Gobierno regional informa sobre pasivos ambientales de Bear Creek, MINSUR, Altiplano y Sillustani en Puno
Por: Ruth Ccopari
El 2006 el Ministerio de Energía y Minas publicó la existencia de 523 pasivos ambientales mineros en la región Puno. El hecho generó preocupación respecto a la problemática social y ambiental de la región. En marzo del 2012 se conformó el Comité de Gestión de Pasivos Ambientales de la región Puno, con la finalidad de promover la remediación e impulsar el cumplimiento de sus obligaciones de aquellas empresas mineras contaminantes.
En un primer reporte, el Gerente Regional de Recursos Naturales, Roger Cahua Villasante, señaló que los pasivos ambientales más críticos son provocados por las reconocidas empresas mineras Bear Creek Mining Company (Corani), MINSUR, Altiplano (de propiedad del ex congresistas Tomas Cenzano) y Sillustani S.A. (Quilcapunco), siendo esta última la que generó serios conflictos sociales por la contaminación en la zona de Condoraque. El caso llegó incluso a ser denunciado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Según señaló Cahua la mayoría de estos pasivos ambientales han sido generados por labores mineras que datan de más de 40 años atrás, por lo que hay un número considerable de contaminantes que ya no existen o han sido declarados insolventes. “Hay pasivos ambientales huérfanos cuyos responsables no pueden ser identificados por lo que deberán ser asumidos por el Estado de acuerdo a ley, de igual forma hay otros pasivos transferidos”.
Finalmente dijo que una vez identificados los pasivos ambientales, será competencia del Ministerio de Energía y Minas caracterizarlos, y ver en qué medida se está afectando al suelo y al agua. Posteriormente debería pedirse a las empresas para que cumplan con su responsabilidad de remediar dichos pasivos ambientales.
Pedro Camacho, coordinador de la Mesa Temática de Medio Ambiental – MCLCP refirió que las empresas mineras deben de remediar estos daños voluntariamente. “No puede ser que MINSUR siendo el cuarto poder económico a nivel nacional, actúe de manera tan irresponsable frente a la sociedad y al medio ambiente, y nadie haga nada para obligarlos a cumplir sus obligaciones”. Añadió que la responsabilidad social no sólo es de las empresas mineras sino también del Estado por no hacer cumplir las normas medioambientales. “Si el Estado hasta ahora no puede hacer cumplir estas normas, es porque hay corrupción”, refirió.
Opina la Defensoría del Pueblo
Luz Herquinio Alarcón, jefa de la Oficina Defensorial de Puno, dijo que el Estado debe preocuparse por cerrar esos pasivos, porque generan problemas de desconfianza. “La gente tiene la idea que los nuevos proyectos mineros actuarán de la misma manera, por eso se generan los conflictos. Me preocupa que en muchos lugares existan pasivos ambientales, pero la población no dice nada, por lo menos en la Defensoría del Pueblo no tenemos quejas de la gente, salvo el caso de Condoraque. En ese sentido, nose sabe quién debería fiscalizar, quiénes son los afectados, qué comunidades, de modo que falta todavía coordinar mayor trabajo sobre este tema”.
Minería informal en al mira
Según informó la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, desde el 2008 hasta la fecha se han tramitado más de mil denuncias en la región Puno, por contaminación ambiental y labores de minería. Las personas denunciadas proceden de las zonas de Sandia, Ananea, La Rinconada, Pampa Blanca, Vizcachani, Chaquimina, Anccocala, Huacchani y de la cuenca del río Ramis. La mayoría de los casos fueron judicializados, y un promedio de 8 infractores ya cuentan con sentencia judicial por los casos de tráfico ilegal de residuos peligrosos y transporte de relaves mineros.
