Minería informal: Lo ilegal y lo social
Por: Javier Diez Canseco
Madre de Dios, días atrás, se convirtió en el foco de una revuelta social de los mineros informales e ilegales que hasta el momento ha costado 3 civiles muertos por arma de fuego, cerca de 40 heridos (incluyendo 9 policías) y decenas de detenidos. ¿La razón? La exigencia de derogatoria de 4 DL que penalizan la minería ilegal, disponen la interdicción de los insumos y equipos de que se vale y reiteran una formalización de los mineros informales (no ilegales) que ya se planteó desde una norma del 2002.
Siendo este el foco más notorio de la confrontación, similares movimientos se desarrollaron en Otuzco (La Libertad), Puno, Arequipa, Piura, entre otras ciudades. Y, ciertamente, dado el impacto de esta minería sobre la destrucción del medio ambiente, la agricultura, la contaminación de aguas y la salud de la población, así como su vinculación con la trata de menores para la prostitución, el trabajo semiesclavista y desprotegido, y por la obvia presencia de mafias vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero en varias de estas zonas, un amplio sector de la sociedad no se opone a que se actúe frente al problema y respalda que el Estado reaccione.
El MEM estima que existen alrededor de 100 mil personas dedicadas directamente a la minería informal y otras 500 mil de modo indirecto; entre las mayores regiones se encuentran Puno, Madre de Dios, Ica y Piura. Otros estudiosos, como el Ing. Leopoldo Monzón, sostienen que pueden llegar a 300.000 los que están directamente vinculados y establecen áreas de influencia que abarcan desde Nazca hasta Arequipa y sectores de Moquegua con unas 120.000 personas; zonas altas de Piura como Suyo y las Lomas con unas 40.000; la franja de Pasco, de Huachón a Ulcumayo, con unas 15.000; Puno con 15.000 a 20.000; la de Madre de Dios superaría las 50.000; las de Pataz entre 5.000 y 10.000; Canta con cifras similares, al igual que el Cenepa; Áncash en la Cordillera Negra con otras 15.000; Huánuco y el mismo Cajamarca, en zonas como Cajabamba, Santiago de Chuco, Quiruvilca y Otuzco, encima de 20.000.
Monzón calcula que podrían identificarse hasta 110 plantas procesadoras de minerales ilegal o informalmente extraídos que carecen de fiscalización y de condiciones de protección medioambiental y de salud pública que actúan impunemente al amparo de una suerte de invento de la Sunat que permite legalizar la compra mediante una “Declaración Jurada del Metal”. Una parte del negocio es comerse el IGV que los microproductores no tienen cómo recuperar.
El tema es de tremenda envergadura por el número de personas involucradas, por las plantas operadoras, por el trasiego de enormes equipos y por la existencia de bandas que acopian y comercializan que están, en ocasiones, vinculadas a mafias chinas, rusas, brasileñas o de narcos que conforman un enjambre de corrupción y abuso que penetra espacios del propio Estado y que requiere propuestas integrales. De otra forma, no pasaremos de penosos derramamientos de sangre sin resultados reales y sin alternativas de empleo y desarrollo alternativo o formalizado para cientos de miles.
Según el informe “Minería Aurífera en Madre de Dios y contaminación con el mercurio: una bomba de tiempo”, allí la minería aurífera se ha expandido rápidamente por el incremento del precio del oro. Las poblaciones más vulnerables son las nativas por su consumo de peces contaminados por relaves con mercurio: tienen en la sangre 24 veces lo establecido como límite máximo por la OMS. Por 1 kg de oro se utilizan en el proceso 2,4 kg de mercurio. Y la destrucción al bosque ha sido de 32.000 hectáreas.
Entre los impactos económicos se estima que por la minería informal el Estado dejó de percibir en el 2009 una recaudación de US$ 49 millones solo para el caso de Madre de Dios. Pero, a decir verdad, no vemos una salida integral, de formalización o traspaso a otros sectores de los involucrados. El Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal, sistematizado por USAID, es muy limitado, no atribuye funciones específicas ni estrategias especializadas para solucionar la minería informal. Tampoco establece penalidades e ignora a los intermediarios.
Asimismo se señala que la producción de oro artesanal pasó de 11,8 toneladas en 1990 a 22,3 toneladas en el 2005, al mismo tiempo que los previos subieron de US$ 386 a US$ 513 la onza. El mismo plan señala que la producción en el 2008 sobrepasó las 36 toneladas, cuando los precios ese año estaban a solo US$ 870 la onza. El 16/3/12 el precio estaba en US$ 1.655 la onza. Sin embargo, Leopoldo Monzón nos señaló que la producción anual de oro por minería informal es de 25 toneladas (15% de la producción nacional).
