El Gobierno central acaba de publicar el Reglamento de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas. Sin embargo, el proceso para elaborar el Reglamento NO se realizó mediante un diálogo intercultural. Todo lo contrario, fue una negociación desigual entre 18 viceministerios y solo dos organizaciones indígenas.

Desde un inicio las organizaciones plantearon modificar la Ley de Consulta, antes de crear el reglamento. Sin embargo, los funcionarios no rechazaron la propuesta, provocando que varias organizaciones indígenas abandonaran la negociación con el Estado. Esto le ha quitado legitimidad al proceso y al reglamento mismo.

Pero ¿cuál fue el momento más difícil de la negociación? Cuando los funcionarios propusieron que la consulta debe realizarse luego de que el Estado otorgue la concesión. Es decir, realizar la consulta sobre si se emprenden o no las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales.

Muy por el contrario, las organizaciones indígenas plantean que la consulta debe realizarse antes de otorgar cualquier concesión. Para el gobierno de Humala, la concesión no debe ser consultada. Así contradice lo que establece el mismo Convenio 169 de la OIT: que los gobiernos deberán consultar a los pueblos indígenas ANTES de autorizar cualquier de explotación.

El gobierno parece olvidar que casi todos los conflictos socioambientales que se viven en el país, tienen un punto de partida: el otorgamiento de una concesión minera. ¿Se debe cambiar y pulir el reglamento o la misma Ley de Consulta? El gobierno de Humala y también las organizaciones indígenas deberían demostrar que están dispuestos a realizar ─ahora sí─ un verdadero diálogo intercultural.

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