La ministra Jara afirmó el pasado 27 de abril, ante un auditorio de fieles evangélicos, que tuvo que dar pase al Protocolo Nacional para la Aplicación del Aborto Terapéutico por “tratar de guardar el equilibrio político”, lamentando que en la política “uno tiene que tratar de guardar el equilibrio en algunas cosas que a veces, un hermano en Cristo no lo entenderá, hay que acceder”.

Queremos recordarle a la señora Ministra que, la aprobación de este protocolo, responde a razones de justicia, derechos humanos, salud pública y de no discriminación. Así mismo, enfatizamos que el aborto terapéutico es legal en nuestro país y el mencionado protocolo brindará a las mujeres un marco de garantías para salvaguardar su derecho a la salud.

En el informe del Ministerio de la Mujer ante expertas/os internacionales, que monitorean la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), sobre los avances en temas relacionados a Igualdad de Oportunidad entre Hombres y Mujeres, Trata de Niños, Niñas y Adolescentes, Derechos de las Personas con Discapacidad, Violencia de género, Derechos de las personas Lesbianas, Trans y Gays, entre otros; el Estado se ha comprometido a continuar disminuyendo las brechas de igualdad de oportunidades; por lo tanto está en la obligación de diseñar, implementar y generar políticas públicas para lograrlo.

La aprobación del Protocolo Nacional para el aborto Terapéutico, es una de ellas, por lo tanto debe evitarse pronunciamientos sesgados que no mantienen coherencia con lo expresado en el plano internacional y no contribuyen a generar conciencia social sobre la importancia de la norma.

Esperamos que, en el marco de un Estado laico, se eviten pronunciamientos que confunden la política y las políticas públicas con la religión, y se promuevan los principios democráticos que esperamos se mantengan en el país; en este sentido, exigimos la renuncia de la ministra en el cargo porque al no garantizar la defensa de los derechos de las mujeres como un asunto de derechos humanos y ciudadanía, abona a la crisis de gobernabilidad democrática que enfrenta el actual gabinete.

Lima, 15 de mayo del 2012