Diario El Tiempo – Piura. 

TALARA.- Una comisión del Gremio de Pescadores Artesanales de Cabo Blanco y un funcionario de la Municipalidad Distrital de El Alto, solicitaron ayer ante Defensoría del Pueblo, su apoyo para la expedición de una ley que delimite las zonas de pesca y proteja los recursos marinos de la zona.

Candelario Antón Pingo, presidente del Gremio de Pescadores, señaló que optaron por presentar esta denuncia formal ante Defensoría del Pueblo porque existe pesca indiscriminada desde Negritos hasta Máncora, donde informales realizan actividades de pesca con herramientas, algunas de ellas prohibidas, que va en contra de los recursos.

Precisó el uso de pesca de arrastre, con red de fondo, un sistema que tiende a arrasar con las especies poniéndolas en peligro de extinción. “Este sistema no está prohibido, pero hace mucho daño, sobre todo porque los ilegales trabajan sin sacar permiso de zarpe y no hay quién los controle”, dijo.

También señaló que usan cortinas de fondo, que al cortarse o romperse, afectan los bancos naturales y ocasionan la muerte de las especies juveniles, porque estas se enredan, quedan atrapadas y terminan muriéndose. “Esta situación contamina el medio marino y afecta el fitoplancton porque rompe el equilibro”, explicó el ingeniero Oswaldo Serna Fernández, funcionario de la Municipalidad de El Alto.

Indica que las bolicheras también usan la red de cerco, otro aparejo que tampoco está prohibido, pero con la cual extraen las especies en tamaños pequeños.

Como medida de protección indica Antón, los pescadores artesanales han hecho un acuerdo con Capitanía de Puerto y Ministerio de la Producción, para prohibir el uso de la red de Cortina de Fondo en Cabo Blanco.

Les sacan la vuelta

El dirigente señaló también que ante esta situación, los pescadores coordinan con personal de Capitanía de Puerto y Direpro para realizar operaciones contra los informales, incautando estos instrumentos, pero señala que luego contratan abogados que elaboran buenos alegatos y generalmente dicen que no han estado pescando, sino han estado “fondeados”, y la Direpro termina devolviéndoles sus aparejos de pesca.

El pescador Jorge Periche Periche, señala que esta situación viene desde el año 2007 y desde entonces han presentado documentos ante el Ministerio de la Producción y Capitanía de Puerto, pidiendo hacer cumplir la Ley General de Pesca. Además, han solicitado ante la Comisión de Pesca del Congreso de la República que convierta los bancos de Cabo Blanco en Zona Protegida para evitar que se siga depredando.

Pidió que la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia (Digsecovi) realice un mayor control de las actividades pesqueras, apoyándose con inspectores de Imarpe para evitar acabar con las especies que quedan.

“Creo que en pesquería hay mucho centralismo, por eso no hay mucho control, hasta los trámites los tenemos que hacer en Lima, nosotros trabajamos con la Municipalidad de El Alto, pero ellos no pueden sancionar”, dijo Periche. 

Visítanos en www.eltiempo.pe