La campaña navideña no fue buena. No por lo menos en mi sondeo con empresarios de Gamarra y los de la calle Conquistadores. Tampoco lo fue según los taxistas a los que les hice la pregunta. La gente se inhibió de comprar. La razón según ellos: el conflicto por Conga (tensión de todo noviembre y el cambio de ministros en diciembre).

Un conflicto como el de Conga afecta no solo a Cajamarca, a Yanacocha o a la actividad minera. Nos afecta porque a todos se nos eriza la piel. La irritabilidad va en contraposición a generar condiciones saludables de crecimiento. El erizamiento social genera siempre un desastre comercial.

Pasó ya en el 2001. Al inicio del gobierno de Toledo, las huelgas generadas por sindicatos se prolongaron hasta casi mediados de diciembre y tiraron por la borda la campaña navideña. Deberíamos ser conscientes que es necesario gestionar nuestra irritabilidad para que los conflictos no terminen de aguar la fiesta a los trabajadores, empresarios y familias del país.

Tener el conflicto irresuelto en Cajamarca jode y es un asunto nacional. Más allá de su desenlace, de que vaya o que no vaya; su prolongación, afecta a toda la nación.

Repito lo que escribí hace un tiempo: no es posible que los involucrados en la actividad más rentable del país sean tan torpes en el manejo de sus relaciones con los pobladores de los territorios en los que se instalan. No es posible que los pueblos con los que se vinculan los detesten y estén siempre tratando de golpearlos, algo - de hecho - están haciendo mal.

El pueblo desarrolla medidas extremas como un paro cuando se siente no escuchado. La protesta social estalla cuando hay desazón de larga data y un acumulado de demandas irresueltas. Pero ello no basta, se necesita un detonante, una provocación inaguantable.

Los del lado del poder no deben activar los detonantes. Ni los empresarios mineros, ni los ejecutivos de las minas, ni los funcionarios del Estado deben ser tan negligentes.

La tontera de la revocatoria va en la misma línea. Lima vive un retraso de décadas en su infraestructura urbana y también en su calidad ciudadana. Van décadas en que la administración municipal no tiene el presupuesto que requiere. Sumado a esto, los que habitamos Lima, no sabemos portarnos bien en nuestra ciudad.

Van, además, dos décadas en que hacer las cosas necesarias es cada vez más difícil para un funcionario público que quiere cumplir con la ley. Las barreras para el gasto y la inversión hacen lento todo en las gestiones municipales y regionales.

Con la revocatoria, un grupo de mañosos se quiere tumbar a la alcaldesa Villarán. Si permitimos que progrese su campaña tendremos encrespada a Lima por las puras.

Por ello creo que en estos dos temas tenemos que sumar fuerzas: ayudar a resolver la relación minas – población y facilitar presupuesto y condiciones a las ciudades para que puedan ejecutar las obras necesarias con rapidez. En ambas líneas se necesitan propuestas y espacios de diálogo.