El oscuro perjuicio de unas ladrilleras
La indignacin se asoma en las esquinas de la estrecha va a la que fue reducida una calle. Los pedazos de tierra miran pasivamente el espectculo cruel al que son sometidos por la depredacin, como si la justicia lanzara enojada gritos que ninguna autoridad se atreve a escuchar.
Desde que las ladrilleras Nacional y Fortaleza se instalaron a ambos lados de la calle Javier Prado, en las inmediaciones de la Asociacin El Paraso-Huachipa, sus pobladores viven un calvario permanente, donde la ambicin desmedida de unos empresarios carcome sin permiso su libertad, la que se desmorona poco a poco como los pedazos de arcilla.
La impotencia fluye agitada entre las venas de los pobladores, quienes a diario exponen su vida al peligro cuando intentan salir desde su asociacin por la calle Javier Prado hacia la avenida Las Torres. Ese camino es una metfora del abuso en su mxima expresin, la peor cara del olvido.
Flix Buenda Escate, coordinador de la Asociacin El Paraso-Huachipa, libra desde hace aos una dura batalla contra estas ladrilleras, las que no solo depredaron de forma arbitraria la tierra, tambin se aduearon irresponsablemente de la va pblica, reduciendo los 42 metros de ancho que le corresponden a la calle Javier Prado a tan solo 6 metros, en el tramo comprendido entre la avenida Las Torres y la calle California.
Actualmente, la calle Javier Prado est delimitada por muros de ladrillo a ambos lados, detrs de los cuales hay un profundo desnivel, lo que aumenta exponencialmente el peligro, pues el terreno puede ceder o los muros colapsaran en caso de un sismo. De hecho ya se advierten algunas grietas en el terreno colindante a uno de los muros.
Como si ese inmenso abismo que separa al abuso y la indignacin no bastara, las ladrilleras construyeron informalmente hace aos un tnel por debajo de la calle Javier Prado, que fue tapado de forma improvisada, dejando un enorme forado en su interior, una curiosa paradoja de los vacos legales que llenan nuestras contradicciones sociales.
El eco de un reclamo postergado
Detrs de los muros de esas ladrilleras tambin se escuchan gritos desesperados de decenas de trabajadores cuyos derechos laborales son violentados a diario, perdidos entre la explotacin y el silencio. El eco de sus reclamos postergados se difumina en el aire y el temor a recibir represalias es tan grande, que prefieren esconderse en el anonimato. La voz de uno de ellos se filtra por las grietas de la indignacin y se anima a declarar: En ladrillera Nacional no estamos en planilla, no tenemos gratificacin, vacaciones, salarios justos, ni implementos de seguridad. Trabajamos doce horas diarias. Los pobladores sufrimos permanentemente la contaminacin. Se presentan problemas de salud en nuestros nios, sufren problemas estomacales, dermatolgicos y respiratorios. Estos seores de noche sueltan el humo para que no se note la contaminacin. Muchos de los vecinos no se unen a esta protesta por temor a perder el trabajo y recibir represalias de los dueos de la empresa.
Escolares en peligro
A menos de un mes de iniciarse las clases, decenas de escolares volvern a transitar por la calle Javier Prado, va de acceso hacia la I.E. 1224, un camino desolado con sabor a injusticia, donde sus zapatos lucharn para no quedar posedos por la tierra. Luis Aliaga, director de I.E. 1224 afirma que alrededor del 20% de los 760 alumnos realiza labores de labranza, no en las fbricas pero s en las pampas con sus padres. Hay nios que trabajan desde los 8 hasta los 16 aos, esto les afecta en su desarrollo acadmico, afectivo y emocional. Los das lunes por ejemplo faltan porque es cotidiano que los que trabajan en la labranza les dan ese da libre. Nosotros tenemos un programa de erradicacin del trabajo infantil, el que hemos reducido del 60% a 20%, afirma.
Entre la espada y la pared
El arquitecto Hugo Herrera Navarro, asesor de la Municipalidad de Lurigancho Chosica en el rea de rehabilitaciones urbanas y licencias de construccin, precis que las ladrilleras no cumplen con ciertos requisitos legales. Segn l, la calle Javier Prado debe ajustarse al Reglamento Nacional de Edificaciones, que exige a los habilitadores en las zonas industriales un mnimo de 24 metros de ancho de va. Hicimos una propuesta inicial al Instituto Metropolitano de Planificacin, pero nos desaprob porque falta un estudio de prevencin contra riesgos. Si no hemos controlado este territorio es por culpa del Ministerio de Energa y Minas, entidad que autoriz a estas ladrilleras a extraer el material, las que en parte de pago han dado terrenos a los trabajadores, quienes han transformado en vivienda el propio lugar donde ellos han trabajado. Hay una contradiccin social, econmica y tcnica. Es tan grave que la ley vaya en contra de la ley, la del trabajo contra la vivienda y la vivienda contra el urbanismo y la depredacin contra el urbanismo. La fiscala de Santa Anita nos pidi que no intervengamos, el argumento es que no es un territorio urbano. Estamos en esa lucha, entre la espada y la pared. Pero tengo algo que criticar a la asociacin, cuntos lotes de la asociacin se han depredado por sus mismos asociados? De los 77 lotes que tiene esa asociacin, por lo menos 60 lotes han sido excavados por sus propios propietarios para vender la tierra a estos ladrilleros. Encuentro bastante contradiccin. Peleamos por una calle pero hacemos ms hueco en nuestro propio lote, acot Herrera Navarro.
Medidas correctivas
Hugo Herrera precis que en febrero se iniciarn las primeras respuestas contra la observacin negativa del plan y se publicar la programacin de actividades a fin de abrir vas y trochas. No albergamos mucha esperanza hacia un plan vial hasta que no se resuelva el tema de la depredacin. Vamos a seguir con nuestro control sobre el territorio urbano. Si a pesar de eso no encontramos respuesta, presentaremos la demanda ante la Defensora del Pueblo, que es independiente. No hay estructuras que soporten esos muretes, por peso propio se van a caer, nadie sabe. Vamos a pasar el informe a obras pblicas y notificar a las ladrilleras, concluy.
Mientras tanto, varios elementos quedan pendientes por resolver, la ladrillera Nacional invadi la va pblica, causa contaminacin ambiental, explota a sus trabajadores y la depredacin pone en riesgo la vida de los escolares que transitan por la calle Javier Prado. La Municipalidad de Lurigancho-Chosica debe ejercer el principio de autoridad, hacer respetar la ley y poner orden en un asunto donde hasta ahora el ms profundo caos se ha mezclado con la desidia y el atropello.
