Por Peter Kornbluh*

En marzo de 1978, el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), coronel Martín Martínez Garay, alzó el teléfono y llamó a su contraparte en la policía secreta chilena —la Central Nacional de Informaciones (CNI) —, para decir que, en conformidad con los acuerdos del Plan Cóndor, Perú aceptaría la designación de un agregado de inteligencia en la embajada chilena en Lima.

También desde la embajada peruana en Santiago, el consejero Alberto Montagne Vidal —“quien atiende los asuntos de [la Operación] Cóndor” — comunicó la conformidad sobre la designación del representante chileno en Lima, según un memorándum secreto de la CNI, con fecha 14 de abril de 1978. “Esta misma información también llegó a través del sistema Cóndor, vía Buenos Aires, país que hace las veces de secretaría de la comunidad”, establecía el documento.

El documento extraordinario, firmado por coronel Jerónimo Pantoja Henríquez —jefe del Estado Mayor de la CNI—, fue enviado al viceministro chileno de Relaciones Exteriores, quien ya tenía dudas sobre por qué un agente de la CNI, haciéndose pasar por un agregado civil, había llegado a la embajada en Lima.

En el momento en que fue descubierto entre los documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, una década atrás, toda la atención estaba en su anexo secreto: el “Acta de Clausura de la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional”, que describía la creación del Plan Cóndor, en noviembre de 1975. El nombre “Cóndor” —por el pájaro nacional chileno— fue asignado como “un homenaje” al régimen de Pinochet, por acoger la reunión. El objetivo del plan era coordinar operaciones represivas contra la oposición de los regímenes militares del Cono Sur.

El acta también contenía las recomendaciones a sus miembros de “habilitar dentro de las embajadas la presencia del personal de inteligencia nacional, para enlaces directos y personales, plenamente acreditados ante los respectivos servicios de inteligencia”.

Pero, ahora, el documento tiene otro valor: la prueba incontrovertible que el Perú se convirtió en un miembro formal del Plan Cóndor a inicios de 1978.

Cuando el general Francisco Morales Bermúdez declara que el Plan Cóndor "nunca entró al Perú", miente o experimenta súbitamente una forma repentina de Alzheimer, producto de su pedido de extradición desde Argentina. La evidencia —que incluye documentos clasificados de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) —  es abrumadora: Perú fue la última Nación latinoamericana en unirse al Plan Cóndor, y fue ‘sede’ de su famosa última operación, que se llevó a cabo en 1980.

Para cuando Perú se unió, los miembros del plan habían colaborado en docenas de operaciones conjuntas para seguir, secuestrar, interrogar y desaparecer oponentes a lo largo de la región. En algunos casos —conocidos como “operaciones de fase tres”—, se ayudaron mutuamente a llevar a cabo asesinatos. Como el infame coche bomba que mayó al ex embajador chileno Orlando Letelier y a su joven colega estadounidense, Ronni Karpen Moffitt, en el centro de Washington, enseptiembre de 1976.

A raíz de ese acto internacional de terrorismo en la capital de los Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigación (FBI) identificó a la Operación Cóndor como la responsable. El Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó un informe de la CIA. En agosto de 1978, la CIA escribió un informe secreto titulado “Una breve mirada a la Operación Cóndor”, en el que se la describe como un "esfuerzo cooperativo de los servicios de inteligencia y de seguridad" de varios países de Sudamérica. Según la CIA, "entre sus miembros originales estaban los servicios de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. Perú y Ecuador recientemente se convirtieron en miembros".

En efecto, Perú —denominado “Cóndor ocho” — fue el último miembro en unirse. El gobierno militar rápidamente tomó ventaja de su nueva condición, y se puso de acuerdo con los militares argentinos para la violenta eliminación de Lima y Arequipa de trece figuras políticas de izquierda —incluyendo a Javier Diez Canseco— a una base militar en las afueras de Buenos Aires.

Dos años más tarde, devolviendo el favor, Perú ayudó secretamente a Argentina en una operación mucho más criminal, que sería la última gran atrocidad cometida en el marco del Plan Cóndor: el secuestro y la entrega de cuatro montoneros residentes en Lima, el 12 de junio de 1980. En un documento escalofriante, un miembro de la policía secreta argentina —el Batallón 601— describió el plan de colaboración a un oficial de seguridad de EE. UU.: “Cuatro argentinos serán retenidos en Perú y luego expulsados ??a Bolivia, de donde serán expulsados a la Argentina. Una vez en la Argentina, van a serinterrogados, y, luego, definitivamente desaparecidos”. Ninguno de los cuatro —Noemí Gianotti de Molfino, María Inés Raverto, Julio César Ramírez y Federico Frías Alberca— fue visto otra vez con vida.

Los detalles del rol del Perú en esta atrocidad permanecen en secreto, así como sus demás actividades en el marco del Plan Cóndor, entre 1978 y 1980. Sin embargo, la petición de extradición del general Morales Bermúdez a la Argentina ofrece a la administración de Humala una oportunidad de oro para aclarar y rectificar este oscuro pasado. El presidente, que ha defendido la causa de la “limpieza” en el gobierno, debe ordenar a sus ministros del Interior y de Relaciones Exteriores que den cuenta de los archivos sobre la participación del Perú en la Operación Cóndor, y entregarlos a las autoridades judiciales.Los registros pertinentes deben estar disponibles no sólo para los fiscales en Argentina, sino para los fiscales en Lima, y, en fin, los ciudadanos peruanos.

Todos los crímenes de la Operación Cóndor se merecen un castigo judicial. Todas las víctimas se merecen su oportunidad en la corte, y la verdad y la justicia que viene con ella.

Con el proceso y la condena de Alberto Fujimori, Perú se estableció como líder global en el esfuerzo por hacer que los funcionarios que autoricen atrocidades terroristas patrocinadas por el Estado —con el disfraz de la lucha contra el terrorismo— rindan cuentas por sus crímenes. Con la apertura de sus archivos, el reconocimiento de su papel y la extradición del general Morales Bermúdez, Perú tiene la capacidad de exponer la Operación Cóndor, y el terrorismo multinacional de Estado que cometió en el extranjero.

*Peter Kornbluh es analista principal para América Latina en el National Security Archive, institución no gubernamental deinvestigación y desclasificación de documentos, localizada en Washington D. C. Es autor de Pinochet: Los ArchivosSecretos, que contiene un capítulo amplio sobre la Operación Cóndor.