Un buen amigo, que trabaja en el estado, me envía este texto. No puedo identificar al autor pues expresa preocupaciones personales que no son necesariamente de consenso al interior de su sector o del gobierno en general. Me parece muy sugerente en el análisis la correlación entre cambio de base social (crecimiento en Ay B y caída en los de abajo) y reinicio de la protesta social, así como la alerta sobre la posible recaída en teorías conspirativas sobre los conflictos en marcha, tipo “Patria Roja quiere tumbarse la Gabinete Lerner Lerner” o “Marco Arana fracaso en posicionarse en las elecciones 2011 y ahora quiere hacerlo de cara al 2014 y 2016” o “Es el Fujimorismo agitando en Andahuaylas, pues Germán Altamirano ha estado por ahí.” Lo de PR tomando el Gabinete después de derrocar al Premier Lerner es sicótico, lo de Marco Arana posicionándose es legitimo (acaso solo Tierra y Libertad piensa en las siguientes elecciones?), y la presencia de Germán Altamirano es real (de paso, el es de ahí), pero también han actuado en ese conflicto muchos dirigentes que son nacionalistas. Ahora, en los tres casos, con un análisis centrado en los actores políticos y sus (malas) intenciones, desaparecen las contradicciones reales que hay en esos territorios entre diferentes intereses. Es como si dijéramos que el movimiento campesino de los 70 existió por Edmundo Murrugara y los entonces jóvenes activistas de VR se dedicaron a desinformar a los campesinos. Nadie publicaría un libro de historia serio basado sobre esa hipótesis, no?

Los recientes conflictos son la manifestación del fin de la tregua que le brindaron los sectores que apoyaron a Ollanta Humala desde la primera vuelta a la espera  que iniciara la implementación de los cambios que durante la campaña electoral ofreció.  El descenso del nivel de aprobación entre los sectores C-D - E, del que da cuenta CPI en reciente encuesta,  es otra manera en que esa protesta se expresa.

Sin duda que la reubicación en el espectro político de Humala,  ocurrida entre la primera y segunda vuelta,   iba a tener impacto en  la envergadura  y profundidad de los cambios que originalmente ofreció.  El respaldo electoral obtenido no era suficiente como para mantener la propuesta inicial.  Era ingenuo pensar que luego de llegar al poder Humala iba a poder cumplir con sus  propuestas más radicales.

A pesar de eso,  nos sorprendió positivamente con el nombramiento de su gabinete, la aprobación de la consulta previa y el gravamen minero.  Pero, nos dejó en la incertidumbre cuando se anunciaron los cálculos respecto a la inversión minera y petrolera de los próximos años,  sin tener la misma precisión para los cambios institucionales que se debían realizar en las políticas  sobre el uso del territorio y la  promoción  y fiscalización de las actividades extractivas. Era un avance parcial,  pero que resulta  insuficiente  si no se explicita de qué manera se van a tratar los puntos de vista enfrentados  entre comunidades y empresas.

Y es que sería un error pensar que los recientes conflictos se explican exclusivamente por razones de  estrategia  política de los sectores que se hallan más a la izquierda del gobierno, tal como se plantea desde las posiciones más fanáticamente pro- mineras. Se equivocarían el presidente y el ministro Lerner si  utilizan los mismos argumentos que el gobierno anterior   para explicar la razón de los conflictos y  golpear  a los nacionalistas que respaldaron las protestas. El gobierno, más que reprimir,  requiere  disputar políticamente con estos sectores mostrando que sí es posible hacer cambios en las políticas públicas  y que éstas sí pueden ser producto de un diálogo que involucre a las empresas y la sociedad civil.

Optar por un análisis puramente “político” desde un enfoque conspirativo  de los conflictos sólo producirá que la acción del gobierno descanse sobre la recuperación del orden público basándose principalmente en la fuerza.  Es claro que durante  la década pasada esta manera de explicar los acontecimientos llevó al incremento de los conflictos y el número de víctimas.

El presidente debe retomar su liderazgo y capacidad de leer los acontecimientos que demostró durante la campaña electoral, de  modo tal de evitar que su gobierno termine   siendo un remedo del aprismo en la manera como enfrenta los conflictos.