Según una investigación del antropólogo Carlos Cornejo en el año 2007, el 98% de la madera extraída del país es producto de la tala ilegal, y diversos informes estatales señalan que cerca del 90% de la madera que se vende en Loreto es también ilícita.

Abel Benítez, director del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y Fauna Silvestre de Loreto, declara: “Todo el modelo forestal que se implementó en el Perú se basó en la ilegalidad y la corrupción. Debemos revisar el informe de la Defensoría del Pueblo del 2010, que dice que 90% de madera que salió de Loreto es ilegal y que el 80% de funcionarios públicos que deberían controlar ese fenómeno tiene problemas de corrupción. Trágico pero real".

Benítez cuenta que incluso a él mismo le ofrecieron una vez 300 mil soles para dejar pasar un cargamento de madera ilegal.

La extracción ilegal de madera se asemeja a las actividades ilícitas como el narcotráfico o la minería informal. La manejan mafias poderosas, blindadas por una red de de funcionarios públicos corruptos. Como en los demás casos, la policía solo llega a los eslabones más débiles de la cadena, pero de capturas de 'capos' de estas organizaciones, prácticamente no hay registro alguno.

Actualmente muchas comunidades indígenas participan de la destrucción de su propio hábitat sin siquiera saberlo. Deben hacer convenios con empresas que tienen los recursos que ellos no para explotar sus propios recursos. Casi como en la época del boom del caucho, los contratos son injustos e irregulares, y por lo general las comunidades terminan endeudadas con la compañía explotadora.

"No son caucheros: son madereros, taladores inclementes. No son termitas, pero cómo se les parecen". Según Benítez, es el caso de la comunidad Cusco, en la cuenca del Yanayaku. Firmaron un contrato con el empresario Joel Campos, y ahora tienen una deuda astronómica con el estado que no tienen idea de cómo pagar.

"Los moradores, en acuerdo comunal, solicitamos al gobierno un permiso para extraer madera. Como no teníamos recursos económicos, empezamos a trabajar con las empresas. Al cuarto año la empresa nos manda un consultor que hizo un mal informe. Nosotros no teníamos la cantidad de cedro que decía el permiso, pero el señor Joel dijo: ‘Si no tienen esa madera, no importa’. Entonces él movilizó su tala ilegal con nuestro permiso. Ahora el Estado nos ha sancionado y tenemos una multa de 20,000 soles", cuenta Ángel Yaicate, uno de sus miembros.

Como este hay centenares de casos, sino miles. El aprovechamiento y la explotación de las comunidades indígenas sigue siendo brutal y salvaje. Legislar sobre la tala no es tan complicado, pero el gran reto consiste en controlar la ambición humana.

Información de Ideele. Resumen de Sophimanía

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