Lima, (EFE).- Los conflictos sociales en torno a la minería han resucitado en los últimos días en la sierra de Perú y amenazan con debilitar la base popular del Gobierno de Ollanta Humala, que ofreció solucionarlos durante su gestión.

Con poco más de cien días en el Gobierno, el régimen de Humala, quien participa en Hawai en la cumbre del Foro APEC, inició un intenso período de negociaciones con pobladores de distintas regiones del país para intentar convencer a los antimineros de aceptar una solución pacífica a sus reclamaciones.

A pesar de que estos conflictos son constantes desde hace una década, la situación se agravó nuevamente a partir del lunes pasado, cuando cerca de 14.000 personas marcharon en la región de Cajamarca para rechazar el proyecto aurífero y cuprífero Conga.

Esa manifestación, realizada contra la empresa minera Yanacocha, la mayor productora de oro de Sudamérica, terminó sin mayores incidentes, pero la situación fue diferente en la provincia sureña de Andahuaylas, donde el jueves se presentaron violentos enfrentamientos con la policía que dejaron unos 80 heridos.

Los habitantes de las provincias de Andahuaylas y Chincheros exigen que su territorio sea declarado libre de minería con la anulación de proyectos de las empresas Ares y Apurímac Ferrum, en fase de exploración, y de la minería ilegal.

Tras los enfrentamientos, las autoridades peruanas suscribieron hoy un acta que comprometía al Gobierno a estudiar la exigencia de suspender la minería en esas provincias, pero los manifestantes se negaron a suspender el paro y amenazaron con radicalizar su protesta.

Una situación similar se vivió en la región Ancash, al norte del país, donde los habitantes bloquearon varias importantes carreteras para exigir que las empresas mineras Antamina y Huallanca aumenten su inversión social y mejoren la protección medioambiental.

Esto obligó a que los ministros del Interior, Oscar Valdés, y de Energía y Minas, Carlos Herrera, viajasen hoy a reunirse con los dirigentes de varias comunidades de la provincia de Huari.

Al término de esos encuentros, los ministros suscribieron un acta en la que prometieron que el presidente Humala recibirá en 15 días una delegación de cien personas, entre dirigentes y comuneros.

A esa cita, que se celebrará en el Palacio de Gobierno de Lima, también se invitará a los directivos Antamina y Huallanca.

El ministro Valdés aseguró que los habitantes ofrecieron desbloquear las carreteras y dijo que el Gobierno ha decidido solucionar los conflictos de manera inmediata para evitar situaciones como las presentadas en Ancash y en Andahuaylas.

"Cuando (los conflictos) se van dilatando y no se atienden, a veces hay este tipo de problemas", agregó.

Para lograr esto, dijo que se ha conformado un comité de crisis integrado por seis ministros, mientras que el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, invocó a los peruanos "a cerrar filas en defensa de la democracia y la unidad nacional".

Lerner aseguró hoy, en un comunicado oficial, que existen "operadores políticos que buscan la violencia y el caos, en momentos que el Gobierno está desplegando todos los esfuerzos por encontrar consensos en la solución de conflictos sociales".

Afirmó que el Gobierno "ha heredado por lo menos 200 conflictos sociales", pero que no se va a caer "en el juego de aquellos pequeños grupos interesados en sembrar el caos y la violencia y que pretenden boicotear la imagen internacional que ha ganado Perú".

El recrudecimiento de los conflictos sociales se presenta cuando la popularidad de Humala ha descendido al 56 %, diez puntos menos que en octubre, al parecer a causa de las acusaciones de tráfico de influencias contra su vicepresidente segundo, Omar Chehade.