El día de hoy, 7 de febrero, el diario La República reproduce textualmente las declaraciones de la Ministra de la Mujer Ana Jara:

Nos asombra que haya reclamos de un sector y digan que el ministerio ha perdido la esencia. La Ley de Organizaciones y Funciones es totalmente idéntica a la que dejó la ex ministra Aída García Naranjo.

Nada más lejano de la verdad objetiva y tangible a la que usted puede arribar paseando sus ojitos rápidamente por el cuadro comparativo que adjuntamos a esta nota.

Empecemos por la denominación de “Mujer y Ciudadanía” a “Mujer y Poblaciones Vulnerables”. Como todas/os sabemos detrás de los nombres están los enfoques y las apuestas políticas. No es lo mismo interlocutar desde el Estado con niñas y niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y poblaciones migrantes y desplazadas, a quienes se les reconoce la ciudadanía; que hacerlo con todos estos colectivos como poblaciones vulnerables, sin reconocer que han sido colocados en esas condiciones y posiciones por la economía, la política y las prácticas sociales y culturales de subordinación y discriminación del otro.

Solo señalaremos una gran, pero gran diferencia. El artículo 9° de la propuesta que dejó la ministra Aída García ha sido suprimido por completo. Pero qué decía este artículo ¿Por qué tanto miedo? ¿Dónde estaba el peligro? Nada más y nada menos que en convertir al Ministerio de la Mujer en lo que siempre debió haber sido: un ente rector en las materias de igualdad de género, protección de los derechos de las mujeres e igualdad de oportunidades para ellas, atención integral a niña, niño y adolescente, población en riesgo, política de población, derechos de las personas adultas mayores, derechos de las personas con discapacidad, protección de las familias, migración interna. Es decir, en un ministerio que dada la multidimensionalidad de las problemáticas que debe abordar, como por ejemplo la desigualdad de género, la violencia familiar y sexual o la discriminación, requiere competencias para organizar la respuesta del Estado desde los distintos sectores (educación, salud, justicia, inclusión social), poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y niveles de gobierno (nacional, regional y local) [1].

Movimiento Manuela Ramos

Lima, 07 de febrero de 2012.

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