De cómo la tragedia y la indiferencia dan origen a quince historias que aún no terminan.

A Irene Manrique la tragedia le tocó la puerta el 3 de marzo de este año. Jhony, su hijo mayor, salió una noche, como tantas otras, y se dirigió al grifo en Chilca para recoger el auto Yaris con el cual taxeaba en la ciudad, todas las noches. Esa noche Jhony desapareció. Han pasado 8 meses -254 días, como recuerda Irene- y no hay rastro de él.

Jhony Castañeda Manrique es la víctima número 10 de la banda conocida como “los matataxistas” que, a la fecha, ha cobrado la vida de 15 taxistas. En Junín, se ha desatado una ola de temor motivada por esta banda. Esta región, además, es considerada la  segunda más peligrosa del país, según cifras presentadas por el Ministerio del Interior.

El martes pasado, los familiares de las víctimas viajaron a Lima para reunirse con el Ministro Óscar Valdez y solicitarle que recoja el caso. Su reclamo fue desesperado. Ya no confían en la policía. Los “Matataxistas” siguen cometiendo crímenes y, pese a que algunos presuntos miembros de la banda se encuentran en la prisión de Huamancaca, el grupo no se ha desactivado. ¿Cuál es la razón de esta lentitud?

Hace unas semanas, el diario regional “El Sol de los Andes” accedió al expediente 2742-2010 que se halla en el 3er Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín y, en este, se da cuenta de curiosas -por decir lo menos- vinculaciones entre algunos oficiales de la PNP y miembros de la banda de "matataxistas". En el mencionado diario se ha realizado una investigación minuciosa del caso y, al parecer, los vínculos entre algunos miembros de la PNP y personajes de esta banda, son mucho más siniestros de lo que parecían. Basta decir que la redacción del diario, en Huancayo, el día miércoles, fue víctima de la agresión de familiares de policías, quienes quemaron diarios, pintaron las paredes, golpearon las puertas y amenazaron al periodista que se ha hecho cargo del caso, Óscar Rodríguez. Curiosa la inicial indiferencia por parte de la policía frente a estos hechos vandálicos. “Curiosa”, entre comillas, claro.

La denuncia de este diario ha molestado a algunos malos policías e indignado a los familiares de las víctimas que han empezado a ver el enemigo en quien debería defenderlos.

Agresión por parte de familiares de policías en redacción de

Pero, ¿cuál es el vínculo entre algunos efectivos y los miembros de la banda de “matataxistas”? Acá va una pequeña parte de la historia.

Gran “cabo” suelto

El cabo suelto se encontró en Lima cuando unos reducidores de autopartes fueron detenidos en la capital. Ellos acusaron a un receptador de automóviles como su abastecedor. Este abastecedor, Wildem Véliz Huamán, fue detenido y con su testimonio permite establecer las conexiones.

Véliz afirmó que quienes lo proveían de autos robados eran dos peligrosos asaltantes: Michael Pun Riquelme (alias “Chino”) y Mitchell Cuevas Verástegui (alias “Mitchell”). Ambos realizaban asaltos en Lima y son, además, considerados miembros de la banda de los “matataxistas”. Él confimó que el “Chino” le había entregado varios vehículos, entre ellos, un Toyota Corolla negro del año y una camioneta Nissan Tilda verde petróleo. Esta declaración es corroborada por su esposa, Milagros Crisóstmo. Lo interesante de esta historia es que ambos autos fueron adquiridos por policías.

Los investigadores de Lima llegaron a Huayucachi y allí ubicaron al policía Benjamín Varillas Cajahuanca quien tenía en su poder el Toyota Corolla negro. Y aquí viene otra curiosa coincidencia: encontraron frente a la delegación policial de la zona la camioneta Nissan Tilda verde petróleo. ¡Qué curiosa coincidencia! Al interior de esta camioneta encontraron documentos de los policías Juan Carlos Quispe Segovia y Tessy Perales Córdova. Estimado lector, recuerde estos nombres.

En su defensa, tanto Varillas como Quispe afirmaron que adquirieron los vehículos legalmente y los suboficiales Hidalgo y Perales afirmaron que no denunciaron el hecho pues no sabían que se trataba de autos robados.

“Amigo, para la gaseosa”

Los dueños legítimos de los dos autos mencionados son Rocío Espino Goycochea y Luis Ríos Herrera. Ambos llegaron a Lima para recuperar sus autos. En sus testimonios, ambos afirman que el policía Santy Hidalgo Traverso, antes de la intervención, los había contactado y les habría pedido dos mil soles a cambio de información sobre el paradero de sus automóviles. ¿Un policía sabía que los autos eran robados? ¿Por qué no lo denunció? O, ¿por qué no se lo dijo a sus colegas, quienes los estaban utilizando? O ¿será que ellos ya lo sabían?

Actualmente, los cuatro suboficiales son procesados, dos por receptación de vehículos robados y los otros dos por omisión de funciones.

¿Es purita coincidencia?

Un dato más involucra a los suboficiales Juan Quispe y Tessy Perales (aquellos nombres que pedí que recordaran).

El 27 de mayo del año pasado, Lourdes Herrera Cervantes denunció el robo de su auto, un Toyota Yaris rojo de placa CGT-344. En una intervención posterior se encontró el auto y los policías y fiscales que intervinieron esa diligencia consignaron en sus actas que encontraron una billetera, papeles y recetas médicas que pertenecían a ¿quiénes creen?: Juan Quispe y Tessy Perales. Vaya parejita.

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Es fundamental que esta investigación cobre la importancia que merece. No se puede permitir que la policía nacional haga espíritu de cuerpo, como ocurrió en una conferencia de prensa hace unas semanas. En ese mismo sentido, es inadmisible que se manche el honor de los muchísimos buenos policías que, por esta minoría de efectivos corruptos ven perjudicada la institución a la que sirven.

Pero, sobre todo, es fundamental que el compromiso del ministro del Interior se condimente con velocidad. Las familias de las víctimas se encuentran indignadas ante los destapes realizados por “El Sol de los Andes”, pero también se encuentran, en muchos casos, en la miseria dado que se han quedado endeudados con diversas entidades financieras que les brindaron préstamos para que, las ahora víctimas, comprasen los autos robados. En el caso de la víctima 13, por ejemplo, la familia adeuda 18 letras que no puede cancelar dado que no tiene el ingreso que, justamente, el taxi permitía.

Si a este trágico panorama sumamos la indiferencia, ¿no estaríamos actuando con la misma injusticia? No permitamos que el caso se olvide. Hay viudas, madres, padres, hijos huérfanos y amigos lamentando la pérdida injusta de sus seres queridos. Ministro Valdez, tiene usted la palabra.

Pablo O