de poder que tienen a su disposición. Esto no es liderazgo, sino abdicación, y no debe sorprendernos cuando surgen conflictos en el camino.

Por otro lado, el Estado peruano ha sido tímido la hora de exigirles a los operadores privados transparencia y altas estándares de operación, y de aplicar sanciones a quienes no las cumplen, como los casos de Doe Run o Shougang. Incluso en iniciativas voluntarias, como la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), el Perú ha cojeado por el poco interés del Estado en cumplir con los pasos establecidos. No necesitamos un estado-empresario, pero si una autoridad que se respeta, personificada en un presidente que consulta y educa a la población, y vela por un aprovechamiento racional de los recursos naturales que tenemos.

Un segundo campo donde se requiere mayor liderazgo presidencial, es la transformación del sistema educativo. Como sostienen Juan Francisco Castro y Gustavo Yamada en unCastro Yamada Brechas Educacion.doc, la educación debe ser el principal mecanismo para igualar oportunidades en una sociedad, dado que las brechas de acceso a ella crean diferencias en muchas otras esferas de la vida, que perduran en el tiempo y que, sin adecuada intervención publica, se trasmiten de generación a generación. En los últimos años, el Perú ha vivido un boom de la educación en todos sus niveles, ayudando a formar a nuevos sectores medios y empresariales emergentes. Sin embargo, en las escuelas donde estudian la mayoría de peruanos, la situación de atraso, desigualdad y deserción sigue siendo alarmante.

En exámenes de lengua, matemática y comprensión lectora, los peruanos están al final de la cola en América Latina y lejos de las otras potencias mineras mencionadas líneas arriba. Según Castro y Yamada, las tasas de conclusión de la secundaria y el progreso hasta la educación superior se han mantenido relativamente constantes en los últimos 50 años (alrededor de 80% y 55%, respectivamente), mientras que hay un retroceso preocupante en la proporción de jóvenes que inician pero no culminan sus estudios superiores. Y aunque las brechas entre hombres y mujeres están prácticamente cerradas en cuanto al avance educativo formal, las diferencias socioeconómicas y étnicas siguen siendo profundas.

El Estado peruano hace muy pocos esfuerzos para identificar y conocer a los diversos grupos que constituyen la Nación. No hay información racial y étnica en la mayoría de censos y otros instrumentos de medición oficial. Tampoco hay consenso – ni siquiera debate – sobre quienes son “indígenas”, “afroperuanos”, o "mestizos" en el Perú hoy, especialmente entre la población de jóvenes y quienes residen en centros urbanos. No obstante, diversos estudios del CIUP, GRADE y el mismo INEI, señalan que los mayores niveles de pobreza y de inacceso a los servicios básicos siguen concentrados en la población rural de habla quechua, aymara y lenguas nativas de la Amazonía. Definidos por su lengua materna, hay más de un millón de niños y niñas indígenas en edad escolar, de los cuales, según Vasquez Libro EDU_020_eduintind.pdf, uno de cada tres no asiste a la escuela y el 73% se encuentra atrasado según su edad escolar.

Hace poco el Presidente García anunció el “fin del analfabetismo en el Perú”, afirmación cuestionada por expertos en la materia. Este mes se promulgó la Ley de Lenguas Originarias, para garantizar el uso y la preservación de los idiomas indígenas. Sin embargo, como señala Wilfredo Ardito, es paradójica que la principal política que el Estado ha implementado en esta dirección, la educación bilingüe intercultural (EBI), no alcanza a la mayoría de niños y niñas con derecho a ella, y es rechazada por miles de familias que si la recibe, debido a su baja calidad y prestigio social. En Puno, por ejemplo, la cobertura es 34% y se registran solo 273 docentes capacitados en EIB. En Huanuco la cobertura es solo 8,6% (Vásquez, 2010). Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo señala la urgencia de cambiar esta situación.

Ante esta situación, no es sorprendente que solo un pequeño porcentaje de estudiantes indígenas logra desarrollar las capacidades lectoras esperadas en su lengua originaria (2% de los escolares aymara, 5,9% de los quechua, 3,2% awajun, según Vásquez 2010). La mayoría tampoco desarrollan capacidades lectoras adecuadas en castellano como segundo idioma, y las evaluaciones ni siquiera miden aprendizaje de matemáticas, ciencias naturales o sociales.

Para educación superior la información disponible es más escasa aún, pero esta claro que quienes tienen lengua materna indígena y secundaria rural, son quienes tienen menos oportunidades de llegar a la educación superior. Y aunque existen al menos doce universidades y diversos institutos pedagógicos con programas de “acción afirmativa” o admisión selectiva para alumnos indígenas, son muy pocos los alumnos calificados para ellos, y su manejo ha sido ampliamente cuestionado.

Con la educación así, no estamos formando los ciudadanos críticos y exigentes que la democracia requiere, y tampoco la fuerza laboral que una economía competitiva necesita. Persisten profundas desigualdades en el acceso a la educación de parte de los niños y las niñas que más la necesitan, y estamos lejos de producir los profesionales indígenas, nativos y afrodescendientes necesarios para empoderar a estas poblaciones e integrar al Estado y al mercado laboral.

Todos los presidentes prometen dar prioridad a la educación, pero dejan de lado el tema al asumir el poder. ¿Por qué? No es por falta de diagnósticos, porque en Perú abundan los estudios y las propuestas técnicas. No es por falta de dinero, porque tenemos la plata. Lo que faltan, son coraje y liderazgo político. Coraje para enfrentar a los temores e intereses de una minoría que se beneficia de la situación actual. Liderazgo, para revertir el desinterés de nuestra elite política y económica, que hace tiempo abandonó el sistema de educación pública y tiene pocos incentivos para comprarse ese pleito.

Si el nuevo Presidente realmente quiere una revolución educativa, debe darle mayor urgencia y liderarla como cruzada. Cruzada contra la inercia y el estatus quo, la corrupción y la discriminación, que existen en todos niveles del sistema. Mas allá de quien sea su Ministro(a) de Educación, el Presidente debe liderar, convocar a los demás poderes del estado, y a los padres de familia, y educarles sobre sus derechos y deberes para con la educación de sus hijos.

También convocar a actores privados, como “Empresarios para la Educación” o los voluntarios de Enseña Perú, y así reforzar la educación y el compromiso de nuestras élites.

En resumen, el reto para el próximo presidente es liderar procesos de cambio para un país que se reconoce como rico -- en recursos humanos, diversidad natural y cultural. Un país que se respeta, y que respeta a todos sus integrantes. Y no gobernar a un país de “neo-ricos”, donde los que mas tienen no se responsabilicen por el resto, y los que mas necesitan no tienen las oportunidades y herramientas para triunfar.