Argentina revive debate sobre políticas energéticas
Las noticias que nos llegan sobre la amenaza del gobierno de Cristina Kirchner de nacionalizar YPF, la filial argentina de Repsol, controlada por la multinacional española, nos muestran solo un lado de la moneda. Aquel donde aparece un gobierno urgido de caja que quiere echarle mano a una empresa que posee alta liquidez y que ha llegado a tener una capitalización bursátil que llegó al orden de 16 billones de dólares, aunque ahora no alcanza los 9 billones de dólares. Aparejado a ella viene la protesta en tono amenazador que lanza desde Madrid, el derechista gobierno del Partido Popular, a través de sus halcones, un ucase agresivo: “absténganse en su pretensión o se convertirán en unos apestados”.
Sobre las motivaciones de esta posible audaz decisión, existe un amplio margen para la conjetura. La esgrimida por los afectados es válida, pero también lo es, que la inversión ha sido magra en términos relativos. Aunque en este terreno se argumentará que el control de precios de los combustibles, no ha sido una buena señal para apostar en nuevos emprendimientos, sobre todo los exploratorios, lo que también es cierto.
Pero tampoco podemos obnubilarnos y dejar de ver el lado no mostrado de la moneda, donde trae una gran interrogante: ¿se puede conseguir una política energética favorable al país con un control privado? Este es el punto sobre el que los zahoríes llevarán el debate, primero en el país de La Plata, para luego extenderse en todos los lugares donde el estado cedió posiciones en la década de los años 90 a las corporaciones privadas; dentro de las que se incluye nuestro país.
Los que tienen aversión al estado, para responder aludirán los casos exitosos de Petrobras en Brasil y Ecopetrol en Colombia, lo que no es una argumentación correcta. En ellas hay participación de capital no estatal, prácticas de buen gobierno corporativo propias de la administración privada, pero el control es estatal.
No hay convergencia alguna entre la avidez de ganancia privada y satisfacción de las justas expectativas estatales. Demostración palmaria está en el Perú, con la operación de los yacimientos de gas natural y exportación del mismo en condiciones onerosas para el país, con inequidades indignantes, como tener precios locales mucho mayores que los que se utilizan para exportar. No solo se trata de destinar reservas para el mercado interno, como ha pretendido vender a la opinión pública Ollanta Humala, como un gran logro, hay muchas más variables en juego.
Señores del gobierno para salvar el honor, no se les vaya a ocurrir decir que la construcción del gasoducto del sur, muestra la firmeza y la política de seguridad energética de largo plazo, pues no es cierto, el único favorecido será el concesionario que hará la obra a precios discutibles, sin que nadie se los repare.
Más allá de preferencias peninsulares y animosidades gauchas, lo que está ocurriendo en la Argentina, llevará inexorablemente a la reflexión y debate, a pesar que más de un simplón diga que solo se trata de un acto arbitrario de un gobierno autoritario.
