"El proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa parece haber caído en un punto muerto", así sostuvo el antropólogo Javier Torres Seoane en su columna de Diario 16.

El director de Noticias Ser señaló que existen dos sectores radicales en la disputa del reglamento de la Ley de Consulta Previa, y con esas dos posturas será difícil poder llegar a un consenso para que la ley prospere:

El proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa parece haber caído en un punto muerto. Cuatro de las seis organizaciones sociales que fueron convocadas por el gobierno para discutir la propuesta de reglamento no han acudido al diálogo que se inició el día viernes, además han acusado al gobierno nacional de actuar con mala fe y estar al servicio de las grandes empresas transnacionales. Por ello exigen que antes de aprobar el reglamento hay que reformar la ley, pero no olvidemos que algunas de las organizaciones saludaron la ley cuando fue promulgada.

¿Hubo mala fe de parte del Estado?

Para Magdiel Carrión, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), el Estado peruano actuó con "mala fe y maltrató a las poblaciones". El líder indígena indicó al programa "Pasando Revista" de La Mula Televisión, que no se cumplió con los días señalados para brindar la información, para que la gente tenga un conocimiento claro sobre la ley.

¿Cuáles son las opiniones de las organizaciones sociales que se oponen a la reglamentación de la Ley de Consulta Previa?

En una conferencia, los principales gremios indígenas mostraron sus puntos de vista sobre la Ley de Consulta Previa, en unanimidad aseguraron que el Estado está pasando por encima de sus derechos, por no "respetar su decisión". Como informó el portal web Spacio Libre:

Seguimos viendo por parte del Estado Peruano de querer seguir atropellando nuestros derechos que están consagrados dentro del Convenio 169.

Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva (AIDESEP).

En este reglamento no existe ni un sola palabra, ni ese sentir ni el pensar de los pueblos indígenas.

Gladis Vila, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas (ONAMIAP).

Los pueblos exigimos una ley de consulta que incluya  y se respete la decisión del pueblo.

Magdiel Carrión, presidente de la Confederación de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI).

La semana pasada, en "El Arriero" de la Mula TV, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra explicó que cuando se empezó a redactar el borrador del reglamento de Ley de Consulta Previa, hubo varias reacciones, unas más extremistas que otras:

Desde luego había un grupo importantes de organizaciones que decía: “miren hay que hacer varios cambios, ajustes, desajustes, varios cambios”. Hemos escuchado estos cambios, tomado nota; otros decían “la ley requiere modificación”, es otra posición; y una tercera posición que era muy dura, decía que la ley “afectaba los derechos colectivos” de los pueblos indígenas.

Torres Seoane refirió que "estamos lejos de implementar realmente mecanismos de consulta previa", ya que existen posiciones que no se animan a encontrar una solución específica al problema.

En ese sentido no le sorprendería que acudan a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):

Los comunidades indígenas anunciaron las medidas legales que tomarán tanto en el ámbito nacional como internacional, en este caso a  través de una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y exigir al gobierno que se modifique la ley 29785 Ley de Consulta Previa. También rechazaron que mediante un reglamento se corrija una ley con artículos inconstitucionales.