Tierras y agua: algunos temas pendientes
El problema agrario sigue siendo, en mucho, el problema de la tierra; y dado que este va cambiando a través de los años, también lo hacen, en consecuencia, las políticas sobre tierras. Algunas medidas que el nuevo gobierno debería considerar son las siguientes:
Retomar el proceso de saneamiento de la propiedad rural y actualizar lo ya titulado (producto de una importante inversión del Estado, empieza ha quedar desactualizado).
Terminar de titular a las comunidades campesinas y nativas, respetando la propiedad comunal (y no estimular su parcelación, como hicieron el PETT y Cofopri).
Estudiar y proponer un sistema impositivo que desaliente la formación de latifundios. El artículo 13 de la Ley 26505, de 1995 (Ley de Tierras), faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar un impuesto sobre la propiedad de la tierra, el cual puede ser progresivo y acumulativo.
Estudiar mecanismos de garantía de créditos, distintos de la hipoteca, para evitar el remate de tierras en caso de incumplir con esos compromisos debido a lo riesgoso que puede ser la actividad agraria.
Revisar y concordar la copiosa legislación sobre tierras agrícolas.
Permitir y promover el acceso de la pequeña y mediana agricultura a las nuevas tierras de cultivo ganadas por los grandes proyectos de irrigación.
Respecto al agua, en 2009 se aprobó la Ley General de Recursos Hídricos, que requiere ser mejorada y cuya implementación aún no 
es completa. Es necesario:
Completar la organización de la Autoridad Nacional del Agua: deben instalarse las catorce autoridades administrativas del agua definidas por la ANA y conformar su consejo directivo, permitiendo así la participación de la diversidad de usuarios. Asimismo, debe instalarse el Tribunal de Resolución de Controversias Hídricas.
Impulsar la conformación de los consejos de recursos hídricos de cuenca, en coordinación estrecha con los gobiernos regionales. Esto permitiría avanzar en la descentralización, formando regiones que superen la actual división política del territorio.
Completar la reglamentación pendiente: el reglamento de organizaciones de usuarios, de operadores hidráulicos y de retribuciones económicas por el uso del agua.Reconocer los usos y costumbres en la gestión y derechos del agua de las comunidades campesinas y nativas, facilitándoles también el acceso a licencias de uso del agua, con lo que se les otorga seguridad jurídica.
Por lo demás, el gobierno debería revisar la tradicional política de comprometer grandes inversiones públicas en obras de irrigación en la costa, en lugar de realizar medianas y pequeñas irrigaciones, sobre todo en la sierra, en beneficio del desarrollo regional, de la agricultura familiar, de la seguridad alimentaria del país y de una más ventajosa inclusión del pequeño productor en el mercado.
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