Obispos, diálogo y autoridad

No es sólo el Perú. Problemática similar hay en otra docena de países latinoamericanos. En todos lados el manejo de los conflictos sobre inversión y medio ambiente se le escapa de las manos a los gobiernos. Y, por default, la Iglesia entra a tallar. El impacto social y ambiental de la minería en Colombia, por ejemplo, acaba de ser el tema de la Asamblea de Obispos colombianos que termina hoy en Bogotá.

Como ya lo he recordado en esta misma sección (LR, 22/6/2012), la tensión población/inversión minera, se vive al menos en otros 14 países de América Latina. Puede haber agitadores que promueven el conflicto, pero una de las condiciones objetivas que permiten que haya “tierra fértil” es la debilidad del liderazgo estatal. Que es esencial para poder prevenir los conflictos, primero, y para procesarlos, después, si es que llegan a estallar.

Este no es un asunto tecnocrático o de afinar organigramas sino político y jurídico. Las iglesias pueden jugar, por cierto, un papel coadyuvante y de mediación cuando la conflictividad rebasa todo, como el que auspiciosamente están desempeñando monseñor Cabrejos y el padre Garatea en Cajamarca. Sus gestiones ayudarán a bajar la temperatura. Pero, como ellos mismos lo han recordado, la responsabilidad central es del Estado.

La cuestión, sin embargo, va más allá de cómo se manejan situaciones de crisis como las de Conga o Espinar. Tiene que ver, en general, en cómo se conduce el proceso social para viabilizar, con licencia social, los proyectos de inversión. Eso no es cuestión de comisiones cuando ya se tiene la soga al cuello, sino de liderazgo de la autoridad en todo el proceso social.

Es ya un lugar común que tiene que haber diálogos o consultas con la población. Es, por lo demás, una obligación del Estado escrita en los tratados internacionales y en la ley. Pero hay que ir más allá de la formalidad e ir a la esencia de esos preceptos que tiene que ver con el papel que se reconoce –o no– a la gente en los procesos de toma de decisiones. Algunas transnacionales ya lo han entendido aunque, por cierto, sobreviven algunos tiranosaurios para los cuales la “licencia social” es una mala palabra. Pero los Estados siguen rezagados, sin entender el ABC de lo que está pasando bajo sus pies.

La aspiración de consulta y de participación de la gente es generalizada y requiere que los Estados no se limiten a “tolerar” prácticas episódicas de consulta y participación. Deben hacerlas propias y asumirlas como parte de sus responsabilidades y políticas así como se convoca a elecciones municipales o regionales. Esto obliga al Estado a organizarse adecuadamente para eso. Nada de esto significa renunciar al ejercicio de la autoridad por el Estado. Por el contrario, la fortalece con legitimidad social.

Por eso, la tan manida “consulta previa” no es un acto aislado sino un proceso al que se encuentra obligado (Convenio 169 de la OIT). Por ejemplo, “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas” o políticas que les conciernan a los pueblos. Nada se agota, pues, en un solo acto sino que demanda toda una institucionalidad del Estado para que éste lidere procesos permanentes y no sea arrinconado por la conflictividad.

La clave es un Estado que ejerza liderazgo poniéndose a la cabeza de los procesos de inclusión. Si asume su papel desde el inicio y a lo largo de todos los procesos de inversión pública y privada que lo requieran, la “consulta previa” –que no es sinónimo de “veto”– podría pasar de ser un “estorbo” o una imposición por quienes protestan, a convertirse en un instrumento central de una estrategia de inclusión social y política. Que es fundamental para la estabilidad y ampliación de las inversiones.

La convocatoria a Cabrejos y Garatea es algo muy bueno pues expresa la decisión gubernamental de superar el entrampamiento al que se había llevado al país. Pero no se trata de seguir apagando llamaradas. Es hora de diseñar y poner en marcha una estrategia que busque, en serio, la estabilidad de las inversiones para lo cual una política pública de inclusión en las decisiones no puede ser omitida.