El sociólogo Salomón Lerner Febres, en su columna publicada en el diario La República, señaló que es el sector "ultraderecha" el que está de acuerdo con las observaciones a la CIDH, y que, si nuestro país cede a estas presiones, terminará como los gobiernos populistas y autoritarios de nuestra región, o simpatizando con ellos.

El ex presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), afirmó que las observaciones que el Estado peruano ha hecho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) parecen ser parte de la "ola de críticas e intentos de socavar" este sistema interamericano.

Para Lerner Febres, no es grato que nuestro país -con estas acciones- se una a los gobiernos autoritarios que "siempre se han incomodado" con la existencia de este tribunal internacional y que han buscado unir a la Corte y a la Comisión para evitar las críticas ante cualquier atentado a libertad de expresión.

Aquí la columna publicada en La República:

La Corte Interamericana de Derechos Humanos forma parte del tejido de instituciones con que los pueblos del continente cuentan para proteger sus derechos fundamentales.  Dicho tribunal tiene especial relevancia en la historia contemporánea de nuestra democracia y en la lucha inacabada por consolidar la vigencia de un Estado de Derecho. No es exagerado decir que tanto la Corte como la Comisión Interamericana de DDHH han sido, en momentos en que el autoritarismo se instalaba en el Perú, el último refugio de la legalidad. Gracias a esas instituciones muchos peruanos pudieron hacer valer sus derechos cuando, en años recientes, estos eran atropellados por un poder arbitrario y corrupto.

Es muy importante recordar esto ahora que, muy penosamente, el Estado peruano, por medio de su representación ante la OEA, pareciera  sumarse a la ola de críticas e intentos de socavar al sistema interamericano de protección de los DDHH. Sería poco grato que nuestro país se aúne al viejo coro de gobiernos autoritarios que, como es natural, siempre se han sentido incómodos con la existencia de un tribunal internacional respetado y prestigioso, integrado por juristas sobresalientes y que busca  poner atajo al ejercicio arbitrario del poder en contra de los derechos de los ciudadanos. Sería lamentable que suceda tal alineamiento con voces interesadas, jurídicamente endebles y políticamente confusas. Y aún lo sería más si se buscara con ello apaciguar a políticos y panfletistas de una ultraderecha intolerante e ignara que, de cualquier modo, difícilmente se declarará satisfecha por nada que no sea un repudio peruano a la Corte y a la Comisión. Resultaría así irónico que por dichas presiones nuestro país termine de la mano de los gobiernos populistas autoritarios de la región, incluyendo al encabezado por Hugo Chávez, que buscan maniatar a la Corte y a la Comisión para evitar la crítica de sus desmanes contra la libertad de expresión y de asociación.

Pareciera pues que nuestra política exterior se ve afectada por una táctica miope e ingenua, de corta visión y destinada al fracaso. No debiera extrañar que un tribunal de justicia imparcial y solvente se encontrara, en ciertas circunstancias, en conflicto con el sentido común de la población sobre la cual ejerce jurisdicción. La legalidad y sus instituciones tienen como misión, precisamente, defender los principios de la justicia más allá de los humores momentáneos, de las opiniones no meditadas y, desde luego, de las manipulaciones de los demagogos frente a casos que, naturalmente, provocan indignación pública. Y lo cierto es que en las críticas de cierto sector de la opinión pública peruana (al que ahora el gobierno se rinde, timorato) a la Corte, abundan las deformaciones y las falacias.

Así, por ejemplo, la idea de una jurisdicción internacional o supranacional puede ser  vista, demagógicamente, como una lesión de la propia soberanía. Ello no es así, puesto que si la Corte ejerce jurisdicción sobre un país es precisamente por una decisión soberana de ese Estado. Del mismo modo, la idea de que un criminal o un sospechoso de delitos graves no puede al mismo tiempo ser víctima de una violación de sus derechos, nace de una mirada simple y superficial que lesiona al Derecho y la Moral.

En las observaciones del Estado peruano al papel de la CIDH se dice que esta tiene cierta vocación por sustituir a las jurisdicciones nacionales o de interferir en ellas. Esa es una observación –motivada por el caso Chavín de Huántar– que tras su apariencia razonable esconde una patente anomalía: el hecho de que un Estado puede intentar extender o dilatar procesos exageradamente hasta un punto en el cual resulta obvio que se está produciendo una clara negligencia en la administración de justicia.

Corresponde a los estadistas velar por la salud de nuestras instituciones, pues son ellas las que nos ponen a salvo de la arbitrariedad y, en lo que se refiere a justicia, nos garantizan que ella sea ejercida con severidad, imparcialidad e idoneidad. No es cortejando a los lugares comunes y a las voces de la intolerancia, enemigas de la legalidad, como se mantienen la paz, el orden y, en última instancia, la democracia. Al contrario, la pusilanimidad solamente alienta a los enemigos del Estado. Toca a las organizaciones de la sociedad civil del Perú persistir en el ejercicio de la docencia y de la defensa de principios que sus estadistas pareciera han abandonado.