La bancada fujimorista presentó un nuevo proyecto de ley (ver aquí) que busca dar un último plazo a Doe Run Perú (DRP) para que éste cumpla con sus obligaciones ambientales, estipuladas en el Plan Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), antes de iniciar las operaciones del Complejo Metalúrgico La Oroya.

Según la iniciativa parlamentaria, DRP tendría un año para financiar y ejecutar el proyecto “Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre del Complejo Metalúrgico de La Oroya”, de lo contrario no podrá operar en la zona.

El proyecto de ley también establece varias garantías para que DRP cumpla con otros compromisos importantes, entre ellos un fideicomiso de garantía sobre las concesiones y activos de la empresa. Asimismo, indica que la empresa debe desistir de sus demandas y arbitrajes al Estado Peruano para acogerse al beneficio.

Este nuevo proyecto -el segundo realizado especialmente para el caso Doe Run en los últimos meses- lleva las firmas de los congresistas Rolando Reátegui, Héctor Becerril, Pedro Spadaro, Alejandro Aguinaga, Octavio Salazar, Ramón Kobashigawa, Víctor Grandez y Aldo Bardales.

Al respecto, el abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), César Ipenza, indicó que la iniciativa fujimorista “es interesante, pero debemos estar alertas para no permitir que entre de contrabando algún artículo posterior que nos sorprenda”.

El especialista también opinó que el Congreso debe “dejar de regular o emitir leyes para casos concretos o con nombre y apellido” porque la “ley debe ser igual para todos”.

Cabe recordar que el anterior proyecto de ley sobre DRP, presentado por el congresista Casio Huaire (Alianza Parlamentaria), buscaba ampliar el PAMA del complejo metalúrgico por tercera vez, lo cual originó numerosos cuestionamientos de asociaciones civiles y de los mismos congresistas.

Luego de que los legisladores, que inicialmente apoyaron la iniciativa parlamentaria, retiraron sus firmas del proyecto de ley, la Comisión de Energía y Minas del Congreso decidió su archivamiento.

“El Proyecto de Ley de Casio Huaire fue una carta abierta para contaminar el ambiente en la Oroya porque buscaba un nuevo plazo para el PAMA a pesar de que Doe Run demandó al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por 800 millones de dólares”, señaló al respecto César Ipenza.

Ver proyecto de ley de la bancada fujimorista:

PL00923210312

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Foto: Ideele