En los últimos días, ha sido alentador que el nuevo Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza  anuncie que no habrá más muertes en las intervenciones policiales, pues las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el actual régimen han sido realmente graves.

De hecho, ninguna de las promesas cumplidas en el ámbito social durante este año puede opacar el saldo de quince personas muertas por la policía, entre ellos tres menores de edad.  En los últimos seis meses, claramente el gobierno continuó la política de García, enfrentando las manifestaciones sociales mediante el empleo desproporcionado e indiscriminado de armas de fuego.

En los casos de Espinar y Cajamarca, además, hubo de manera generalizada detenciones arbitrarias y tortura y se hizo evidente la intención de neutralizar a los supuestos líderes de los movimientos sociales como Oscar Mollohuanca y Marco Arana.  A esto se añadió que el Poder Ejecutivo logró que el Poder Judicial trasladara a Ica y Lambayeque los procesos judiciales originados por las protestas sociales, en clara afectación del acceso a la justicia y el derecho de defensa.

En ambos casos, se hizo evidente así la parcialidad del gobierno hacia dos empresas privadas, tratando como enemigos del país a quienes rechazaban algunas prácticas de la empresa.   Estas actitudes muestran al gobierno de Humala más dependiente de los grupos de poder económico que sus predecesores.

Ha sido también gravísimo que la Policía Nacional golpeara a una integrante de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca o haya colocado municiones en la camioneta de la Vicaría de Sicuani para incriminar a sus integrantes.  El gobierno ni siquiera ha presentado disculpas o ha sancionado a los responsables, lo cual implica un respaldo indirecto a estos delitos.   De hecho, el propio Presidente Humala ha declarado que las ONGs son las responsables de sembrar el descontento.

Como decíamos, el énfasis en las políticas sociales ha sido muy importante, desde el incremento del salario mínimo hasta la seriedad para el programa Juntos.   Miles de ancianos pobres acceden ahora a la Pensión 65 o el programa especial de salud bucal.  Se está entregando bicicletas a los escolares de las zonas rurales y ha comenzado el sistema de salud fluvial que recorrerá los lugares más apartados de la selva.  En el ámbito de la salud, se están tomando medidas desde el punto de vista de la prevención de enfermedades, como las restricciones a la comida chatarra y se ha incluido al cáncer entre las afecciones cubiertas por el Seguro Integral de Salud.

En el ámbito educativo, destacamos el énfasis a las zonas rurales, a través de las Escuelas Marca Perú, las 1,200 escuelas de los lugares más pobres, que ahora reciben atención integral. Se ha revertido también la desmantelación de la Educación Bilingüe Intercultural por el gobierno de García, reabriéndose los institutos pedagógicos bilingües.   Más de 4,000 jóvenes han recibido la  Beca 18 para sus estudios universitarios.

Debe destacarse el enfoque intercultural, desde el reconocimiento a los aportes culturales afroperuanos hasta la celebración del Año Nuevo Aymara.  El Viceministerio de Interculturalidad ha capacitado al primer grupo de intérpretes en idiomas indígenas, un esfuerzo que se debería replicar en el resto de instituciones públicas.  

En el ámbito de la discriminación, por primera vez las autoridades han conmemorado el Día Mundial contra el Racismo y se busca enfrentar la discriminación a la población afrodescendiente.  Haría falta, sin embargo, un enfoque integral contra el racismo, porque es un problema que no afecta solamente a un grupo social.  Creemos que es urgente realizar una campaña contra todas las formas de discriminación. La aprobación del proyecto de ley contra la discriminación presentado por el Congresista Leonardo Inga tendría en este contexto mucha importancia.

En relación a la población indígena, la Ley de Consulta Previa fue un esfuerzo positivo, opacado por las dificultades de su proceso de reglamentación y varias limitaciones del texto final aprobado.    Igualmente, existen dos proyectos de ley para establecer una adecuada coordinación entre la justicia estatal y la que aplican las comunidades campesinas, las comunidades nativas y las rondas campesinas.  En ambos casos, se dispone que las autoridades comunales no enfrenten casos de homicidio, siguiendo lo que ellas mismas plantean.   Siempre en el ámbito de la justicia, es destacable la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz, que permite promover a los Jueces de Paz, los más eficaces para garantizar la vigencia de los derechos de los habitantes de las zonas rurales.

Probablemente, en los cuatro años que vienen las acciones de promoción social continuarán, enfrentando así las brechas existentes en nuestra sociedad.  Sin embargo, es fundamental que las violaciones a los derechos humanos terminen y sus autores sean adecuadamente sancionados.   Esta es la responsabilidad que tiene el Ministro del Interior y el nuevo gabinete.   De lo contrario, el régimen puede perder legitimidad en amplios sectores de la población y la inestabilidad social se incrementará con consecuencias imprevisibles.