¿Que hace una gran compañía multinacional cuando el estado peruano le exige el cumplimiento de sus obligaciones? Como señala Emilio Camacho, periodista de IDL-Reporteros, hacer lo que rutinariamente otras grandes empresas hacen en el país cuando se hallan en esas situaciones: hacer uso de todas las maniobras y artimañas legales o ilegales que les permitan aplastar cuanta acción regulatoria se le presente. Este es el caso de Telefónica del Perú.

La empresa española de telecomunicaciones, ante la millonaria deuda impuesta por la SUNAT, viene llevando a cabo un turbio proceso legal el cual ha sido investigado por Camacho; hecho que se enmarca inevitablemente dentro de las negociaciones que esta empresa viene sosteniendo con el gobierno para poder seguir brindando el servicio de telefonía celular.

Teniendo en cuenta este precedente, Camacho afirma según lo dicho por sus fuentes, que la negociación por la renovación de la licencia de funcionamiento entre el gobierno y Telefónica "no va a ser amigable". En esta investigación, Camacho informa sobre la naturaleza de la deuda de la empresa, formula importantes preguntas sobre cómo ésta pudo obtener una provisoria rebaja del 45% del monto exigido por la SUNAT y, sobre todo, cómo se liga este proceso con las negociaciones que Telefónica ha emprendido con el gobierno para la renovación de su licencia y su situación financiera.

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Por Emilio Camacho.-

La relación entre el Gobierno y la empresa Telefónica es ahora hostil. No se trata de un caso de teléfono malogrado sino de impuestos no pagados y de una probable decisión estatal de no renovar la licencia para telefonía móvil con Telefónica.

Esta historia, hasta hoy poco conocida, que puede cambiar el medio por el que los peruanos hablamos por celular, empezó cuando la Sunat acotó a Telefónica una deuda tributaria por aproximadamente 2,000 millones de soles.

Telefónica no estuvo de acuerdo y llevó el caso en disputa al Tribunal Fiscal.

Pero, el 27 de diciembre de 2010, el Tribunal resolvió que la deuda en impuestos no pagados de Telefónica (por los años fiscales de 2000 y 2001) no era de 2000 sino 2132 millones de soles (aproximadamente 775 millones de dólares al cambio actual).

Ante ese fallo, Telefónica hizo lo que muchas de las compañías más poderosas del país realizan rutinariamente: aplastar las acciones regulatorias del Estado llevando el caso al Poder Judicial, donde los más fuertes estudios de abogados se enfrentan a la débil capacidad de defensa del Estado; y a la poca preparación en unos casos y corrupción en otros de funcionarios fiscales y judiciales. IDL-R ha documentado ello tanto en la industria minera (Ver: “La impotente regulación”); como en la pesquera: (Ver: “Sanciones no aceptadas y discrepancias de pesaje”).

Siguiendo ese patrón, para no pagar la deuda,Telefónica llevó el caso al Poder Judicial.

El 17 de marzo de este año la compañía demandó a la Sunat y el Tribunal Fiscal ante el Octavo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio a cargo del juez Carlos Cueva Anduviza. La Procuraduría del Ministerio de Economía, dirigida por Patricia Velasco, notificada por primera vez el 4 de abril, asumió el litigio en representación del Estado.

Entonces ocurrió algo extraño. El 5 de julio, el juez Cueva remitió el expediente del caso a la Tercera Fiscalía provincial en lo Civil de Lima. Un mes después, el 24 de agosto, la fiscal Rosanna Trillo Flores determinó que la deuda de Telefónica debía reducirse en 971 millones de soles.

La pelea en el CIADI

La estrategia legal de Telefónica no solo incluye al Poder Judicial sino a organismos internacionales. El 2 de setiembre, la empresa demandó al Estado ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). El proceso es tan reciente que todavía no figura en la página web de la CIADI.

IDL-R intentó entrevistar al presidente de Telefónica en el Perú, Javier Manzanares, pero solo logró hablar con su gerente de comunicación corporativa, Guillermo Denegri, quien dijo que la empresa se mantendría en silencio.

Para agregar leña a la hoguera tributaria Sunat ha hecho una nueva acotación  a Telefónica, por 1741 millones de soles. Esta nueva acotación se disputa actualmente en el Tribunal Fiscal.

Frente a ese cúmulo de litigios administrativos y judiciales, el Estado respondió esta vez con inusitada decisión: le hizo saber a Telefónica que su posición en las negociaciones para la renovación de las licencias de telefonía móvil, no iba “a ser amigable”, según una fuente con conocimiento de causa.

Ahí las cosas cambiaron. El Perú es uno de los mercados más rentables  para Telefónica en Latinoamérica. Y Latinoamérica, según indicó a IDL-R una fuente experta que pidió reserva de identidad, “es la tabla de salvación para Telefónica”, que confronta muy serios problemas a nivel mundial (ver recuadro).

Las licencias de Movistar para Lima y Callao vencieron en mayo y junio de este año; y la concesión de telefonía móvil de Telefónica para el interior del país vence en enero de 2012.

En ese ambiente de ansiedad empresarial,  el embajador de España en el Perú, Javier Sandomingo, logró, según fuentes con conocimiento de causa, una breve conversación privada con el presidente Ollanta Humala, durante la recepción por el Día Nacional de España, el pasado 12 de octubre. Ahí, Sandomingo expresó la preocupación de su Gobierno por el tema. El presidente Humala respondió al embajador que Telefónica debe pagar su deuda tributaria, de acuerdo con lo que ha podido averiguar IDL-R.

Lo que define ahora el caso es el suspenso. Pronto se tornará en precedente.