La Defensoría del Pueblo explicó los alcances de la reciente Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas que fuera aprobada ayer por unanimidad en el Pleno del Congreso.

Iván Lanegra, representante de esta entidad del estado, señaló que el Derecho a la Consulta es uno de los derechos que están contenidos en el Convenio 169 de la OIT.

¿En que consiste la Consulta Previa?

Consiste en que el Estado Peruano y los Pueblos Indígenas se sienten a la mesa en un proceso de diálogo para buscar acuerdos con relación a medidas administrativas o legislativas que pudieran afectar directamente a estos pueblos.

¿Quiénes son los pueblos indígenas?

El Convenio 169 de la OIT establece dos criterios para identificarlos: 1. Son poblaciones que descienden de aquellas que vivieron en el Perú antes de la llegada de los españoles. 2. Son poblaciones que conservan hasta hoy instituciones que vienen desde esa época. Un elemento adicional, es la auto-identificación de los pueblos indígenas como tales.

¿El derecho a la consulta es opcional?

El derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas no es opcional, es un deber del Estado. Es una obligación de los entidades estatales consultar antes de adoptar las medidas administrativas o legislativas que pudieran afectar a estos pueblos. El derecho a la consulta no es un proceso electoral, tampoco un proceso de información, ni mucho menos son aquellas tareas de participación que algunas empresas realizan.

¿Qué se somete a consulta?

Según el convenio de la OIT, cualquier medida administrativa o legislativa que pudieran afectar directamente a los pueblos indígenas.

Por ejemplo, las leyes de carácter general, como las que se encuentran en el Código Civil o el Código Penal, estas leyes no requieren ser consultadas.

Sin embargo, leyes como la recientemente aprobada, Ley Forestal, que tiene una parte en la que se modifica el régimen de acceso de los bosques para los pueblos indígenas. Al menos esta parte de la ley, sí tiene que ser consultada.

Por otro lado, en el caso de una ley que regula la educación intercultural-bilingue de los Pueblos Indígenas está sí deberá ser consultada en su totalidad porque está cambiando la situación jurídica del derecho a la educación que es uno de los derechos que tienen dichos pueblos.

¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo? ¿Este derecho a la consulta supone el derecho a veto?

La finalidad del proceso es llegar a un acuerdo, lo ideal sería alcanzarlo. Pero, ¿qué ocurre si no se alcanza? En esos casos, el Estado peruano tiene la posibilidad de tomar la medida, pero siempre respetando los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, no existe un veto.

Lo importante en asegurar siempre que, cualquiera sea la medida adoptada por el Estado, esta se dé en el marco de lo que señala la Constitución y que siempre estén garantizados los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la vida, al territorio, a la salud y a la identidad cultural.

¿Este derecho es un riesgo para las inversiones?

No es un ningún riesgo para las inversiones. Esto porque ya existen muchas experiencias en varios países en los que es posible continuar con las inversiones respetando a los pueblos indígenas y consultando con ellos previamente.

Por otro lado, los proyectos pueden mejorarse, pueden tener un clima social más importante y desarrollado a partir de este diálogo.

Es importante señalar en este punto que los proyectos de inversión están vinculados con un conjunto de decisiones del Estado. Lo que se consulta es la decisión administrativa que otorga algún tipo de licencia a las inversiones. Este proceso de otorgamiento de licencias esta acompañado de otro conjunto de instrumentos, como por ejemplo, los estudios de impacto ambiental o los análisis sobre impactos sociales. Es todo este conjunto de medidas lo que asegura que las inversiones van a ser ambiental y socialmente responsables.

A eso se le va a agregar ahora el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Para la Defensoría del Pueblo, esta nueva herramienta puede ayudar a tener inversiones cada vez mejores en nuestro país.