Por: Javier Diez Canseco

El oro ha marcado, desde la conquista, la historia y la política del Perú. Un país primario exportador que ha vivido bajo la influencia de los poderosos capitales extranjeros y sus socios nacionales que controlan estas riquezas. Pero el oro y otros minerales no han sido necesariamente señal de progreso: los mapas de la pobreza se superponen a los de la minería y evidencian que esta riqueza no ha impactado el desarrollo local, regional o nacional, ni ha implicado un cambio significativo en la calidad de vida de la gente.

El país está conmocionado por dos conflictos entre agua/agro y minería. En Andahuaylas y Chincheros (Apurímac), el campesinado se enfrenta a la minería informal que contamina aguas y al funcionamiento de dos plantas de procesamiento autorizadas para operar en la zona. Su demanda: suspender las actividades mineras e implementar mecanismos de control, así como la promoción del agro. Por otro lado en Cajamarca, la  mina Conga, concesión en manos de Yanacocha (Newmont más Benavides), que implicaría, según el proyecto y Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el gobierno anterior, la eliminación de varias lagunas, la afectación de varias cuencas que habitan miles de familias y el uso de mercurio y cianuro.

Yanacocha no es cualquier empresa. Su actividad estuvo, desde el inicio, marcada por el abuso sobre las poblaciones locales, la contaminación y la desfachatada incidencia sobre el poder. Allí están los vladivideos en los que Montesinos instruye a un miembro de la Corte Suprema para que falle a favor de la Newmont en un diferendo sobre la venta de unas acciones con la BRGM francesa, que perdió el juicio. Por supuesto, “todo gratis” y en función del imperio de la ley, la visita de altos funcionarios de la empresa al “asesor” y hasta dos llamadas por teléfono de Peter Romero, del Dpto. de Estado de EEUU (que fue contratado por Newmont al terminar su función pública). Luego, Larry Kurlander, el funcionario que vino a arreglar el asunto, desarrolló un estudio medioambiental, concluyó indicando que Newmont no respetaba los estándares ambientales de los EEUU ni del Perú, y renunció a la empresa. De allí porque la gente recela de Yanacocha y no la quiere. Si a ello sumamos el derrame de mercurio en Choropampa que afectó a la población de la localidad y la pretensión de imponer la explotación del Cerro Quilish que afecta la provisión de agua, no es complicado entender el conflicto social.

Hoy Cajamarca está conmocionada por movimientos que se oponen al proyecto Conga, cuyo EIA ha sido observado en puntos sustantivos por el Minam y requiere reformulaciones y estudios hidrológicos no realizados. Para variar, la empresa tiene también llegada a altas esferas del poder vía uno de los gerentes de los Benavides, vinculado por una vieja relación de militancia trotskista común con el influyente asesor de imagen presidencial, Luis Favre. Claro, ambos se han mudado a la otra orilla del río y ahora inciden para asegurar que Conga va sí o sí, como está, sin mayor preocupación por la licencia social ni por la validez de los estudios cuestionados o ausentes.

El Presidente habló de la necesidad de aprovechar el oro y el agua. En el XI Congreso de la CCP habló de defender prioritariamente el agua ante los campesinos. A su vez, ha señalado que se respetarán los contratos firmados. Pero es evidente que aquello que tiene irregularidades o falencias debe revisarse. El país requiere de una zonificación económica y medioambiental, requiere exigir a las empresas extractivas –en zonas viables– los más altos estándares técnicos (dadas sus inmensas utilidades) y respetar a las comunidades y al agro, así como garantizar desarrollo local y regional sustentable. Pero sobre todo, se requiere ser coherente con lo prometido a los pueblos: un nuevo enfoque de desarrollo y un gobierno desde abajo, buscando la licencia social con una democracia participativa y una ciudadanía activa. Este es el reto hoy, salvo que se opte por un punto de quiebre frente a la ruta de la transformación comprometida.