El último informe de la Defensoría del Pueblo reveló que entre enero del 2006 y setiembre del 2011 se registraron 195 muertos y 2 312 heridos entre manifestantes y fuerzas del orden, producto de los actos violentos durante los conflictos sociales en el país.

La Defensoría señaló en el documento, publicado ayer 28 de marzo, que al terminar la investigación, las muertes por conflictos no se han detenido:

En diciembre del año 2011, falleció una persona durante las manifestaciones contra la ampliación del penal de Cañete; hace unas semanas fallecieron tres personas en Puerto Maldonado, durante las manifestaciones de los mineros informales y, el día de ayer, dos personas más perdieron la vida en Sechura, Piura, debido a los enfrentamientos generados por la oposición a un proyecto de gas.

Por otro lado, la Defensoría analizó el comportamiento de los actores sociales y llamó a que estos ejerzan su derechos de reunión y manifestación "dentro del marco constitucional", sin tener que recurrir a "actos ilegales que afecten los derechos fundamentales de las personas y de la comunidad".

Asimismo, recomendó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú (PNP) el abastecimiento adecuado de las Unidades de Servicios Especiales (USE) de la PNP con equipos no letales para su uso en posibles enfrentamientos futuros.