Al cumplirse 20 años del golpe de Estado del 5 de abril, las organizaciones feministas DEMUS- Estudio para la defensa de los derechos de la mujer, Movimiento Manuela Ramos, Católicas por el Derecho a Decidir – Perú, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan, PROMSEX y CLADEM- Perú, exigimos justicia y reparación para aquellas que fueron esterilizadas forzadamente en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, implementado por el ex Presidente Alberto Fujimori y sus ex ministros de salud: Alejandro Aguinaga (hoy congresista de Fuerza 2011), Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta.

La justicia en peligro

El pasado 21 de octubre, la Fiscalía de la Nación reabrió el proceso de investigación que involucra a los tres ex ministros de salud, afirmando que el archivamiento de las denuncias en el año 2010, no tomó en cuenta que se trataba de una violación a los derechos humanos y no analizó la participación de cada uno de los implicados.

Pese a esta decisión, la falta de voluntad de las autoridades del Ministerio Público y la presión que reciben de grupos políticos constituyen un riesgo para que las miles de mujeres víctimas, en su mayoría campesinas, indígenas y  en situación de pobreza, logren justicia.

Este mega proceso que ya cuenta con 62 tomos e involucra por lo menos a 2074 mujeres de diferentes regiones del país, no ha sido dotado de los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios para que la Primera Fiscalía Supranacional los enfrente adecuadamente.

Situación que se agrava si se considera que el actual congresista y directamente implicado Alejandro Aguinaga conjuntamente con congresistas fujimoristas, apristas y de la Alianza por el Gran Cambio, remitieron una carta solicitando información sobre el caso al Procurador Supranacional de Derechos Humanos.  Según información del Ministerio Público, el mencionado congresista también ha cuestionando que se reabra la investigación como consta en una carta que se encuentra en poder del Coordinador de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales.

Por ello, exigimos al Ministerio Público actuar con independencia en la investigación del caso, dotar de recursos económicos, humanos y técnicos a la fiscalía a cargo, y contribuir a la adecuada sanción de los responsables de esta política estatal que vulneró los derechos de las mujeres.

El gobierno de Ollanta Humala no repara a las víctimas

Pese a que el Presidente Ollanta Humala se pronunció sobre las esterilizaciones forzadas durante la última campaña electoral, promoviendo el derecho a la justicia de las agraviadas y posicionando el tema como una grave violación a los derechos humanos de las mujeres, para las mujeres afectadas. Salvo la decisión del año 2006, poco difundida, de reconocer su inclusión en el Seguro Integral de Salud, las mujeres no han recibido reparación alguna desde el Estado y estos crímenes siguen en la impunidad.

Por ello, exigimos al Presidente Humala que se implemente de manera urgente una política integral de reparaciones, para lo cual es necesario instalar una Comisión Multisectorial encargada de su ejecución y supervisión. Las mujeres no solo deben recibir reparaciones en salud, sino también reparaciones en educación, económicas, simbólicas y comunitarias.

Nunca más el cuerpo de las mujeres usado para el control de la natalidad y la pobreza.

NUNCA MÁS una mujer esterilizada sin su consentimiento.

NO más vulneración a la autonomía y cuerpo de las mujeres

JUSTICIA Y REPARACIÓN ¡AHORA!

Ingrese al video Youtube: “Justicia pendiente – esterilizaciones forzadas Perú”