(Tumbes) De un tiempo a esta parte, la Corte Superior de Justicia de Tumbes, se ha convertido en un apetecible distrito judicial, para resolver procesos perdidos en otras cortes del país, lo que ha generado que  el alcalde provincial de Chepén, Wilfredo Quesquén Terrones, interponga una acción de amparo para dejar sin efecto la sentencia que lo inhabilita por un año de la función pública y sentencia a cuatro años de prisión provisional por el delito de colusión y peculado.

La autoridad edil, recurre a la corte norteña para impedir que el Jurado Nacional de Elecciones lo desacredite como autoridad, tras ser hallado culpable de realizar  pagos adelantados por más de 500 mil soles, a la empresa Jorsa, encargada de la construcción del mercado La Parada que nunca se edificó.

De esta manera, Quesquén Terrones, expone como pretexto trasladar la acción judicial desde Trujillo a Tumbes, bajo el  discutido  argumento de su domicilio, el cual estaría ubicado en la primera etapa de la urbanización José Lisnher Tudela, en la calle Los Topacios Mz. E-Lote 16 del sector Andrés Araujo Morán y fija como residencia procesal la avenida Tumbes 112, oficina 03 de la misma ciudad fronteriza.

Para desvirtuar su residencia en la ciudad de Chepén, donde ejerce el cargo de la mayor autoridad local, indica que su estadía en la tierra donde gobierna es de “tránsito”.

Otro caso

Por un motivo similar,  la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)  del Poder Judicial, propuso la destitución del actual Presidente de la Corte Superior de Tumbes, Luis Finlay Salvador  Gómez, debido a su interferencia en un proceso iniciado en la Corte de Huaura.

En este caso, el informe de la OCMA, fechado el 28 de junio de este año,  señala que la máxima autoridad judicial de Tumbes, habría incurrido en inconducta funcional al solicitar a magistrados de la Sala de Apelaciones de Tumbes, absolver a favor una demanda por Hábeas Corpus en contra de los jueces de Huara, debido a que  el patrocinador del proceso, Luis Salvador Otiniano, es  hijo del Presidente de la corte.

La denuncia fue interpuesta por la Presidenta de la Sala de Apelaciones Sonia Bienvenida Torre Muñoz y la magistrada Mirtha Elena Pacheco Villavicencio.

En este proceso de  investigación, también  se  propone   suspender por cuatro meses al magistrado Pedro Miguel Faya Salas, en su actuación como Juez Superior de la Sala Penal de Apelaciones, al estar inmiscuido en el presunto acto de inconducta funcional.

Esta es una clara muestra de las probabilidades que podría tener un litigante en Tumbes, para verse beneficiado con un proceso judicial fuera de su jurisdicción, debido a los cuestionables fallos que se dictan en esta ciudad.