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Peláez: El Frontón puede ser una posibilidad para recluir a Antauro Humala

Publicado: 2012-03-14

Ideeleradio.- El Ministerio Público no busca criminalizar la protesta ni perseguir a dirigentes que encabezaron la protesta contra el proyecto minero Conga en noviembre del 2011, aseguró el fiscal de la Nación, José Peláez, al precisar que la investigación y la citación a los organizadores de esta manifestación busca deslindar las responsabilidades del caso.

Fue al referirse al pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que rechazó las detenciones de los dirigentes cajamarquinos y calificó que las acciones judiciales “forman parte de una campaña contra las protestas sociales”.

“No, no, no [se busca criminalizar la protesta], o sea la protestas no son perseguibles en tanto y en cuanto no causen daños a la propiedad privada o a la propiedad pública u otro tipo de acciones violentas. Lo que pasa es que allí en Cajamarca ha habido algunos actos que ameritan una investigación y eso es lo que viene llevándose a cabo”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“No hay ninguna intención en ese sentido de perseguir a los dirigentes lo que pasa es que durante las marchas se van identificando a través de filmaciones, a través de comunicados y, en este caso, son cabezas de las organizaciones por eso es que son citados a prestar declaraciones a la investigación porque imagínate investigar a mil o 2 mil personas, eso es imposible”, puntualizó.

En la víspera se detuvo a Wilfredo Saavedra, en Tacna; a Luís Díaz Chávez, del SUTEP Cajamarca y a César Aníbal Tafur Tacilla, secretario provincial de Construcción Civil, estos dos últimos en Cajamarca, quienes luego fueron puestos en libertad.

 

 

 

Se cita a las cabezas para deslindar responsabilidades | Inicio

Peláez Bardales ratificó, en ese sentido, que la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Distrito Judicial de Cajamarca, dispuso las órdenes de captura contra algunos de los dirigentes cajamarquinos por su renuencia de acudir a declarar y en el marco de las prerrogativas que tienen los magistrados para poder emplazar a los ciudadanos de grado o fuerza.

Estimó, asimismo, que el titular de ese despacho consideró pertinente centrar la investigación en los líderes de estas organizaciones para deslindar responsabilidades de los desmanes que se produjeron durante la protesta en Cajamarca.

“Esto deriva de una investigación del 9 de noviembre en la que se tienen que llevar a cabo indagaciones y todo un control de pesquisas que han sido iniciadas por los fiscales, en este caso por el fiscal de Cajamarca, [región] que viene trabajando con el Código procesal Penal. Entonces, ahí se han impartido algunas citaciones a una serie de gentes, sobre todo estas personas que participaron a la asonada de Cajamarca y bueno una citación, dos citaciones, tres citaciones y no concurren a hacer sus descargos”, refirió.

“En este caso, el fiscal considera pertinente centrar la investigación en las cabezas que son los dirigentes de estas organizaciones para que expliquen cuál es la razón y el por qué se protestó en la forma que lo hicieron, entonces tienen que dar cuenta y se van deslindando las responsabilidades”, remarcó.

Explicó que las medidas coercitivas que se dictaron no implican que los dirigentes purgarán prisión, sino que la disposición judicial busca que las personas concurran a rendir su manifestación para luego recuperar su libertad.

“En Trujillo hay medidas de esa naturaleza que pueden hacer uso los fiscales y, eventualmente, lo utilizan. Lo que pasa es que en este caso son 40 personas y se ha impartido esta medida porque realmente no concurren, o sea son renuentes a concurrir a dar declaraciones y eso determina que se adopten otro tipo de medidas, algunas más drásticas”, concluyó.

 


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Instituto de Defensa Legal

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