Una investigación de Perú21 reveló las irregularidades en la investigación y en el trámite tras la cuestionada orden de detención contra la editora de Economía del mismo medio, Gina Sandoval Cervantes, por el proceso abierto de Rudy Palma.

Según la resolución firmada por la jueza suplente Delia Graciela Flores, la orden de detención contra la periodista se basa en “su actitud de no acudir a la citación policial (…) lo que haces prever que trataría de eludir la acción de la justicia”. Quien declaró a la prensa sobre el caso fue el fiscal provincial William Montes Malpartida, y señaló que la citación fue recibida por la hermana de Sandoval en su domicilio legal.

Sin embargo, Perú21 indicó que el documento policial firmado por el comandante PNP Luis Eduardo Lazo Fernández y por el mayor Juan Pozo del Castillo, si bien consigna la dirección real de la periodista, fue recibido por una tal Rosario Sandoval Gonzales, persona que dentro del registro civil no existe; el DNI consignado le pertenece a Humberto Juan Zurita Ramos, documento que ha sido dado de baja por fallecimiento.

“Es decir, si el único argumento para justificar la orden de detención de Sandoval es su inasistencia a una supuesta citación, el hecho de que esta no se haya entregado y que, además, sea fraudulenta, trae por tierra las arbitrarias imputaciones contra nuestra editora de Economía”, indica la investigación.

Por su lado, el comandante Lazo, policía que firmó el documento, se negó a identificar al subalterno que fue a entregar el mismo. “Yo no acepto ninguna responsabilidad”, declaró. Asimismo, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat), que emitió la notificación, tampoco se ha hecho responsable.

Beneficios a cambio

Perú21 mencionó que fuentes policiales manifestaron que durante el tiempo que duró la investigación a Rudy Palma –detenido por haber ingresado a los correos electrónicos de algunos funcionarios- el ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva, acudió dos veces a la sede policial para exigir que se mantuviera la detención a Palma y se ordenara una medida similar para otras personas, como Sandoval.

No obstante, en el programa Tribuna Abierta, el asesor legal del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereyra, declaró que Palma ha sido presionado para que involucre a más personas a cambio de beneficios penitenciarios.

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