Ideeleradio.- La implementación de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios podría fracasar si no se refuerza la institucionalidad estatal y si no existe un cambio de visión de los funcionarios estatales sobre las comunidades indígenas, advirtió Javier La Rosa, director del área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Insisto que la clave va a ser el tema de la institucionalidad estatal, a cargo del Ejecutivo, si esto falla, este buen intento de la Ley de Consulta Previa, puede ser un fracaso y luego vamos a tener una señal de frustración, de más conflictos sociales, y eso es lo que no queremos”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“La Ley de Consulta Previa es una ley de carácter procedimental, pero si esto no va de la mano de un cambio en la visión que tienen los funcionarios estatales sobre las comunidades, si esto no va acompañado de una nueva mirada desde la sociedad civil hacia los pueblos, esta ley puede fracasar”, anotó.

Evalúen situación del Indepa

La Rosa Calle insistió en el tema de la institucionalidad como un punto que garantiza la viabilidad de la Ley de Consulta Previa, al considerar que por ello se debería evaluar que el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa) sea transferido a la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Actualmente, no hay las condiciones en el Estado para garantizar una adecuada institucionalidad estatal que garantice y que cautele una aplicación de esta Ley de Consulta Previa. Lo que existe en el Estado es el Indepa y, es más, la ley aprobada señala que el órgano técnico especializado es el Indepa, pero este fue prácticamente desmontado por el gobierno anterior”, explicó.

“[El Indepa] fue devaluado al pasar de organismo autónomo a una oficina inferior asignada al Ministerio de Cultura, perdió esa composición plural. Entonces, creo que un punto de partida es fortalecer esta institucionalidad estatal. Si va a ser Indepa, como dice la ley, Indepa tiene que ser cambiado y eso corresponde al Ejecutivo. Indepa debería estar en le Presidencia del Consejo de Ministros para tener esa mirada de país, que pueda cruzar a todos los sectores, que pueda influir y dar adecuada asesoría y esperamos que ya desde el Ejecutivo se complemente”, anotó.

Sostuvo que es un paso fundamental que el Indepa tenga una mirada y una influencia intersectorial en este tema. El jurista agregó que es muy significativo que este proyecto haya sido aprobado por unanimidad en el Poder Legislativo.

“Eso tiene un significado para el país, el hecho de plantear una nueva forma de ver la relación con las comunidades indígenas. […] En la lógica del gobierno aprista había una idea de postergar las demandas de las poblaciones indígenas, los tiempos han cambiado se trata de otro momento político y lo que ha pasado en la noche refleja eso”, subrayó.

Remarcó que con la dación de la Ley de Consulta Previa se aspira a un diálogo intercultural entre el Estado y las comunidades indígenas, que estimó es algo totalmente novedoso dentro de los esquemas actuales del Estado.

“Eso no se ha dado en el país, la manera como se ha concebido el diálogo ha sido una suerte de imposición de parte del Estado hacia las comunidades y pueblos. Eso generaba situaciones de rechazo, resistencia y alta conflictividad social”, opinó.

Cambio de visión en torno al indígena

Indicó que la preparación de los distintos funcionarios que tendrán la responsabilidad de ejecutar los dispositivos legales del proceso de consulta previa, tendrá un carácter relevante, porque de ello dependerá el éxito o fracaso de la norma.

“Si esto no va de la mano de un cambio en la visión que tienen los funcionarios estatales sobre las comunidades, […] esta ley puede fracasar. […] Va a ser clave cómo los funcionarios encargados de implementar este mecanismo de la consulta previa tienen las condiciones, los conocimientos y las habilidades necesarias para, justamente, llevar a cabo este proceso de consulta previa, y eso es un punto precario actualmente a nivel nacional”, mencionó.

Puntualizó que gran parte de estos empleados estatales tienen el hábito de ejecutar las decisiones estatales, pero ahora deberán ingresar a una etapa de una relación bilateral, en donde los pobladores nativos e indígenas tendrán participación activa.

“La mayoría de funcionarios estatales no han respondido a toda una dinámica de diálogo intercultural. Los funcionarios públicos han estado acostumbrados a imponer las decisiones estatales, porque esa era la normativa existente, esta ley plantea un modo distinto de relacionarse con las poblaciones y comunidades indígenas”, argumentó.

Destacó que la autoridad que tendría a su cargo la ejecución de esta ley deberá ingresar a un proceso de cambio de paradigma sobre el indígena, para reconocer que hasta el momento la relación con los pueblos nativos no ha sido la más adecuada.

“[La forma de relacionarnos] parte por tener una mirada básica de ver al otro, es decir, al poblador indígena como un igual, no es un disminuido, no es un subordinado, tiene todo derecho a desarrollarse, tiene derecho a escoger sus prioridades de desarrollo”, aseveró.

Recordó que esta ley tiene sus principios en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la cual tiene un carácter vinculante para el Estado peruano, con un conjunto de opciones de la manera de cómo relacionarse con los pueblos nativos. “Esto está contemplado, la ley se inspira básicamente en el convenio 169 de la OIT, que es una norma jurídica vinculante para el Estado peruano y, por lo tanto, abre un abanico de una serie de posibilidades de cómo se van a relacionar.”, finalizó.