Culminados sus primeros 100 días de gobierno, el Presidente Ollanta Humala y su gabinete están enfrentando una ola de conflictos asociados con la actividad minera en las zonas rurales de nuestro país. En algunos casos como el de Ancash, se trata de una demanda re-distributiva planteada por las autoridades de los poblados que reciben una parte menor de los recursos del canon minero. En los casos de Cajamarca, Apurimac, Moquegua, y Tacna, se trata de un rechazo a la actividad minera por sus impactos negativos sobre las fuentes de agua de las que depende el consumo humano y la agricultura, que es la principal, sino única, fuente de ingresos de la enorme mayoría de las poblaciones de esas regiones del país. En Madre de Dios, se trata más bien de la reacción de los mineros informales ante la justificada intervención del gobierno contra las dragas de la minería ilegal que está destrozando los ríos y los bosques de esa parte de la Amazonía.

En relación a los conflictos contra la minería en la sierra peruana,  como es el caso de Mina Conga, en Cajamarca, la población local no reconoce un Estudio de Impacto Ambiental que ha sido aprobado apresuradamente y con procesos de audiencias en los que la mayoría de los participantes trabajaban para la empresa, ni acepta la propuesta de reemplazar con  reservorios las lagunas naturales que serán destruidas. En Andahuaylas y Chincheros, en Apurímac, la población rechaza toda actividad minera –la ilegal y la legal, la artesanal y la mediana y grande-. En Tacna y Moquegua la población teme que nuevas operaciones mineras se lleven para si toda el agua, que ya es sumamente escasa en esa región.

La desconfianza y el rechazo de la población de las zonas alto-andinas respecto de la minería se sustentan en la experiencia. En el caso de Cajamarca, se ha comprobado que –pese muchos estudios técnicos presentados- Minera Yanacocha ha tomado para si toda el agua de la cuenca del Rio Grande que antes consumía la ciudad de Cajamarca. Como resultado, la ciudad consume hoy agua usada y reciclada por la minera, y es la población de Cajamarca la que arriesga su salud y termina pagando los elevados costos de purificar el agua que previamente ha sido usada y contaminada por Yanacocha.

En muchas otras partes del país, incluida Lima Metropolitana, muchas empresas extractivas así como intereses inmobiliarios e industriales quieren seguir operando como antes- ignorando los impactos ambientales negativos de sus actividades y la opinión de las poblaciones locales. El caso más conocido es el de Lurín, pulmón de la ciudad amenazado por cementeras, urbanizadoras e industriales, pero esta situación se repite en muchas otras partes de la ciudad frente a una creciente resistencia social de las poblaciones locales.

DECISIONES GRAVES QUE PREOCUPAN

Lamentablemente, en reciente conferencia del Presidente Ollanta Humala, al tratar sobre el proyecto Conga, ha dejado claro que su opción es por la Empresa Yanacocha, y contra la población de Cajamarca, las autoridades distritales y provinciales y el Gobierno Regional. El Presidente dice que quiere el agua y el oro, repitiendo tal cual la frase con la que la empresa quiere convencer respecto de la viabilidad de su proyecto. Pero hay dudas muy serias sobre la real posibilidad de reemplazar las lagunas y su rol central en el ecosistema de esas cabeceras de cuenca por otras artificiales. En la práctica, en este caso, no es posible tener oro y agua al mismo tiempo y el Presidente está apoyando la extracción del oro sobre la preservación de las fuentes de agua en esa región. Está optando por la empresa y contra el medio ambiente y la gente.

Peor aún, ha anunciado que en lugar de fortalecer al Ministerio del Ambiente, busca descuartizarlo llevándose a la Presidencia del Consejo de Ministros la Autoridad Nacional del Agua, la fiscalización ambiental y los Estudios de Impacto Ambiental. En todas partes del mundo se avanza en fortalecer una autoridad ambiental autónoma de la promoción de inversiones y del poder político, el Presidente acá anuncia lo contrario.

Ese no es el camino a seguir. Esos anuncios no pueden ponerse en práctica. Esas decisiones son graves y tienen que rectificarse. Llamamos al Presidente Humala, al Premier Lerner, a los ministros y parlamentarios de Gana Peru, especialmente a los que vienen de la izquierda, a la rectificación de esta equivocada decisión que tendrá sin duda graves repercusiones para la población cajamarquina quienes han reaccionado con justicia y firmeza llamando a un paro indefinido desde el 24 de noviembre.

PRESIDENTE HUMALA: ESCUCHE LA VOZ DE LOS PUEBLOS

Frente a los conflictos en curso contra las malas prácticas de la minería en los Andes, el Gobierno del Presidente Humala  - debe marcar una diferencia sustantiva con las respuestas que han venido dando los gobiernos de Fujimori, Toledo y Garcia. Esos gobiernos ignoraron las causas de los conflictos, optando por responsabilizar de todo a agitadores radicales, acusando a la gente y las autoridades de no entender la importancia de las rentas que estas inversiones traen, y reprimiendo a los que cuestionan la actividad minera o se oponen a ella. La política del “Perro del Hortelano” de Alan García debe ser superada y no puede seguir guiando los actos de este gobierno. Los 3 mil millones de soles ofrecidos por las empresas no son argumento suficiente para imponer la minería por sobre la voluntad de la gente ni sobre la necesidad de cuidar nuestras fuentes de agua.  Acusar de radicales a quienes se movilizan u opinan diferente, como Tierra y Libertad y sus líderes como Marco Arana, y mantener criminalizada la protesta social no arregla nada, solo empeora las cosas.

El Gobierno del Presidente Humala tiene aun la oportunidad de plasmar en el sector energía y minas la gran transformación ofrecida al país. En este camino, para ser consecuente y firme con sus compromisos electorales, y rectificando los anuncios recientemente hechos, le planteamos la necesidad de poner en práctica las siguientes medidas:

Moratoria y revisión de concesiones mineras e hidro-carburíferas.

Revisión del procedimiento de otorgamiento de concesiones, procediendo solamente aquellas que sean viables en el marco de la zonificación económica y ecológica y que hayan sido materias de consulta previa.

Inmediata reglamentación y puesta en vigencia de la Ley de Consulta.

Inmediata transferencia de la responsabilidad de la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental al Ministerio del Ambiente, revisando los procedimientos de su elaboración, consulta y aprobación.

Fortalecer de manera sustantiva, con recursos humanos y materiales, al MINEM y al MINAM para que puedan cumplir adecuadamente sus funciones relativas a la sociedad y el ambiente.

Inmediata presentación de la Ley de Ordenamiento Territorial, sustentada en una estrategia de zonificación económica y ecológica concertada con los Gobiernos Regionales y Locales y las organizaciones sociales.

Definición de las competencias y funciones de los Gobiernos Regionales y Locales en la gestión del sector extractivo.

En el caso de la minería ilegal que arrasa con la Amazonía, el Gobierno debe proseguir con firmeza su política de eliminación de las dragas y otras operaciones y así poner freno a esa actividad. Pero también atacar –como en el caso del narcotráfico- tanto a los proveedores de capital, maquinarias e insumos como a los comercializadores del oro que se extrae. No tiene sentido concentrar la acción estatal solamente en los trabajadores y pequeños propietarios de esa actividad, sin atacar a los peces gordos que están detrás del negocio.

La implementación de este conjunto de medidas debe permitir que en el Perú se haga solamente la actividad minera e hidro-carburífera que sea ambientalmente viable y socialmente legitima, disminuyendo así los altos grados de conflictividad social que hoy día resulta de la proliferación de proyectos mineros que no son consultados con la población o con las autoridades locales ni regionales y cuyos estudios de impacto ambiental han sido y siguen siendo aprobados por los mismos funcionarios encargados de promover las inversiones.

10.  El gobierno de Humala debe ser consciente que la implementación de estas medidas va a significar que algunos de los proyectos mineros –al no ser ni ambientalmente viables ni socialmente legitimos, no logren la autorización para operar. Por lo tanto es posible que no se hagan realidad los 46 mil millones de dólares inversiones mineras anunciadas por el Primer Ministro Lerner en la Presentación de su Plan de Gobierno al Congreso Nacional y al país. Esta es una decisión sustantiva si en verdad se quiere inversiones que impacten favorablemente al país, respeten el medio ambiente, y cese la conflictividad social.

En consecuencia, es también indispensable que el Gobierno defina y ponga en práctica una agresiva política de diversificación de las fuentes de renta pública y de generación de divisas, dos rubros hoy altamente dependientes de las inversiones mineras y de hidrocarburos. De la misma manera, el gobierno debe abocarse a la cobranza de las grandes deudas tributarias de muchas empresas, así como de sacar adelante una reforma tributaria que le dé recursos frescos para el mayor gasto social que en justicia el gobierno ha prometido hacer.

Tierra y Libertad considera que está en manos del gobierno impedir que la conflictividad social se desborde y tenga costos materiales y costos en vidas humanas. Estamos seguros que estos conflictos se pueden prevenir y evitar con la implementación pronta y consecuente del paquete de medidas que proponemos.