Ideeleradio.- La Ley de Consulta Previa, que otorga a los pueblos indígenas y campesinos el derecho a pronunciarse sobre eventuales proyectos de carácter extractivo, es una reforma que permitirá la modernización del Estado y lo hará más dialogante, sostuvo Alicia Abanto Cabanillas, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Fue al comentar la decisión unánime del Pleno del Congreso de aprobar esta iniciativa, luego de 17 años que el Perú firmará el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

“Cumplir con el derecho a la consulta es una medida que va a traer grandes reformas en el Estado. Ahora, estas grandes reformas no se van a producir de un día para otro, pero a lo largo la Ley del Derecho a la Consulta es una reforma que va a generar una modernización del Estado, en el sentido de un Estado más dialogante y creo que esto será muy beneficioso para el país”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[Además] creo que es muy importante que el Ministerio de Cultura asuma un liderazgo dentro de lo que es la rectoría que tiene este ministerio en la protección de la diversidad cultural y de los pueblos indígenas y, por tanto, debe contribuir al cumplimiento de la ley”, apuntó.

Se debe contar con una base de datos de pueblos indígenas

Al respecto, indicó que el Ministerio de Cultura deberá producir mayor información sobre los pueblos indígenas, respecto a su situación sociocultural, económica y ubicación, además de una base de datos y la documentación sobre las organizaciones que las representan.

“[El Ministerio de Cultura] es una instancia que debe contribuir con los diversos ministerios para que se implementen las consultas y es una instancia a la cual los pueblos indígenas pueden recurrir para solicitar asesorías e impugnaciones cuando se haya negado una consulta. [Entonces], hay una serie de funciones que se han asignado al Ministerio de Cultura en relación al cumplimiento de la Ley de Consulta que esperamos que se sume al liderazgo y creemos que será así para poder avanzar en esto”, manifestó.

Abanto Cabanillas sostuvo que el Ministerio de Energía y Minas deberá emitir un nuevo reglamento adecuado al Convenio 169 de la OIT y a la Ley de Consulta Previa, que establezca dentro del sector Energía y Minas la consulta sobre aquellas decisiones que afectan directamente a los pueblos indígenas.

Se tiene que fortalecer el Ministerio de Cultura

Apuntó que se debe tener “muy claro” que el derecho a la consulta será realizado por todas las autoridades que tomen una decisión que pueda afectar a los pueblos indígenas. Aclaró que no será el Ministerio de Cultura el que vaya a realizar dichas consultas, sino todos los entes encargados.

“Por ejemplo, si estamos hablando de una licencia ambiental del sector Energía y Minas el que consulta es el Ministerio de Energía y Minas y se necesita la intervención del Ministerio de Cultura para que este ofrezca la información sobre los pueblos indígenas y organizaciones y además que pueda ser la instancia que cumpla con las funciones que dice la ley”, precisó. “Entonces, si es cierto que se tiene que fortalecer el Ministerio de Cultura, pero no sería correcto pensar que el ministerio hoy en día no va a poder cumplir su función. Creo que si lo pueden hacer y se necesita un esfuerzo entender cuál es ese rol rector que se va a llevar a cabo en esta situación”, declaró.

Abanto Cabanillas resaltó el hecho de que el proyecto de ley de consulta establece las metodologías especializadas, el marco general, para que no se confunda este tema con actos electorales, referéndums, o con talleres informativos. Subrayó que hay un marco procedimental que toda autoridad pública y privada debe cumplir.

Consulta no puede generar confusión

Abanto Cabanillas pidió también que no se confunda a la población con el tema de si los resultados de la consulta previa son o no vinculantes. Reafirmó que el Estado es el ente que tendrá que tomar la decisión sobre estas consultas realizadas, en el sentido de que “tendrá que tomar una acción de hacer o implementar o de no hacer y desistir de esa medida”.

“Hay tres resultados. Primero, [sería] que se logre un consenso total y la ley en este caso está diciendo que los acuerdos son obligatorios para las partes y el Estado tendrá que tomar en cuenta ese acuerdo. Un segundo supuesto es que se logren acuerdos parciales y ahí el Estado tendrá que evaluar los planteamientos de los pueblos indígenas en un marco de respeto a los derechos [todo ello después de una segunda etapa de diálogo]. Y un tercer escenario, es que no se logren acuerdos y no se consiga el consentimiento de la población, en este caso el Estado también tiene que tomar una decisión”, recalcó.

“[Pero] realizar una consulta no le autoriza al Estado tomar cualquier decisión. El Estado tiene que garantizar los derechos a la educación, salud, territorio, por ejemplo, en el caso de proyectos de inversión respetar el derecho de propiedad es esencial, además del medio ambiente, la vida y la salud. En el Perú, la propiedad de los pueblos indígenas está reconocida por la Constitución; por tanto, no se puede desconocer el derecho de propiedad y todas las empresas privadas están obligadas a respetar el derecho de las comunidades nativas y campesinas”, detalló.

Finalmente, recalcó que los pueblos indígenas tienen una agenda histórica y una serie de derechos que deben ser protegidas con la consulta previa, tras saludar la decisión del Poder Legislativo.

“La Defensoría saluda al Congreso de la República por la aprobación de la Ley de Consulta. Esta es una decisión muy importante para el país, es una decisión histórica de reconocimiento y respeto a los pueblos indígenas y es un punto de partida para institucionalizar el diálogo, que es absolutamente necesario para establecer relaciones de respeto mutuo entre el Estado y los pueblos indígenas”, concluyó.