LaMula.pe estuvo presente en el VII Congreso Latinoamericano de Antropología Forense en Ayacucho y aprovechó la ocasión para entrevistar al fiscal Avelino Cáceres, de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, sobre la labor del Ministerio Público en la zona y sobre los casos más emblemáticos en los que ha participado.

CASO ‘CABITOS’

El cuartel militar N-51, más conocido como ‘Los Cabitos’, se instaló al norte de lo que ahora es el aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte, en Huamanga (Ayacucho) en 1983, y se mantuvo en operaciones hasta el año 85 .

Durante esa época, la base funcionó como un centro de reclusión, pero hay reportes de numerosas ejecuciones extrajudiciales perpetradas aquí. Se calcula que alrededor de 136 personas fueron ejecutadas en este cuartel y luego enterradas en fosas clandestinas.

En el año 2005 se  iniciaron las exhumaciones en esta área y hasta el momento se han recuperado más de 100 cadáveres enterrados en fosas individuales y colectivas.

Esto es lo que nos dijo Cáceres sobre el trabajo realizado por la fiscalía en este lugar:

El caso más importante que tenemos es el de ‘Cabitos’; nos ha requerido un esfuerzo a nivel de Ministerio Público en el cual, incluso a nivel de las más altas instancias, se ha generado un presupuesto especial para lograr este trabajo. Ha implicado la movilización de grandes cantidades de tierra, uso de maquinaria pesada e incluso contratación de gran cantidad de obreros. Ha sido un trabajo arduo que ha demorado años, pero el resultado ha sido positivo, se ha logrado rescatar los cuerpos de más de 100 individuos.

Por otro lado, Cáceres dijo a LaMula.pe que se ha encontrado la base de construcción de un horno donde se calcula que fueron incinerados alrededor de 300 cuerpos. Alrededor de dicho horno se encontró gran cantidad de restos óseos:

Los presuntos actores han intentado que no se pueda identificar a estas personas, esto implica que muchas de ellas han sido enterradas sin ningún tipo de prendas de vestir que contribuyan al tema de identificación. Eso no nos permite trabajar con una hipótesis de un periodo de tiempo específico, es incierto.

Se ha encontrado restos de un horno que posiblemente ha sido utilizado para cremar restos humanos; esto se infiere porque se ha encontrado dentro del horno restos calcinados y, en otros lugares, pequeños montículos de huesos calcinados.

El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación hace referencia a estos hornos a través de un testimonio protegido:

…el horno se construyó en una zona aledaña al Cuartel Los Cabitos, a la que se tiene acceso por una vía carrozable, que cruza la parte final de la pista de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad de Ayacucho (…) para construir el horno , los soldados del INGUAR empezaron a cavar y encontraron algunos cadáveres… Se hacía un hueco de un metro y medio, en la madrugada se llevaba a la gente, donde los sepultaban y sobre la misma se colocaban algunos cactus…

…Luego de haber concluido la construcción del horno, el declarante y los demás integrantes del INGUAR se encargaron de desenterrar los cadáveres que se encontraban enterrados en las zonas aledañas donde se construyeron las cuadras de los soldados y el mismo horno.

El uso de estos hornos había sido mencionado por Ricardo Uceda en su libro “Muerte en el pentagonito” (2004), en el que, gracias al testimonio del ex-agente de inteligencia Jesús Sosa, se consiguió mayores detalles sobre estos hornos y sus locaciones. Precisamente Sosa habría sido el encargado de desenterrar cadáveres e incinerarlos.

Por otro lado, Cáceres dijo a LaMula.pe, que el mayor problema que tuvo la Fiscalía en el avance del trabajo en Los Cabitos fue de logística; a su vez, aclaró que las Fuerzas Armadas en todo momento se mostraron dispuestas a colaborar:

El sistema de administración de justicia no está diseñado para investigaciones a gran escala, no está creado para eventos de grandes magnitudes (…) Las dificultades que hemos tenido en el caso han sido logísticas. Desde que yo ingresé a la Fiscalía, en el año 2006, nunca ha habido problemas o dificultades con las Fuerzas Armadas en el desarrollo de nuestro trabajo.

CASO ‘UMASI’

Cáceres también se refirió al ‘Caso Umasi’, la masacre ocurrida en 1983 en la frontera de las provincias ayacuchanas de Víctor Fajardo y Lucanas.  En diciembre del 2009, 26 años después de la matanza, se iniciaron las exhumaciones en la zona y se recuperaron 30 cuerpos; de estos, 25 pertenecían a niños.

De las investigaciones se infiere que se trató de un secuestro o una retención por parte de elementos terroristas respecto a la población civil. Fueron llevados desde su lugar de origen, la comunidad de Racjaya, hacia la comunidad de Umasi. Transitaron durante horas de la noche, luego Las Fuerzas Armadas les  les dieron alcance, parece que hubo un uso desmedido de la fuerza y el operativo militar no solo se centró en detectar elementos subversivos y neutralizarlos, sino que las personas que habían sido secuestradas terminaron siendo victimadas.

Lo que se especula es lo siguiente: los campesinos probablemente habían sido reclutados por elementos de Sendero Luminoso para un adoctrinamiento en la comunidad de Umasi. Luego de ser trasladados por más de 10 horas hasta la comunidad, ellos y sus secuestradores pasaron la noche en la escuela del lugar. Los militares, que los seguían desde Racjaya, fueron alertadas de su paradero. Sin embargo, en vez de proteger a los pobladores e identificar a los miembros de Sendero Luminoso, asesinaron a todos los presentes y los enterraron en tres fosas cerca a la escuela.

El 31/10/1983, en el poblado de Racjaya, distrito de Canaria, miembros del PCP-SL incursionaron en la zona y reclutaron a  54 comuneros, entre hombres, mujeres y menores de edad, conduciéndolos a la escuela del poblado de Umasi, donde pernoctaron. Enterados de la situación, miembros del Ejército Peruano atacaron la escuela, produciéndose un enfrentamiento en la que murieron 55 personas identificadas, todas naturales de Racjaya (fragmento tomado de la CVR)

Finalmente, Cáceres dijo a LaMula.pe que el Estado ha aprendido muchas lecciones sobre cómo tratar temas de terrorismo.  ”Las lecciones de parte del propio Estado sí se han venido aprendiendo o asimilando. En actos contra el terrorismo que se desarrollan a la fecha en el VRAE, ante enfrentamientos se tiene en consideración a la sociedad civil, representada por los fiscales, a los cuales se nos comunica para que asumamos la dirección de las investigaciones. Una diferencia sustancial a lo sucedido en el conflicto armado interno, donde se ha producido una masiva violación a los derechos humanos. Es una lección aprendida muy importante”, concluyó el fiscal.