Por Denise Ledgard

Instituto de Cultura Política

Columna especial

Parte I: La Procuraduría Anticorrupción

Cuando se desmoronó el gobierno de Alberto Fujimori y éste huyó a Japón, se abrió una ventana de oportunidad para poner en marcha una política anticorrupción efectiva, articulada y coherente. Pero, increíblemente, en un país fuertemente marcado por escándalos de diverso tipo, han pasado más de 10 años y aún no se inicia un combate serio contra esta mácula que corroe los cimientos más profundos de nuestra sociedad.

Esto es aún más grave si se tiene en cuenta que la corrupción es un tema sensible para la opinión pública. En el 2010, a pedido de Proética, IPSOS Apoyo realizó una encuesta en la cual encontró que las preocupaciones ciudadanas habían mutado: la pobreza y el desempleo ya no eran considerados los problemas más graves; los temas más relevantes para la gente, hoy, son la corrupción (56%), la delincuencia y el consumo de drogas.

¿Por qué se ha producido esta metamorfosis? Basta abrir los diarios, o entrar a Internet, para encontrarse con una multitud de escándalos sin resolver. En el reciente período de Alan García, por ejemplo, se cuentan el caso “Petroaudios –BTR”, la exportación a precios ridículos de nuestras reservas de gas, el caso Comunicore (sobreprecio en la construcción del Metropolitano), el caso del cobro de peaje en El Callao (que involucró al ex alcalde Alex Kouri), el sospechoso indulto a José Enrique Crouisillat, los presuntos “faenones” de Jorge Del Castillo, la pérdida de documentación en el Ministerio de Salud, el tráfico de tierras en Cofopri, las indemnizaciones jugosas del ex ministro del Interior FernandoBarrios, etc, etc!. Y eso que faltarían los escándalos vinculados al narcotráfico.

Ahora estamos frente a un nuevo gobierno que levantó, orgulloso, la bandera de la anticorrupción durante la campaña y la sigue haciendo flamear, ya en el discurso oficial. Aunque es temprano para emitir juicios, ha habido algunos indicios preocupantes, como el extraño viaje de Alexis Humala, hermano del presidente, a Rusia; o el caso del congresista de Gana Perú Eulogio Romero y sus vínculos con la extracción ilegal del oro en Madre de Dios. A la vez, se han anunciado medidas como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en agravio del Estado y la creación de la Comisión Anticorrupción (que en realidad es la misma que supuestamente funcionaba desde el gobierno pasado).

Pero el Gobierno no parece haber analizado qué es lo que (no) se ha hecho, desde el Estado, durante los 10 últimos años, cuando supuestamente la lucha anticorrupción debió haber sido central en la agenda de gobierno. Tampoco se han identificado las medidas o prácticas exitosas, a nivel local, que podrían elevarse a nivel de Gobierno Central, y que articularían a todos los actores alrededor de políticas eficientes.

No se ha abandonado esa visión restrictiva penal, que pretende hacer creer que, con menos beneficios penitenciarios o la imprescriptibilidad de delitos, se combatirá este mal. A la vez, se insiste en la creación de más Comisiones, Consejos, ONAs (Oficina Nacional Anticorrupción) e INAs (Iniciativa Nacional Anticorrupción), que suelen tener la mágica cualidad de dejarnos en el mismo lugar en el que estamos desde hace mas de una década. Todo ello mientras la corrupción de todo calibre sigue y campea.

Así que hagamos esta revisión sobre las principales medidas adoptadas desde el Estado, comenzando por la Procuraduría Anticorrupción.

¿Qué pasó con la Procuraduría Anticorrupción?

Durante el Gobierno de Transición y parte del Gobierno de Toledo, la atención se centró en la persecución, captura y procesamiento de los corruptos. Eso es lo que la opinión pública pedía; que caigan los corruptos políticos, altos funcionarios, militares de alto rango, empresarios, entre otros, que hayan estado involucrados en la organización criminal fujimorista. La lucha anticorrupción se redujo a la lucha contra la mafia fuji-montesinista.

En la lucha contra la mafia Fuji-montesinista, el subsistema de la justicia penal anticorrupción logró triunfos importantes: más de 200 procesos abiertos, casi 1,500 procesados, 30 condenas y $175 millones repatriados.

Sin embargo, vinieron una serie de escándalos de corrupción en el Gobierno de Toledo, así que el único brazo anticorrupción que existía con relativo éxito, empezó a tambalearse. La Procuraduría Anticorrupción Ad-Hoc para los casos de Fujimori y Montesinos, liderada en sus inicios por José Carlos Ugaz y luego por Luis Vargas Valdivia, sufrió un revés y perdió varios de sus cuadros. El sucesor fue Antonio Maldonado, pero debido a los contratiempos e interés políticos dentro de la procuraduría y esta fue perdiendo protagonismo.

El desmantelamiento y Crisis de la Procuraduría Anticorrupción

Durante el Gobierno de Alan García se habría debilitado claramente a la Procuraduría. Según la coordinadora de la Comisión de Transferencia, Marisol Espinoza, durante ese periodo se habria desmantelado la Procuraduría Anticorrupción, pues disminuyó de manera escandalosa el número de abogados dentro de dicho organismo –de 54 a 13- y el procurador encargado Pedro Gamarra perdió facultades.

Este desmantelamiento comenzó desde que Alan Garcia asumió el gobierno. Sobre todo, debido a la influencia del coordinador de los procuradores del Estado desde el 2006, el Presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado (CDJE), el aprista Moisés Tambini del Valle, quien había sido abogado de Alan García y fue nombrado en ese cargo por la ex ministra de Justicia, María Zavala. Tambini criticó las apelaciones presentadas en los casos anticorrupción archivados y obstaculizó las investigaciones. Sobre este punto, Tambini declaró a Perú.21, "en un caso penal en que haya operado la prescripción, ¿para qué se va a interponer recursos impugnatorios? Si se tiene que declarar la prescripción no queda otra cosa”. (Perú 21, 31oct. 2006),

Asimismo, entre las personas que salían de la Procuraduría estaba la abogada a cargo de la investigación fiscal a Luis Giampietri, denunciado por las presuntas irregularidades en 11 licitaciones convocadas por el Comité de Adquisiciones de la Marina, que él presidió entre 1994 y 1995. Tambini habría también presionado al vocal del juicio por difamación con el que Giampietri pretendió amedrentar al procurador Maldonado. Además, la jueza Nancy Ávila, esposa de Tambini, fue una de las que firmó la prescripción del caso frontón. Finalmente, el Útero de Marita (22.05.08) publicó en su momento que Tambini se habría visto envuelto en trafico de influencias en el que intervinieron Giampietri y el ex canciller fujimorista Tudela, que culminaron en una demanda infundada contra el padre del ex canciller en todas las instancias, siendo la esposa de Tambini también la que resolvió la apelación en segunda instancia.

¿Y los casos? ¿Y los corruptos?

Este estado crítico dentro de la procuraduría contrasta con la declaración que en el 2010 hizo Jorge Luis Caldas (Crónica Viva 02.10.10), informando que dentro de Lima había 1,863 casos de corrupción, 7,042 a nivel nacional. La gran pregunta reside en lo siguiente: ¿Si solo en ese año los casos de corrupción estaban por llegar a los dos mil cómo es posible que en la Procuraduría solo trabaje el reducidísimo número de 13 abogados?

El 3 de octubre de este año, ¡La República informa lo mismo! Son 7,000 los casos pendientes a nivel nacional, 2,000 en Lima y 5,000 en el interior. ¿Qué se hizo en el ultimo año? Los casos de corrupción estan prescribiendo. El hasta hoy procurador encargado Pedro Gamarra informó que los delitos comenzaron a prescribir en el 2010 de acuerdo a las penas. Así tenemos que delitos como asociación ilícita para delinquir (que con la interrupción de la prescripción tiene un plazo de 9 años) están prescribiendo. Gamarra advirtió que son 145 casos que han prescrito solo en el último año.

Entonces, ¿qué se ha hecho en estos ultimos 10 años? Además de la ineficacia de la Procuradoria, ha quedado clara la corrupción alrededor de ella y la inmensa falta de voluntad y decisión política de resolver los casos con mayor celeridad. Vemos que desde que asumió el gobierno Alan García, los procuradores (o los pocos que quedaban) tuvieron que enfrentarse solos a la maquinaria -desde la carcel o fuera de ella- del grupo de corruptos más terribles que ha tenido el país. Esperemos que con la reciente designación de Julio Arbizu como procurador Anticorrupcion, pueda revertirse en algo esta situación y que la Procuradoría además investigue la inmensa corrupción sucedida en el gobierno que acaba de salir.