Por Carlos Flores Lizana

Una de las instituciones en la que los peruanos más confiamos es la Iglesia católica y sus autoridades. Este hecho, sin embargo, tiene que ser revisado ante la experiencia histórica de los últimos treinta años, ya que esta confianza se ha visto resquebrajada por varios hechos y personas responsables de la conducción de esta institución.

Aunque el tema es complejo tenemos que revisarlo de manera objetiva y honesta, siendo  o no miembros de la misma. Desde este punto de vista, es importante revisar el papel que desempeñaron los capellanes castrenses en los distintos momentos que hemos vivido a partir de 1980, año en que Sendero Luminoso declaró la guerra al Estado peruano y a la sociedad peruana en general.

Escribir sobre los capellanes castrenses es un punto clave también para la historia de nuestro país. Por mi experiencia sé que ellos fueron parte del actuar de las Fuerzas Armadas y de su manera de luchar contra el terrorismo, sobre todo en los departamentos declarados en estado de emergencia. Como parte de la institución castrense les quedaba muy poco margen para la crítica, menos aún para la disidencia o el cuestionamiento desde su fe cristiana.

No conozco estudio especial sobre este tema en el Perú a diferencia de Argentina y otros países donde se dieron participaciones semejantes. En ese sentido, la justicia argentina después de muchos años ha logrado castigar ejemplarmente a capellanes que participaron y ocultaron de manera sistemática la tortura y el crimen perpetrado por agentes del Estado y militares en esos años. Felizmente hay ya casos emblemáticos de esta justicia que llega aunque sea tarde.

Lo que los ciudadanos y los miembros de la Iglesia católica tienen que saber es que el Estado peruano asigna sueldos y grados militares a los obispos castrenses y a los capellanes de las Fuerzas Armadas y Policiales. Esto significa que ellos son parte de la institución y que están sujetos a las órdenes de sus autoridades militares. Por lo tanto, hay capellanes para la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía. En muchas escuelas de formación castrense hay sacerdotes y religiosos que colaboran voluntariamente y otras veces recibiendo sueldo en la formación humana y cristiana de los cadetes y miembros militares. Yo mismo fui docente voluntario en la FAP en 1970 y en una escuela de formación de subalternos de la PNP y por eso conozco el tema y la problemática. Es importante recordar que por muchos años el obispo castrense a nivel nacional fue monseñor Alcides Mendoza Castro, natural de Huancavelica y miembro del clero secular, persona que podría ser investigada y juzgada por su participación en esta política de ocultamiento y represión indiscriminada impulsada por los gobiernos de Fernando Belaunde, Alan García y Alberto Fujimori. Los otros obispos fueron Enrique Pelach, Emilio Vallebuona y Salvador Piñeiro, este último en ejercicio pleno.

En los años en los que viví en Ayacucho (1988-1991) apenas llegado a la ciudad tuve contacto con una testigo directa de la muerte del sacerdote Víctor Acuña, que fue asesinado en 1987 al terminar una misa en la Parroquia de La Magdalena. Recibí de manera directa la narración de cómo fue este crimen ya que la jovencita era una de las asistentes a dicha misa. Posteriormente, pude ver el volante de Sendero Luminoso donde, en efecto, era amenazado de muerte dicho sacerdote junto con el señor obispo Richter Prada. Los motivos escritos en el volante indicaban: Ser capellán de la policía por muchos años, aprovecharse de la leche de Caritas que debía darse a las madres pobres de dicha ciudad, pero que terminaba en casa de un familiar muy cercano de él. Así, la causa de la amenaza al señor obispo era tener, según ellos, responsabilidad en el robo de la custodia de la catedral de Ayacucho, entre otros motivos.

Como puede entenderse, aunque no justificarse, Sendero consideraba causa de muerte ser capellán de las Fuerzas Armadas y Policiales. La visita de los capellanes a las bases militares y comandancias policiales, eran constantes para cumplir con sus tareas pastorales, cosa que estaba muy bien. Sin embargo, es de cuestionar que no dijeran respecto a lo que pasaba y a los hechos por los que eran acusados los militares y policías: masacres, desapariciones forzadas y muchas otras atrocidades.

Otro dato que merece conocerse y recordarse es cuando el Papa Juan Pablo II llegó al aeropuerto de Ayacucho en su visita pastoral al Perú, pero no se le permitió que tuviera contacto con los familiares de los detenidos y desaparecidos que ya estaban reclamando en esos años. Yo fui testigo de esto junto a Mama Angélica y las madres y mujeres de ANFASEP.

No conozco pronunciamiento alguno de los obispos y capellanes respecto a su participación en el conflicto armado, sobre todo de la Marina que ha sido señalada como el cuerpo militar más cruel que estuvo encargado de la provincia de Huanta y la selva ayacuchana durante varios años. Ya es hora que, como el mismo Papa pidiera perdón a las víctimas sobre todo de origen judío de la segunda guerra mundial, así como por los abusos sexuales contra niños y niñas, lo hagan a los familiares que han sobrevivido a las atrocidades cometidas por malos elementos dentro de las Fuerzas Armadas y Policiales, sabiendo que no fueron errores o temas individuales, sino, como se está descubriendo, órdenes y estrategias pensadas e implementadas de manera  institucional.

Los Obispos Ritcher y Cipriani

El famoso Concordato entre el Estado peruano y la Santa Sede podría ser la  explicación -en parte- a este silencio nada santo. La relación entre el comando político militar de esos años y el obispo Richter era evidente ya que era hermano del general, quien fuera Comandante General del Ejército en 1980. También era clara la posición del prelado respecto a la protección que tenía del Ejército para los equipos pastorales que venían en apoyo y que fueron organizados desde la Conferencia Nacional de Religiosos (CONFER).  El mismo obispo Richter se movilizaba en los helicópteros y carros del Ejército para sus visitas pastorales a los pueblos y comunidades. Finalmente, Richter no dejó entrar a los representantes de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y evitó que tuviera una oficina en la arquidiócesis de Ayacucho. La posición se mantuvo cuando fue remplazado por Monseñor Juan Luis Cipriani.

Monseñor Federico Richter Prada, entonces Arzobispo de Ayacucho, recibiendo al Papa Juan Pablo II.

Otra información importante es saber que, monseñor Cipriani pasó de crítico de la candidatura de Alberto Fujimori en 1990 a ser el Presidente del Comité Regional de Reconstrucción de Ayacucho en 1991, apoyando desde entonces la política antisubversiva del mencionado presidente hoy preso. Cuando en 1989 llegó monseñor Cipriani a la ciudad de Huamanga como obispo auxiliar su casa era la más protegida de la ciudad por parte de los soldados. No permitió que le trajeran casos de personas que reclamaban por sus derechos  y que hubieran sido víctimas de algún miembro de las fuerzas del orden. Así, los capellanes y las Fuerzas Armadas tuvieron un aliado incondicional. Lo mismo se puede decir de su silencio frente a las esterilizaciones forzadas impulsadas por Fujimori y sus partidarios y que hoy nuevamente están siendo revisadas.

Estos hechos históricos gravísimos fueron tratados de distinta manera en las jurisdicciones eclesiales del llamado sur andino. Prueba de ello, es el juicio que la CVR dio sobre ellos respecto a la manera de responder frente a la violencia y el respeto de los derechos humanos.

Creemos que no habrá reconciliación verdadera sin verdad y sin justicia. El camino de la paz empieza con la apertura sin condiciones a la verdad. Ya dice con nitidez absoluta la Palabra de Dios “el que obra mal odia la luz, porque ella muestra que sus obras no han sido según Dios, en cambio el que obra bien ama la luz”. Y aunque esto es lo fundamental, también está en juego el derecho y la justicia de todos los que sufrieron las consecuencias de la acción de una parte de la iglesia que no estuvo a la altura de las circunstancias y por el contrario se hizo cómplice directo e indirecto de violaciones sistemáticas a los derechos de las personas.

Para terminar, las víctimas en su mayoría fueron profesaban la fe católica o cristiana. Por ello, ¿no creen que en muchos casos esto puso en crisis absoluta la fe y la pertenencia a una Iglesia que se comportó así con sus propios miembros?  ¿Cómo no va quedar mellada gravemente la credibilidad de una institución que tuvo miembros connotados en prácticas claramente antievangélicas y por lo tanto, contra los derechos humanos más elementales?

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