Afrontar la lucha contra el narcotráfico solo erradicando la hoja de coca ha fracasado. El interés de algunos grupos de poder en mantener esta situación da indicios de un conflicto de intereses para no atacar este problema en su real dimensión.

Los resultados del último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Crimen (UNODC) colocan al Perú –junto a Colombia– como el mayor productor de hoja de coca en el mundo, con un aproximado de 62 mil hectáreas. Por ello, durante su Mensaje a la Nación, el presidente Ollanta Humala anunció una férrea lucha contra el narcotráfico. Sin embargo sus medidas iniciales –como la suspensión de la erradicación y el empadronamiento de los cocaleros– generaron resistencia por parte de algunos sectores. Para Fernando Rospigliosi, experto en temas de narcotráfico, empadronar es legalizar la coca. En contraparte, el congresista Javier Diez Canseco cree que es absurdo negarse a identificar a los sujetos con los que se va a trabajar.

Fracaso total

Durante el gobierno de Alan García la política antidrogas fracasó: los cultivos aumentaron y se suplió el kerosene por la gasolina como insumo. En el 2009 los decomisos de insumos fluctuaron entre 1 y 2% del total que el narcotráfico utiliza anualmente. Además hoy en el Perú se realizan todas las etapas del ciclo productivo de la cocaína: procesamiento y refinamiento. A ello se suma la ausencia del Estado en la zona: en el VRAE la pobreza rebaza el 50% de la población.

Conflicto de intereses

Sin embargo, poco se hace por controlar el lavado de dinero y capturar a los grandes grupos de narcotraficantes. Una investigación de IDL-Reporteros  estima que, de las cerca de 300 toneladas de droga que se producen, se generan casi 3700 millones de dólares. No se interviene donde está el gran valor agregado del negocio: comercio de insumos, la distribución y el ingreso del dinero ilícito a sectores productivos. Manuel Estela, en su trabajo “Radiografía del narcotráfico en el Perú”, indica que los sectores involucrados son la pesquería, minería, transporte, casas de juegos y construcción.

Por su parte, Jaime Antezana, experto en estos temas, indica que se ha acentuado la influencia narco en diversos sectores del aparato estatal (Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, etc.) y la participación de candidatos vinculados directa e indirectamente con el narcotráfico. Si se considera que esta es una enorme y millonaria fuente de oscuro dinero se podría responder muchas de las posturas que asumen sectores de poder en esta materia. Además, se debe considerar que según la ONU, en el Perú lo que más se incremento no es la extensión de las hectáreas de coca sino la producción de toneladas métricas.

Otra de las aristas en esta lucha es la deficiente preparación de los militares en las zonas de emergencia. Tal y como han denunciado las autoridades que estuvieron al mando en dichas zonas, los soldados no tienen la capacidad requerida,  ni el equipamiento básico. Según sus demandas, es poca su posibilidad de reacción en comparación con la rapidez de los narcotraficantes.

La situación es clara, mejor dicho, oscura. No existe hasta ahora una lucha frontal que combata la pobreza en las zonas de producción cocalera. En el VRAE (Valle de los Ríos Apurímac y Ene), por ejemplo, la pobreza rebasa el 50% de la población. La erradicación debe darse, pero, sobre todo, sustituirse con otras formas de producción. Sustituir luego de erradicar. En la misma vía es necesario expandir la presencia del Estado con la construcción de carreteras, viviendas, postas médicas, etc.

Antecedentes negativos

Lamentablemente, el actual Congreso no hace más que alimentar sospechas. Con solo cuatro meses de gestión ya han salido a la luz varios congresistas con negocios ilegales; varios de ellos vinculados a la minería informal. Según se informó durante la campaña electoral no existen instrumentos legales ni logísticos para detectar la infiltración de dinero del narcotráfico en los candidatos. Por lo que no sería raro que muchas de las actuales autoridades sean representantes de narcotraficantes y estén gobernando a su favor.

El beneficio de la duda

Es cierto que no se puede aun exigir resultados, pero se hace necesario aplicar políticas claras, estrategias integrales y efectivas. Promover la erradicación pero sustituyendo esa actividad por otra forma de producción. Impulsar programas de desarrollo alternativo como sucede en San Martín con el cacao o el café. Ello complementado con la construcción de vías de comunicación, escuelas y servicios de salud. Sin duda, esta situación merece especial e inmediata atención pues, como ha sucedido las últimas semanas, son los soldados quienes tienen que enfrentar los ataques de los grupos narcoterroristas; ataques que, muchas veces, terminan con la vida de los defensores de la Patria.