Diana Bernaola

El conflicto Conga sigue poniendo en jaque al gobierno, al punto que la otrora Oficina de Gestión de Conflictos de la PCM ha cambiado de equipo y nombre. Sin embargo, más allá de quién la lidere o de que ahora lleve el nombre de Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), lo más importante es saber cuáles son las ‘nuevas estrategias’ que se plantean para gestionar los conflictos.

No es una novedad que los conflictos sociales se originen en zonas donde se explotan los recursos naturales, como señaló el nuevo titular de la ONDS, Vladimiro Huaroc, en un programa televisivo. Lo sabemos de antemano como también sabemos que el MEM ha fracasado en su doble papel de promotor de inversiones y fiscalizador ambiental; que algunos grupos estatales y privados ven en las movilizaciones sociales una conspiración narco-senderista; que muchos de los líderes en las protestas tiene intereses políticos y/o económicos; que los representantes estatales en las regiones no tienen las competencias ni la capacidad para resolver los conflictos y un largo etcétera.

El problema que nos aqueja, sin embargo, es que no sólo repetimos la misma historia ante cada conflicto, sino que también se repite el mismo discurso para prevenirlos o gestionarlos. Las declaraciones de Víctor Caballero, ex -titular de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la PCM, en agosto de 2011 a RPP Noticias lo demuestran. Hace un año atrás la estrategia planteada para prevenir y afrontar los conflictos se basaba en "establecer equipos que irán a las regiones en las que ya existen varios conflictos", y sobre todo "que estos equipos trabajen directamente con los gobiernos regionales y con las instituciones representativas de estos lugares”.

Maravilloso. Pero, ¿no nos suena conocido? Hoy, un año después, un discurso similar aparece en los medios. Desde el discurso presidencial hasta las declaraciones de varios funcionarios de la PCM. Parecería entonces que sí tenemos la solución a los conflictos sociales pero que no se ejecuta. Si la lógica de la PCM es desconcentrar y descentralizar la gestión de los conflictos sociales en los distintos niveles de gobierno, la pregunta es ¿por qué no lo hacen?

Si revisamos la historia de los conflictos sociales en el país, encontraremos una similitud: Todos  tienen antecedentes previos, solicitudes irresueltas, reclamos desatendidos que datan de varios años. De igual forma, reclamos registrados, en varios casos por la Defensoría del Pueblo e intermediados por un sinnúmero de organizaciones locales que realizan diversas iniciativas para prevenir, monitorear y alertar sobre la aparición de algún conflicto social. Pero todas estas acciones no tienen mucho éxito si no se cuenta con el poder de decisión para resolverlas. ¿Dónde está el Estado en ese momento? Probablemente planificando estrategias. Mientras en las regiones el conflicto se va gestando, y el Estado es informado de ello mediante notificaciones, solicitudes u ordenanzas, en las oficinas estatales los documentos pasan de mano en mano, de funcionario en funcionario, lo más rápido posible, antes de quemarse, como si se pasaran una bomba que estallará en cualquier momento.

Para paliar esta realidadvarias iniciativas regionales se están gestando al interior de los gobiernos regionales. Un ejemplo de esto es la recientemente constituida Oficina Regional de Gestión y Prevención de Conflictos de Ayacucho, pero que tras tres meses de su aprobación aún no cuenta con los recursos humanos y financieros que permita su funcionamiento. En similar situación se encuentra la región Puno donde se está implementando la “Unidad de diálogo y concertación para la promoción de la cultura de paz y manejo constructivo de conflictos” concebida por ordenanza regional.

A la par y como medida para gestionar los conflictos, mientras se consolidan estas oficinas se han creado mesas de resolución de conflictos que congregan a varias instituciones. Así, se evidencia un trabajo conjunto que está dando bastantes frutos al gestionar preventivamente los reclamos de las poblaciones. Esto demuestra que se están consolidando iniciativas regionales aunque parezca que no están siendo tomadas en consideración por el Estado nacional al momento de plantear las estrategias para la gestión de los conflictos.

Estamos dando vueltas en círculo, ejecutando cambios superficiales (como el cambiarle el nombre a la oficina) que mucho no aportan, intentando descubrir la pólvora, ideando programas sofisticados para el recojo y sistematización de los conflictos sociales que afronta el país, cuando lo único que falta es recoger y apoyar el trabajo que vienen realizando año tras año diversas instancias y organizaciones y consolidar una red de trabajo conjunto. Se trata de gestionar el día a día de los problemas en las comunidades. Se trata de ‘estar ahí, resolviendo’. Se trata de que las instancias locales tengan las competencias y capacidades de decisión para velar por sus pobladores.

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