Por: Marco Aurelio Lozano / Militante de Constructores Perú

“Si bien yo no viví esa época, me interesa poder comprender lo que pasó con tanta gente que sufrió el terrorismo”, son las palabras de un joven de 22 años, una calurosa tarde en la que bien podría estar en la playa. A su vez, un entusiasta profesor de secundaria expresa su deseo de poderle transmitir a sus alumnos todo aquello que pueda aprender de esta experiencia que supone “reconocer lo que pasó en nuestro país, cuando nos matamos entre compatriotas”. Estos son algunos de los testimonios de los casi cuarenta voluntarios, en su mayoría jóvenes universitarios, que están preparándose para participar en la segunda fase del registro único de víctimas (RUV) que la Municipalidad de Lima se ha comprometido a elaborar como parte del convenio firmado con la PCM (en épocas de Lerner, por supuesto).

Han pasado varias semanas desde que la inminente inscripción del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF) como partido político legal generó alarma, numerosos análisis políticos y sociológicos, y la lamentable frase del premier. También permitió rememorar las terribles escenas del conflicto que desangró nuestro país (como para que no quede duda que ello no fue ningún “teatro”), así como descubrir con asombro a un activo sector de jóvenes en cerrada defensa del Pensamiento Gonzalo, y como triste contraparte a otros jóvenes  que ni siquiera sabían quien fue Abimael Guzmán o Víctor Polay.

Engañados, utilizados o simplemente ignorantes. Es la imagen de los jóvenes que finalmente habría quedado en la retina de muchos peruanos luego del intenso debate que desató el MOVADEF y sus 300 mil firmas. Lamentablemente, en los medios de comunicación no ha existido interés en ver más allá de algunas encuestas al paso o han brindado una limitada cabida a aquellos estudiantes organizados que rechazan al MOVADEF. Sin embargo, también hay que admitir que la nueva generación de políticos jóvenes de nuestro país, tanto de derecha como de izquierda, han carecido de la creatividad y la firmeza que muchos reclaman para la lucha ideológica y política contra Sendero.  Algunos simplemente han brillado por su ausencia en este debate (como los entusiastas y creativos PPKausas), o simplemente han caído en el juego de los que quieren utilizar un mecanismo legal para petardear la democracia, como los jóvenes de Patria Roja y su ingenua propuesta de aceptar la inscripción de MOVADEF para combatirlos “desde dentro del sistema”.

A pesar de todo, los mejores reflejos de nuestra sociedad, hoy, veinte años después de que se iniciara la derrota de la subversión terrorista, están en manos de un puñado de jóvenes que desde la dirigencia estudiantil busca desenmascarar a Sendero, o desde el voluntariado como el de Soy Lima, desean contribuir con el proceso de reconciliación que debe ser consecuencia de la justicia y la reparación de las víctimas de dos décadas de terrorismo.

Finalizando el primer día de capacitación a los voluntarios que reiniciarán el registro de víctimas en asentamientos humanos de San Juan de Miraflores, uno de los funcionarios a cargo me comenta que el proceso de reparaciones no está pasando por su mejor momento: la PCM insiste en limitar las reparaciones individuales bajo desacertados criterios de pobreza, edad y plazo de inscripción en el RUV. Estas medidas son discriminatorias, tal como ya lo ha expresado la Defensoría del Pueblo en oficio dirigido al ministro Valdez.

Obviamente, el proceso de reconciliación es tarea de la sociedad peruana en su conjunto, y ya va siendo hora que este gobierno, al igual que los jóvenes voluntarios, también cumpla con la parte que le corresponde.