Mineras canadienses al banquillo en Africa y el Mundo
Canadian mining company can be sued for alleged rights abuses in Africa.
Mineras canadienses al banquillo por abusos en derechos humanos y destrucción del medioambiente
A estas transnacionales, al parecer, se les está acabando la impunidad que gozan en virtualmente en todo el mundo, esto tras la presentación de las primeras querellas en tribunales canadienses.
Las inversiones mineras canadienses en África aumentaron en gran medida en la década pasada. El continente africano recibe aproximadamente el 20% del capital de inversión minera canadiense, el que fue avaluado en el año 2009 en una cifra superior a los $20 billones de dólares.
Al igual que en otras regiones mineras, en África existen numerosas acusaciones de abusos en materia de derechos humanos y destrucción del medioambiente asociado a estas inversiones. Hace poco cinco personas murieron por disparos en disturbios ocurridos en la mina North Mara de Barrick Gold en Tanzania, y junto con esto se han dado a conocer acusaciones de abusos sexuales en el mismo lugar. La empresa Barrick reconoció que existen “sospechas fundadas” de que sus guardias de seguridad habrían cometido abusos en contra de mujeres locales.
Las empresas mineras canadienses parecen gozar de impunidad en virtualmente todos los lugares donde operan en el exterior. Esto debido a que muchos gobiernos son incapaces, o no tienen voluntad política, para regular efectivamente corporaciones transnacionales, y los sistemas de administración de justicia están trabados por innumerables circunstancias. Por lo mismo no sorprende que las víctimas de abusos por parte de estas empresas canadienses hayan puesto su mirada en Canadá.
Ésta es la jurisdicción que otorgó la personalidad jurídica a muchas compañías mineras al momento de su creación. Canadá es también la mayor fuente de capital a nivel mundial para el sector minero.
El gobierno canadiense promueve proactivamente la industria minera financiando y asegurando las operaciones en el exterior, a través de instituciones domésticas o por medio de la banca de desarrollo multilateral.
Canadá proporciona además apoyo político a las compañías mineras y promociona activamente el concepto de responsabilidad social empresarial.
El gobierno canadiense es también un importante accionista en este sector por la vía de un fondo público de pensiones cuyos activos están avaluados en $148 billones de dólares.
A la fecha, Canadá ha abdicado de su responsabilidad de gobernanza con respecto a las actividades del sector minero en el extranjero, ya sea regulando las compañías o regulando las agencias gubernamentales que las apoyan, o asumiendo iniciativas legislativas que aseguren que quienes han resultado perjudicados por las actividades de éstas, aun siendo no-nacionales, puedan demandar indemnizaciones en Canadá.
En 1997, un grupo de indígenas de Guyana inició una demanda en la Corte Superior de Justicia de Quebec. Los ciudadanos guyaneses fueron víctimas de un desastre medioambiental como consecuencia de la operación de la mina de oro Omai. La demanda basada en conductas negligentes fue presentada en Quebec, por encontrarse allí el domicilio legal del propietario mayoritario de la mina, Cambior.
Esta fue la primera demanda presentada por no-nacionales en una corte de justicia canadiense en relación a las actividades mineras de compañías canadienses en el extranjero. La Corte desestimó el caso, renunciando a ejercer jurisdicción. La decisión del juez señaló al estado de Guyana como el lugar apropiado para presentar la acción, a pesar de existir testimonios en la causa acerca de la imposibilidad del sistema de justicia de ese país para proveer a las víctimas con un juicio justo, y condenó a los demandantes al pago de las costas a la compañía. Subsecuentes demandas presentadas en Guyana fueron desestimadas, dejando a las víctimas sin reparación alguna.
El caso ‘Cambior’ implicó arrojar un vaso de agua fría en materia de litigación en Canadá con respecto a las actividades de compañías mineras canadienses en el extranjero. Potenciales demandantes fueron desalentados por este precedente judicial y la condena al pago de las costas judiciales.
Alentadas por la obtención de precios récord en minerales, las compañías mineras canadienses han experimentado un desenfrenado crecimiento a nivel mundial, pero más y más acusaciones de violaciones a los derechos humanos y daños medioambientales se levantan a su paso. Pasados más de diez años desde el caso Cambior, existe una mayor conciencia en Canadá respecto del impacto de la actividad minera a nivel global, incluida la comunidad jurídica, lo que ha llevado a algunos extranjeros a intentar nuevamente el camino judicial en busca de reparaciones.
Desde el año 2009, se han presentado ante Cortes de Justicia de Canadá cuatro demandas interpuestas en contra de mineras canadienses. La primera fue presentada en la provincia de Ontario por tres ecuatorianos quienes fueron amenazados y agredidos físicamente por fuerzas de seguridad al parecer contratadas por la empresa minera Copper Mesa.
Los demandantes interpusieron una acción por negligencia en contra de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y dos directores de la compañía minera. La Corte Superior de Justicia de Ontario desestimó los argumentos con respecto al ‘deber legal de cuidado’ por parte de los demandados, desechando la idea de que esta institución o los directores corporativos tenían un vínculo con los demandantes de una entidad tal como para generar una obligación legal. La decisión fue confirmada en la apelación.
Dos casos adicionales en que los demandantes son guatemaltecos fueron presentados en Ontario en contra de la compañía Hudbay Minerals Inc.
El primer caso se basa en denuncias de que guardias de seguridad contratados por la empresa minera asesinaron a un líder indígena quien se oponía a la operación de la mina. La segunda demanda fue presentada por once mujeres indígenas quienes alegan haber sido masivamente violadas por guardias de seguridad de la compañía, oficiales de policía y de la armada al desalojar a sus familias para permitir las operaciones de la minera. La Corte Superior de Ontario debe aún decidir si tiene jurisdicción para conocer estos casos y pronunciarse respecto de las peticiones formuladas por los ciudadanos guatemaltecos.
Finalmente, el año pasado, nacionales congoleses presentaron una petición de certificación de una ‘acción pública’ ante la Corte Superior de Quebec, la misma Corte que rechazó la petición presentada por los guyaneses. La petición se basa en violaciones flagrantes a los derechos humanos ocurridas en 2004 en el poblado congolesa de Kilwa. Al menos setenta y tres civiles fueron ejecutados sumariamente cuando las Fuerzas Armadas congolesas atacaron a los residentes locales. Otros sufrieron tortura y detenciones ilegales. Una investigación de las Naciones Unidas reveló que la compañía canadiense, Anvil Mining, proveyó a la armada con aviones, vehículos, personal y comida durante el ataque.
En 2006, un fiscal militar congoleño presentó cargos de crímenes de guerra en contra de soldados congoleses implicados en los hechos. Tres ex empleados de la minera Anvil Mining fueron también sindicados como cómplices en la comisión de los crímenes. Sin embargo, la Corte Militar exculpó a todos los demandados, incluido el ex-gerente general de la subsidiaria congolesa de la compañía Anvil, Pierre Mercier, un ciudadano canadiense. Los procedimientos judiciales fueron ampliamente criticados. Louise Arbour, ex-jueza de la Corte Suprema de Canadá y la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación, tanto con el procedimiento judicial como con los resultados del mismo.
La demanda de 2010 fue presentada por sobrevivientes de los hechos ocurridos en Kilwa y familiares de las víctimas ante la Corte en Quebec. Los argumentos de los demandantes eran que la ayuda logística proporcionada por Anvil a la armada congolesa había facilitado la comisión de violaciones a los derechos humanos y por ello la compañía estaba implicada en los hechos. En concreto, los demandantes alegaban que se usaron vehículos de la compañía Anvil para transportar civiles a las afueras de la ciudad, donde luego fueron ejecutados, y que aviones arrendados por la compañía fueron usados para llevar militares a Kilwa, lugar en que fueron cometidos los crímenes.
En marzo, la empresa Anvil intentó que el caso fuese desestimado, argumentando falta de jurisdicción. Se señaló que la conexión entre Quebec y los incidentes investigados era demasiado leve como para alegar que Quebec tenía jurisdicción para resolver sobre los mismos. La compañía enfatizó, por ejemplo, que su casa matriz estaba localizada en Australia y que no existían decisiones respecto de las operaciones efectuadas en la mina Dikilushi que hubiesen sido adoptadas en Quebec. Finalmente, Anvil argumentó que en caso de considerar la Corte que tenía competencia para conocer del asunto, debía declinar resolver sobre el caso pues existían jurisdicciones más idóneas como la Republica Democrática del Congo (DRC) o Australia, tal como ya había sido resuelto en el caso Cambior.
Al mes siguiente, la Corte Superior de Quebec rechazó la petición de inadmisibilidad presentada por Anvil y decidió que tenía competencia para conocer del caso. El juez Emery estimó que “es imposible determinar si las autoridades del Congo o Australia son claramente más competentes para conocer del caso. Por lo demás, a esta altura en el proceso, todo indica que si esta Corte no conoce del asunto [...] no existiría otra posibilidad para demandar reparaciones civiles por parte de las víctimas.
La decisión de la Corte es significativa. Implica una nueva apertura por parte del poder judicial, al menos en la provincia de Quebec, al considerar casos en que los demandantes son extranjeros y los hechos acaecieron fuera de Canadá. Sin embargo, en el último capítulo de lo que promete ser un muy controversial caso, la decisión adoptada a comienzos de junio fue declarada apelable a solicitud de la compañía minera. La reciente ola de litigios en Canadá, interpuesta por demandantes foráneos, constituye un desarrollo alentador que podría eventualmente ofrecer a las víctimas reparaciones por daños sufridos y producir un efecto disuasivo de malas prácticas corporativas. Los esfuerzos efectuados para avanzar hacia la responsabilidad de corporaciones transnacionales contrastan con la situación bastante menos alentadora de otro sector transnacional: las instituciones financieras internacionales.
En 2004, con anterioridad a la masacre de Kilwa, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) otorgó a Anvil una garantía de US$ 13,6 millones de dólares contra riesgos de guerra y disturbios civiles en el Congo. OMGI, organismo del Banco Mundial, tiene como labor facilitar inversión privada en mercados emergentes y en vías de desarrollo. La Corporación Financiera Internacional (CFI), otra agencia del Banco Mundial, efectúa una labor similar otorgando créditos a compañías privadas. Durante el año financiero 2010, OMGI y CFI otorgaron en total a las empresas mineras más de US$ 900 millones de dólares de ayuda. Dada la naturaleza multilateral de estas instituciones, las Cortes canadienses difícilmente aceptarán jurisdicción en casos que los involucren como cómplices con respecto a malas prácticas corporativas de sus clientes.
En nuestro país la situación ha sido muy diferente, ya que en diversas ocasiones organizaciones sociales y ciudadanas contrarias al proyecto Pascua Lama de la canadiense Barrick Gold, han presentado demandas de Nulidad de Derecho Público ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para anular un decreto que permite que las empresas mineras –amparadas en el tratado minero entre Chile y Argentina- financien el sistema de Aduanas y control fronterizo de los proyectos binacionales.
Por otra parte, el recurso contra este proyecto que presentó la Comunidad Los Huascoaltinos de Vallenar fue declarado admisible por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El máximo tribunal estableció que el Estado chileno ha incurrido en presuntas violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos al aprobar el proyecto que la canadiense está ejecutando en nuestro país y Argentina.
Las reparaciones a víctimas de abusos por corporaciones es un tema que requiere urgente atención. Una prioridad obvia es fortalecer la institucionalidad judicial en los países en que se cometan los abusos. Sin embargo, es también muy relevante que los poderes judiciales de los países en que las multinacionales tienen su domicilio legal, como es el caso de Canadá, se declaren competentes para conocer de casos en que se alega negligencia o malas prácticas con consecuencias penales de las compañías nacionales en el extranjero, especialmente en los casos en que las víctimas carecen de otra alternativa para recibir justicia. El rol de los gobiernos donde las compañías tienen su domicilio legal al facilitar la comisión de violaciones a los derechos humanos y otras clases de abusos, debería ser examinado por cortes domésticas.
Por Karyn Keenan y Claudia Pedreros
La firma Klippenstein con sede en Toronto es quizás el caso mejor conocido por su representación de la familia de Dudley George, quien fue asesinado por la policía en Ipperwash, y más recientemente por una demanda colectiva por $ 45,000,000 contra la Junta de Servicios de la Policía de Toronto y el Fiscal General de Canadá, en nombre de los detenidos por la policía durante la cumbre del G20. Esta firma legal de interés público también ha presentado tres casos en nombre de los demandantes en el Ecuador y Guatemala por los abusos a manos de guardias de seguridad privados contratados por las empresas mineras canadienses.
En el primer caso presentado en marzo de 2009, tres campesinos de Ecuador demandaron a dos directores de la empresa Copper Mesa Mining Corporation, , y la Bolsa de Valores de Toronto por daños y perjuicios a raíz de un asalto a mano armada en el que guardias de seguridad privados, en su mayoría ex-militares, trataron de forzar con violencia a hombres, mujeres y niños que bloquean el camino a las concesiones mineras de la compañía con una cerca de alambre.
www.miningwatch.ca/article/courting-justice-v...
Toronto-based Klippenstein’s law firm is perhaps best known for its representation of the estate and family of Dudley George, who was killed by police at Ipperwash, and more recently for a $45 million class-action lawsuit against the Toronto Police Services Board and the Attorney-General of Canada on behalf of those held by police during the G20 summit last summer. This public interest law firm has also filed three cases on behalf of plaintiffs in Ecuador and Guatemala for abuses at the hands of private security guards hired by Canadian-financed mining companies.
In the first case filed in March 2009, three Ecuadorian villagers sued Copper Mesa Mining Corporation, two company directors, and the Toronto Stock Exchange for damages following an armed assault in which private security guards, mostly ex-military, tried to violently force their way past men, women and children blocking the way to the company’s mineral concessions with a single chain link fence.
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Canadian mining company can be sued for alleged rights abuses in Africa: Judge
By Tom Sandborn - May 18, 2011
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In what one activist described as the first time that a case against a Canadian corporation for alleged involvement in human rights abuses has proceeded this far," the Superior Court of Quebec ruled on April 27 that the case against Canadian corporation Anvil Mining Limited in relation to alleged involvement in a 2004 massacre in the Democratic Republic of Congo can proceed to the next stage.
"As far as I know, every other case has been dismissed at the initial stages," Matt Eisenbrandt of the Canadian Centre for International Justice told The Hook by email on May 17.
As The Tyee reported late last year, the class action against Anvil Mining was filed with the Montréal Court on 8 November 2010 by The Canadian Association against Impunity, an organization representing survivors and families of victims of the Kilwa massacre.
Anvil Mining is accused of providing logistical support to soldiers of the Congolese army who allegedly raped, murdered and brutalized the people of Kilwa in a massacre in 2004. According to the United Nations, over 70 civilians died as a direct result of the military action, including some who were executed and thrown in mass graves.
In his decision, Judge Benoît Emery of the Quebec Superior Court rejected Anvil Mining's position that there were insufficient links to Quebec to enable the Quebec court to have jurisdiction over the case. Lawyers for the company also argued that even if there was sufficient attachment to Quebec, the case should be brought in the DRC or Australia.
Judge Emery stated : "It is apparent …that it is impossible to determine that the authorities of the Congo or of Australia would clearly be more appropriate for hearing the case. In fact, at this stage in the proceedings, everything indicates that if the court were to refuse to accept the application [for a class action] on the basis of article 3135 of the Civil Code of Quebec, there would be no other possibility for the victims' civil claim to be heard."
Patricia Feeney, of The Canadian Association Against Impunity, said: "We strongly welcome this decision. It represents a significant step forward in the process of trying to hold Anvil Mining to account and to bring some justice to the victims of the massacre and their families."
The Canadian Association Against Impunity is a coalition made up of six nonprofit organizations, two Congolese, two British and two Canadian.
The court will next consider whether the case should be certified as a class action in mid-June.
Anvil Mining has denied any culpability in the Kilwa incidents and says it will defend itself against the class action suit.
