Entre la sartén y las brasas

A ratos parecería que el gobierno de Ollanta Humala se encuentra atrapado entre dos fuegos. Tironeado entre la necesidad nacional de promover y ampliar la inversión minera, de un lado, y la exigencia de la población y de las comunidades campesinas de ser consultados y de participar, por el otro. Tensión que suele explotar en conflictos y en protestas sociales que muchas veces rebasan las capacidades gubernamentales. En el medio, la autoridad gubernamental. Con su popularidad bajando, y no sólo en las zonas de conflicto sino en todo el país. Esta situación suscita tres reflexiones.

Primera, que esta tensión se vive, de manera muy parecida, en otros 14 países de América Latina, como lo revelan estudios recientes. ¿Mal de muchos, consuelo de tontos? No, problema extendido que requiere análisis más fino para que este fenómeno no acabe arrastrando a los gobiernos en caída libre. Algo está pasando que obras de inversión hidroeléctrica en Chile o Brasil, o minera en Perú, Ecuador o Guatemala, y así en muchos países, acaban poniendo a losgobiernos contra las cuerdas por  movimientos sociales en las “zonas de influencia”.

Segunda, que por lo general se hacen análisis simplistas de estos procesos complejos lo que lleva a graves errores de manejo. Es equivocado explicar esta tensión entre inversión vs. demandas de la población por la prédica de  omnipresentes y todopoderosos “agitadores”. Hay quienes promueven conflictos queriendo “pescar a río revuelto”, no hay la menor duda. Pero que, de pronto, tengan “mágicamente” la fuerza de alterar la tranquilidad, simultáneamente, en 15 países hay una gran distancia. Lo crucial es detectar las condiciones objetivas que facilitan y propician la conflictividad. Esquemáticamente la situación se condensa en el siguiente silogismo lógico: enormes inversiones + expectativas ciudadanas + nueva percepción de la ciudadanía de sus propios derechos a participar = demanda social. Que si no se maneja bien, estalla en conflictos que pueden hacer volar por los aires proyectos de inversión.

Tercera, la mayor parte de gobiernos –y no sólo el peruano– parecerían rebasados por tensiones como ésta que no aciertan a procesar con herramientas que permitan llegar a buen puerto. La aspiración de consulta y de participación suele ser percibida por muchos actores gubernamentales como una “anomalía” o un incordio circunstancial a soportar. Pero hay resistencia a entender que ese tipo de percepción y demanda social ha llegado para quedarse en el actual contexto de democratización latinoamericana. No entenderlo lleva a asumir que con estados de emergencia o “mesas de diálogo” post factum se resuelve la situación.

El hecho objetivo es que las expectativas y demandas sociales están conectadas a obligaciones internacionales de los Estados en materia de consulta previa y, en general, de procesos participativos.

Frente a eso, los Estados no pueden seguir arrastrando los pies. Así como los gobiernos desempeñan, por ejemplo, un papel activo en diseñar los procesos electorales o en impulsar sus sistemas tributarios, el Estado no puede seguir apareciendo como “arrinconado”. Más bien, debe estar encabezando y conduciendo –oportunamente, además– estos procesos de participación que no se reducen a la consulta (que no es igual “veto”). Esta no es tarea de las empresas. Es responsabilidad del Estado, que al guardar su propio perfil aparecerá más legítimo ante los ojos de la población.

El andamiaje institucional de los gobiernos suele quedar rápidamente superado. La clave es entender que en estos tiempos –guste o no guste– las condiciones para otorgar concesiones de exploración o explotación de recursos naturales o de inversión en obras hidroeléctricas en tierras o territorios de pueblos indígenas, son sustancialmente distintas a las del pasado. Si no se entiende eso, no se entenderá nada. Y se seguirá poniendo en peligro, con ello, a importantes proyectos de inversión y a la propia viabilidad de los gobiernos. Sí se puede salir de la incómoda posición de estar entre la sartén y las brasas: con la mano firme en el timón pero con políticas públicas “aggiornadas”.